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En menos de una semana, la administración de Luis Arce sufrió una segunda derrota, esta vez de carácter político. La primera fue en las calles, frente a miles de cocaleros yungueños, en el conflicto por Adepcoca. Este miércoles, ocurrió con la suspensión de la declaración fiscal del líder opositor Luis Fernando Camacho en la ciudad de La Paz.
Al masismo le viene bien la polarización permanente, cuando puede administrarla, pero se descontrola cuando ve señales de una rearticulación en el otro extremo del campo político en disputa. Así sucedió en 2019, cuando la rebelión popular de los 21 días obligó a Evo Morales a renunciar a la Presidencia por el evidenciado fraude electoral.
Todo empezó con una sospechosa advertencia del Ministro de Gobierno sobre la existencia de grupos que impedirían la llegada a La Paz del gobernador Camacho, quien asumió el reto y decidió presentarse este jueves en la Fiscalía paceña para declarar sobre el inventado “golpe de Estado”.
Seguramente se esperaba el atrincheramiento de Camacho en la capital oriental, pero el tiro político del oficialismo salió por la culata. Luego apareció un video de cuatro encapuchados y más tarde carteles y muñecos con la imagen del líder cruceño colgados en varios puntos de las ciudades de La Paz y El Alto con amenazas directas hacia Camacho.
Y para completar el cuadro, a primera hora de este miércoles la Fiscalía Departamental suspendió sin fecha la declaración del Gobernador cruceño con el argumento de que primero se debe escuchar a su padre, a José Luis Camacho Parada.
En el fondo, lo que se había organizado desde el gobierno es todo un escenario para evitar que Camacho cumpla su determinación de presentarse ante los fiscales de La Paz y, con ello, se provoque el surgimiento de una nueva asonada popular en Santa Cruz que podría irradiarse al conjunto del país.
En los últimos días, el Ejecutivo se ha dedicado a desactivar conflictos que él mismo alentó, todo para evitar una rearticulación en su contra. Además, de dejar de insistir en la usurpación de Adepcoca, tras la derrota del lunes ante 30 mil cocaleros salidos de los Yungas paceños, cambió su postura inflexible con la marcha indígena y suspendió temporalmente el tratamiento del proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Estos repentinos cambios de actitud tienen un objetivo común: evitar cualquier posibilidad de rearticulación de las fuerzas opositoras ante un proyecto político que aparenta fortaleza y seguridad, pero que en realidad es débil y temeroso de una nueva rebelión social, pese a que ganó las elecciones del año pasado con el 55,1% de los votos.
Queda claro que Luis Fernando Camacho ganó esta batalla política y está buscando capitalizar su triunfo atribuyéndolo a su “pueblo” que no lo dejó solo. Pero, en política, al igual que en el fútbol, siempre hay un segundo tiempo, y queda por saberse si la victoria de este miércoles se consolidará con el paro nacional movilizado definido para el lunes de la siguiente semana.
No deja de ser un desafío para Camacho y su entorno político porque el paro nacional es una medida de protesta contra la Ley Antilegitimación de Ganancias Ilícitas que ha quedado en suspenso por decisión del gobierno y contra la persecución político-judicial de líderes opositores, entre ellos Camacho, quien ya no declarará este jueves en la Fiscalía de La Paz.
