La nueva decisión del Consejo de Supervisión plantea nuevas oportunidades y preocupaciones sobre las normas de la libertad de expresión en línea
David Inserra dice que en lugar de recurrir a herramientas que coartan la libertad de expresión, es mejor que haya un libre flujo de ideas.
Escucha la noticia
Por David Inserra1
El Consejo de Supervisión de Meta, una organización que tiene autoridad para revisar las decisiones de Meta y retirar o dejar sin publicar contenidos, ha afirmado recientemente que Meta debe dejar sin publicar un post de un político francés de extrema derecha, Éric Zemmour, que condena la inmigración africana porque “coloniza Europa”.
Aunque muchos podrían rechazar este tipo de retórica por considerarla una exageración de tropos y creencias más racistas, también es cierto que la inmigración es un importante tema político de contención en todo el mundo. De hecho, Zemmour obtuvo un 7% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas.
Aunque las opiniones de Zemmour son aborrecibles, el reto en este caso es si el discurso estridente contra la inmigración, incluso en relación con posibles teorías conspirativas, causa suficiente daño en las plataformas de Meta como para justificar la supresión del discurso político básico.
Para quienes se preocupan por la libertad de expresión, la decisión de la junta de permitir este contenido es digna de celebración. Suprimir el discurso ofensivo que no está estrechamente vinculado a un daño objetivo e inminente puede ser contraproducente porque no aborda los problemas subyacentes. Europa ya cuenta con una legislación cada vez más severa contra la incitación al odio: el político de este caso ha sido condenado varias veces por incitación al odio.
Y, sin embargo, el “discurso de odio” y los acusados de ser sus mayores proveedores en Europa no han hecho más que crecer en popularidad. En lugar de detener la “incitación al odio” y proteger a los vulnerables, las políticas de censura europeas están envalentonando a estos oradores.
Suprimir el discurso, ya sea mediante la censura de los gobiernos o de las empresas de medios sociales que eliminan contenidos y ejercen así su control editorial sobre sus plataformas, no ayuda realmente a abordar las causas profundas del “discurso del odio”. Meta es una empresa privada que puede crear sus propias normas, y si quiere eliminar todo discurso que considere censurable, está en su derecho.
Pero a través de su Consejo de Supervisión, Meta espera encontrar los estándares y normas adecuados para saber cuándo debe eliminar contenidos demasiado dañinos y cuándo debe permitir contenidos ofensivos y censurables.
En este caso, sin embargo, aunque el consejo decidió permitir el contenido, no afirmó de manera uniforme la importancia de que las sociedades mantengan debates incómodos sobre grandes cuestiones políticas y sociales.
El consejo dio un nuevo paso, que consistió en emitir una opinión minoritaria sustancial en la que se argumentaba que este contenido era demasiado nocivo y debería haberse eliminado. Aunque hasta la fecha el consejo ha incluido opiniones minoritarias en sus decisiones, siempre se han limitado a un par de párrafos como mucho. En esta decisión, no sólo se da un espacio considerable a una opinión minoritaria, sino que es más larga que la opinión mayoritaria. Como resultado, la decisión se lee más como una justificación para eliminar el discurso sobre la inmigración que se refiere a colonizar, invadir o sustituir.
Por un lado, merece la pena ver una opinión minoritaria y un debate más vigorosos en las decisiones del Consejo de Supervisión. Los órganos deliberantes se benefician de un debate sólido y público sobre cuestiones clave, incluida la documentación de los desacuerdos en el seno de sus decisiones.
Por otra parte, es preocupante ver que una fuerte minoría de la Junta (lo suficientemente fuerte como para tener un gran control sobre la redacción de la decisión final) se inclinó por lo que es, en esencia, una prueba de mala tendencia (es decir, una doctrina del discurso abandonada hace décadas por los tribunales de Estados Unidos que sostiene que el discurso puede ser suprimido si la tendencia de un discurso dado podría ser algún resultado perjudicial). Este criterio se utilizó ampliamente para condenar como sediciosos, en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, a los antibelicistas de la Primera Guerra Mundial por cuestionar la lógica de la participación en la guerra. En una sorprendente semejanza con este caso de la Junta de Supervisión, la prueba de la mala tendencia se utilizó para justificar la condena del líder del Partido Socialista Eugene Debs, que recibió el 6 por ciento de los votos presidenciales de Estados Unidos en 1912, por criticar el servicio militar obligatorio en tiempo de guerra.
En este caso, la minoría de la junta consideró que el contenido de Zemmour que criticaba la inmigración o a los inmigrantes debía eliminarse porque el impacto acumulativo “contribuye a crear una atmósfera de exclusión e intimidación”. Teniendo en cuenta que se consideraba que los discursos o panfletos pacíficos de los activistas de la Primera Guerra Mundial contribuían a crear una atmósfera de sedición con la “tendencia del artículo a debilitar el celo y el patriotismo”, tal razonamiento se presta a abusos y a una aplicación incoherente.
Tomemos el uso similar del término “colonizar” en el contexto del conflicto entre Israel y Palestina. Una de las principales afirmaciones de la parte palestina es que la causa fundamental del actual conflicto es que Israel es un “proyecto colonial“. Pero ciertamente la Junta, así como la mayoría de las personas imparciales, no querría suprimir tales argumentos. Después de todo, silenciaría significativamente a una de las partes de un importante debate geopolítico.
La aplicación inevitablemente incoherente de tales normas introduce el sesgo de los responsables políticos en el discurso de quién es bueno y quién es malo. Y aunque estos pronunciamientos puedan parecer correctos cuando se dirigen a opiniones desfavorecidas, estas mismas leyes pueden, han y seguirán siendo utilizadas como armas de formas profundamente injustas.
En el Sur esclavista, por ejemplo, la prueba de la mala tendencia se utilizó para ilegalizar el discurso abolicionista, ya que “las consecuencias inevitables de los sentimientos [abolicionistas] es suscitar el descontento, el odio y la sedición entre los esclavos”.
En la actualidad, la Ley de Aplicación de la Red alemana (conocida comúnmente como NetzDG) se suponía que debía frenar el discurso de odio en línea, pero también ha sido adoptada por más de una docena de otras naciones, muchas de las cuales son regímenes autoritarios como Rusia, Bielorrusia, Vietnam y Venezuela. Estas naciones están encantadas de utilizar esta ley alemana como justificación para silenciar cualquier disidencia “odiosa” en línea.
Si queremos combatir mejor la incitación al odio y proteger a las minorías, no debemos recurrir por reflejo a las herramientas de represión. En este caso, limitarse a silenciar a Zemmour no acabará con las ideas que le animan a él y a muchos otros. Es mejor que todos conozcan las opiniones de esta persona que quiere ser líder político y que la sociedad civil haga frente a sus afirmaciones y creencias con un discurso contrario. Sólo entonces podrán abordarse eficazmente los temores, la ira y las opiniones que animan tales creencias, tanto en línea como fuera de ella.
1Es investigador sobre libertad de expresión y tecnología.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 04 de abril de 2024
