Escucha la noticia
El agotamiento del modelo estatal que ha regido los destinos de Bolivia desde mediados del siglo pasado parece haber alcanzado un punto de no retorno. Lo que hoy presenciamos, a través de la propuesta de una nueva norma electoral emanada del Tribunal Supremo Electoral, no es simplemente un ajuste técnico o administrativo; sino el síntoma fehaciente de que el andamiaje institucional construido a la medida de un proyecto hegemónico populista ha dejado de ser funcional para una sociedad que ha mutado en sus aspiraciones y en sus formas de interpelación política.
Esta obsolescencia legal se desmorona ante la emergencia de nuevas subjetividades ciudadanas que ya no encuentran cobijo en los esquemas ideológicos del siglo XX, ni en sus mecanismos de representación y participación política.
Ya sabemos que en realidad asistimos a lo que puede definirse como la descomposición del sistema político en su estado terminal. El ciclo del Nacionalismo Revolucionario, que tuvo en la Revolución de 1952 su alborada, y en el régimen de Evo Morales su cierre dialéctico, ya no expresa las pulsiones de la sociedad civil en la fase democrática que vivimos; en consecuencia, los mecanismos de representación y participación ciudadana ya no funcionan.
Todo indica que la democracia popular y todo el legado de las formas políticas que generó la Revolución Nacional (incluida su fase final, los 20 años masistas) entró en una fase de rendimientos decrecientes, en el que la rigidez ideológica y el revanchismo discursivo colisionaron con una realidad social que se autodefine mayoritariamente como mestiza, urbana y democrática.
El sistema electoral actual, atrapado en leyes diseñadas para la reproducción del poder propio del Nacionalismo Revolucionario, primero, y del populismo racializado, después, se muestra incapaz de procesar las demandas de una sociedad que ya no se reconoce en la «forma clase» ni en los discursos racializados que intentó implantar el MAS en la subjetividad social.
El fracaso de la representación política es hoy el principal dinamizador del malestar social (no solo en Bolivia, también a nivel global). Los partidos tradicionales han quedado reducidos a siglas vacías o mercancías políticas ofertadas al mejor postor (lo que la jerga nacional ha dado en llamar “taxipartidos), sin contenido, preceptos ni lectura que pueda interpretar los intereses de una ciudadanía que valora la libertad individual y la democracia por encima de los metadiscursos colectivistas o étnico-raciales. De manera que las deficiencias y anacronismos de la actual Ley Electoral no son solo una cuestión de forma, sino de contenidos históricos.
Las incongruencias emergentes de la Ley, sumada a los errores del TSE, ponen de manifiesto la presencia de un nuevo tipo de actores políticos y de una nueva dinámica más allá de las estructuras clásicas de la política tradicional.
Emerge con una fuerza inusitada un nuevo tipo de acción política que intenta construir formas de representación alternativas. Estos nuevos movimientos sociales, ejemplificados por la movilización ciudadana de 2019, no se estructuran bajo el mando de un caudillo ni bajo la disciplina de un partido centralizado y de mando vertical; se desarrollan como organizaciones comunales y ciudadanas libres de ataduras de todo orden.
Son movimientos cuya naturaleza multicausal, generalmente espontánea, se apoya en las habilidades tecnológicas de las nuevas generaciones y nace de las expectativas insatisfechas, producto de la crisis de la democracia occidental y el desastre del populismo masista en el caso nacional.
Para estos nuevos actores, la democracia no es un mero formalismo burgués, sino una exigencia de participación universal directa, fuertemente cimentada en el respeto a los derechos civiles y a los estilos inherentes a la vida cotidiana.
Se trata, como sostuve en otros documentos, del ejercicio pleno en el «campo democrático-ciudadano», espacio político e histórico donde el concepto de poder popular es sustituido por el de poder ciudadano.
La necesidad de una nueva Ley Electoral, por tanto, no debe entenderse como un capricho legislativo, sino como la urgencia de dotar de un marco jurídico a esta nueva realidad histórica.
Si el Estado del 52 ha concluido, el desafío estriba en diseñar un «proyecto de Estado» capaz de darle continuidad histórica a la nación boliviana bajo los principios de la democracia ciudadana, y esto, no está en la actual legislación política electoral y partidaria en vigencia.
La sociedad ya ha cambiado. Ha pasado de los fusiles a las «pititas»; de la lucha de clases a la defensa de la civilidad y la libertad de pensamiento. Ignorar esta transformación y pretender mantener un sistema electoral diseñado para un ciclo ya cerrado solo profundizará la brecha entre el
Estado y el ciudadano, postergando una solución de continuidad que la historia nacional reclama con urgencia.
