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El síntoma de un país que se encamina irremediablemente a la degradación, es la desintegración de su tejido social. ¿Cómo arriba a este momento?, por la sistemática divulgación de la intolerancia, la polarización política, la escasez de valores, la degradación de sus instituciones, el constante atropello a la legalidad, el desconocimiento de los derechos humanos y la anulación de la ciudadanía. Destruyendo la libertad y la pacífica convivencia para imponer el terror.
Pero lo que principalmente instala la normalización de la violencia en un país, es la pasividad con la que la sociedad, a través de sus organizaciones políticas, cívicas y sindicales, acepta los atropellos al Estado de derecho, la generalización de los actos delictivos y el terrorismo de Estado que habitualmente acontecen.
A estos gravísimos hechos, se suman: la invasión de la propiedad privada, la agresión física y verbal a políticos, legisladores nacionales y departamentales, la intimidación y control de los periodistas y medios de comunicación, y la anulación de toda organización o ciudadano que opine en contra de la política gubernamental.
Para ocultar este panorama de restricciones ciudadanas, los voceros oficialistas, desde el Congreso y el ejecutivo, señalan que la libertad de opinión está en plena vigencia, porque “hasta un político perseguido por la justicia, tiene la libertad de opinar”, en alusión a la reciente propuesta del expresidente asilado en los Estados Unidos de Norteamérica.
El asalto de huestes masistas del partido de gobierno a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, y el desconocimiento de la presidenta Amparo Carvajal, se inscriben dentro de la estrategia diseñada por el Arcismo —los rojillos—, para capturar o cooptar a las organizaciones ciudadanas, colocando en puestos directivos a leales militantes de su facción partidaria. El objetivo es conseguir el control total del Estado y la sociedad.
Otro factor que peligrosamente se normaliza, es la velada eliminación física de los ciudadanos que deciden denunciar o exteriorizar hechos de corrupción en la administración estatal. Los extraños suicidios, accidentes mortales, desapariciones de testigos y operadores del engranaje institucionalizado de la corrupción, constituyen una señal clara que vivimos en las entrañas de un Estado Forajido.
La extensión del narcotráfico, el blanqueo de dinero utilizando las instituciones del Estado con la finalidad de encubrir el dinero de las operaciones delincuenciales del tráfico de drogas, el contrabando internacional, hacer de nuestro territorio un paraíso de delincuentes con el consecuente aumento de los ajustes de cuentas, el crecimiento de la inseguridad ciudadana y la delincuencia; son ejemplos inocultables que vivimos en un Estado sin marco jurídico. Los únicos culpables son los funcionarios subalternos, los operadores del masismo gozan de total impunidad Disfrutan de “patente de corso” otorgada por las autoridades nacionales.
Estos rasgos delictivos, que anteriormente eran ocasionales, hoy son cotidianos, sucesos de todos los días. El delito y la corrupción en el denostado neoliberalismo se identificaban con personas, en la actualidad existe un auténtico Estado de corrupción. Los recursos y reparticiones públicas, están concedidos a grupos corporativos de sectores o facciones partidarias. A mayor importancia electoral o capacidad de presión callejera, más grande será la porción. La prebenda oficial, también garantiza la sumisión de las instituciones establecidas por ley a defender la estabilidad e integridad de la nación.
Ante el peligro de normalización de la violencia y la inocultable instalación en nuestro país de un Estado de corrupción agresivo; los actores y colectivos: políticos, intelectuales, cívicos, productivos, universitarios y sindicales de oposición, tienen que esforzarse para confluir en la construcción de una alternativa democrática creíble y con capacidad de movilización nacional.
El surgimiento y proyección de diferentes iniciativas políticas, está motivado por el preocupante vacío político opositor que actualmente existe. Ningún núcleo o personalidad satisfacen las expectativas de la población. Hay que instalar mecanismos amplios y participativos de trabajo con inteligencia, constancia y pluralidad, para recuperar la patria y el Estado de derecho.
