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El miércoles pasado Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, disolvió la Asamblea Nacional amparándose en el artículo 148 de la Constitución que le faculta «disolver la Asamblea Nacional [y hasta la instalación de la nueva Asamblea] podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica». El paso siguiente será que en el «plazo máximo de siete días […], el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos».
Éste fue el más reciente “round” de un largo período de inestabilidad en Ecuador, cuya primer “round” se inició entre 1996 y 2007 —siete presidentes: Abdalá Bucaram (elegido 1996-destituido 1997), Rosalía Arteaga (1997), Fabián Alarcón (1997-1998), Jamil Mahuad (1998-destituido 2000, artífice de la dolarización), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-destituido 2005) y Alfredo Palacio (2005-2007)— y fue intermediado por los tres gobiernos de Rafael Correa (2007-2009; 2009-2013; 2013-2017) —socialista 21, por ende populista—, coincidente con el boom exógeno de precios extraordinarios de las materias primas que alimentó la primera ola de gobiernos latinoamericanos elegidos bajo el Foro de São Paulo: Venezuela (1999-hoy), Brasil (2003-2016), Argentina (2003-2015), Bolivia (2006-2019), a los que podemos agregar Honduras (2006-2009) y, al final del ciclo, Nicaragua (2012-hoy).
Los gobiernos de Correa se caracterizaron por la corrupción que involucró a ministros y al mismo Correa (el escándalo de las “coimisiones” Odebrecht, aunque no fue el único ni, de lejos, el más grande), la desinversión y el prebendalismo; el derroche clientelar —como en otros países de su tendencia— creó un importante sector de la población (generalmente no productivo) dependiente de las transferencias monetarias asociadas con el correísmo, con independencia de que el boom extraordinario había concluido y, por ende, había una contracción de recursos.
Tras Correa (habilitado por una reforma constitucional para un cuarto período, al que no se presentó), fue elegido su exvicepresidente Lenín Moreno, cuyo período coincidió con el destape de los escándalos de corrupción del período anterior (y propios) y que navegó entre oponerse a Correa, la inestabilidad social y económica y la cada vez mayor violencia —principalmente del enorme crecimiento del narcotráfico— que venía creciendo desde el anterior período.
En 2021 asumió Lasso con un programa liberal de centro-centroderecha. A menos de dos años de su asunción, el gobierno de Lasso ha pasado de alrededor del 80% de aprobación al inicio de su mandato a menos del 14% actualmente (PERFILES DE OPINIÓN), enfrentado con una Asamblea Nacional de amplia mayoría filocorreísta —que recientemente tenía el 4,4% de aprobación (CEDATOS) y el 4,3% de credibilidad sus asambleístas—, junto con un gravísimo recrudecimiento de violencia e inseguridad —sobre todo en las cárceles con las bandas armadas del narcotráfico, pero no sólo en ellas—, dificultades económicas —caída de precios de exportación (ahora sobre todo petróleo) y la guerra en Ucrania— y la oposición de la dirigencia de la CONAIE indígena —aunque no apoyada por todos los sectores.
(Es importante un distingo con el cierre del Congreso peruano por Pedro Castillo: éste no estuvo respaldada por su Constitución y buscaba eternizar a Castillo; a su diferencia, la medida de Lasso es soportada en la Constitución de 2008 y desembocará en una nueva elección presidencial y legislativa, concluyendo este impasse.)
En el panorama latinoamericano, Paraguay continuó con un gobierno conservador (30/4); ganó “de lleno” la oposición para el Consejo Consultivo Constitucional chileno (7/5); las elecciones de Guatemala (25/6) no auguran cambio del conservadurismo y en las de Argentina (22/10) se avizora el retorno liberal —y de cómo quedarán los ultralibertarios. Mientras tanto, en Brasil gobierna la izquierda Forista casada con socialdemocracia y navega un Congreso y una mayoría de estados desafectos; Colombia pierde gobernabilidad y sus planes o no avanzan —reforma de salud y cambio energético— o fracasan —acuerdos con el ELN—, y Bolivia se debate en un fracaso económico y el fratricidio dentro del partido gobernante. Del “otro lado”, Uruguay consolida sus reformas sociales y Perú —avanzando a su estabilidad plena— capea la crisis política y se recupera del mal momento económico que ésta le aparejó. (El guirigay de Venezuela lo dejo en pendiente.)
