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En las últimas semanas, la fiebre democrática volvió a Santa Cruz de la Sierra. Paredes pintadas, bandas tocando, aglomeraciones en pandemia, churrascos, promesas y mucha propaganda. Por tercera vez en menos de un año, el derroche y el fervor de las campañas políticas nos hace creer que vivimos en democracia plena, aunque los indicadores internacionales puedan casi afirmar que ésta solo se reduce a la emisión del voto. Esta vez no se trata de elecciones legislativas o gubernamentales, sino de elecciones universitarias. Pero, ¿por qué las instituciones académicas eligen de forma directa a sus administradores? ¿Qué motiva a los candidatos o a sus financiadores a gastar millones en campaña? Antes de responder estas preguntas, primero debemos cuestionar las bases del funcionamiento de este sistema. Ciertamente se puede justificar de manera muy romántica el valor de la democracia en todas las instituciones humanas y en especial las públicas, no obstante, en el caso del mundo académico, es necesario analizar el alcance efectivo de las virtudes democráticas, más específicamente, lo que concierne a los procesos eleccionarios.
El argumento que se pone sobre la mesa normalmente dice que, como los estudiantes son los principales afectados por las decisiones administrativas que se toman en las universidades públicas, ellos mismos deberían escoger quiénes las tomen. El problema de este argumento no reside en su idealismo, sino más bien en su selección de información relevante para el caso. Creer que los estudiantes deben escoger a los rectores porque son los principales afectados por sus decisiones, es como creer que los indígenas en nuestras selvas no deberían votar para presidente. En otras palabras, porque un grupo poblacional se vea intensamente afectado por las decisiones de las entidades públicas, como por ejemplo el empresariado por el Ejecutivo, no significa que éstos deban tener el derecho exclusivo de elegirlos; una figura así se tildaría en otros contextos fácilmente de antidemocrática y discriminatoria. Ahora, volviendo al tema de las universidades, ¿acaso solo los estudiantes se ven afectados por las decisiones de sus administradores? Por supuesto que no. La sociedad en general, el mercado laboral, las instituciones públicas, las empresas privadas, toda la economía depende de las calificaciones y aptitudes de los egresados universitarios. La universidad es, por lo tanto, un pilar fundamental de la economía y sociedad; es el termómetro de las expectativas de progreso de un Estado. En ese sentido, el argumento demócrata-idealista no parece ser del todo democrático en su concepción, pues si lo fuera, las elecciones universitarias contemplarían a toda la población del departamento.
Por otro lado, vale la pena ir más allá del porqué el alumnado o, dado el argumento anterior, la población debería escoger a los administradores de la universidad, y preguntarse por qué éstos deben ser escogidos vía elecciones en absoluto. ¿Es la universidad acaso una entidad política? No, la universidad es una entidad de investigación y enseñanza académica, cuyo objetivo debe ser la excelencia, y en la cual debería prevalecer la meritocracia. Es más, el rectorado no funge como representante del alumnado o de la población para estar sujeto a su voto. El rectorado únicamente tiene el deber de administrar los recursos de la universidad para alcanzar los objetivos académicos y sociales de la institución universitaria, siendo estos últimos difícilmente relacionables con simpatías, carismas y promesas, como es característica de una contienda política electoral. Si nos apegamos, entonces, a las propiedades y objetivos de la universidad como institución, podemos constatar que la democracia directa –por más romantizada que esté– no tiene lugar en una entidad académica, pues su naturaleza no es ni debe intentar transformarse en política, si se busca la excelencia, obviamente. En ese sentido, un concurso de méritos con igualdad de oportunidades se ajusta mucho más al objetivo académico cuando se trata de encontrar buenos administradores, lo que igualmente lo califica dentro del marco de los valores democráticos modernos que van más allá del simple hecho de votar.
Salgamos ahora del debate normativo y enfoquémonos en la realidad actual. Las universidades en Bolivia son entidades independientes, las cuales cuentan con presupuestos muy elevados. La UAGRM, por ejemplo, tiene un presupuesto anual mayor que el de la Gobernación Departamental de Santa Cruz. Todo eso con menos empleados y muchísimas menos competencias. ¿Qué significa eso en un país plagado por la cultura de la corrupción? Los hechos hablan por sí solos, y no hace falta más explicación que la cantidad de denuncias de clientelismo, nepotismo y corrupción dentro de las universidades públicas. Eso explica explicaría ciertamente la absurda politización de las elecciones universitarias, pues son vistas como una inversión. Sin embargo, la universidad –a diferencia del Estado– no está compuesta por grupos con intereses demasiado divergentes, porque su única misión es mejorar las condiciones de enseñanza e investigación. ¿Se puede ser tan altruista para destinar millones de bolivianos a una campaña por el rectorado de la universidad sin pensar en intereses personales? ¿Están los estudiantes de una determinada facultad tan molestos que reúnen millones para armar la campaña de un representante de esa área de estudio, para que defienda sus intereses desde el rectorado? ¿Los que financian estas campañas millonarias son los mismos alumnos de las universidades públicas, que en muchos casos tienen que trabajar de lo que pueden para poder darse el “lujo de estudiar”? Espacio para la duda, hay suficiente. La gigante inversión de un individuo o un grupo de personas para obtener un cargo público, en el que por su naturaleza el único interés en juego debería ser altruista, como en el caso de las universidades públicas, nos hace dudar acerca de lo que realmente está en juego. ¿Es el poder, el dinero o la satisfacción de haber transformado la universidad lo que paga los millones de inversión?
Como hemos visto, la realidad nos muestra que las carreras políticas dentro de la universidad difícilmente están plagadas solo de buenas intenciones. Las cantidades que se invierten en las campañas y las que ingresan por gestión, sumadas a las denuncias de corrupción, nos ponen frente a la necesidad de repensar la universidad pública como entidad política. Como vimos en un inicio, los argumentos “democráticos” a favor de la politización de la universidad parecen, desde su formato actual hasta su principio básico conceptual, no justificar las elecciones universitarias. En ese marco, urge encontrar una alternativa viable y mejor justificada como el concurso de méritos para el rectorado universitario.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
