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El otro día, cuando estaba dando una charla en una universidad, me preguntaron si es mejor que la prestación de los servicios públicos; la mayoría de carácter monopólico ó oligopólico, estén a cargo de una empresa estatal o una empresa privada.
Desde que tengo (algo) de uso de razón, la discusión entre los que defienden el socialismo y los que defienden el capitalismo, se centra en si el Estado debe tener control total de la economía o dejar a las fuerzas del mercado que regulen su funcionamiento; es decir, las empresas estatales (públicas) deben promover el desarrollo económico (protegidas por el estado y en muchos casos subsidiadas) o las empresas privadas deben competir por el mercado.
Nunca he creído en absolutos y mucho menos ahora que creo que entre el negro y el blanco, existen muchos tonos de grises. Por eso no estoy a favor de inclinar la balanza a ningún lado.
Por ende, creo firmemente que ni las empresas estatales (públicas) son ineficientes y corruptas, ni las empresas privadas son eficientes y transparentes por sí mismas. Depende del sector de la economía en la cual participen y de las reglas del juego (que imponga el Estado).
Durante la Asamblea Constituyente plantee la implementación de un modelo económico diferenciado, tanto sectorialmente, como territorialmente. Parto de la hipótesis que la homogenización en la aplicación de un modelo económico conduce al fracaso, porque no es posible aplicar el mismo modelo económico a dos sectores diferentes de la economía o dos regiones diferentes de un país. Esto obliga a flexibilidad del Estado para tener reglas del juego diferenciada por sector y por región.
Ahí es que, para mí, la autonomía completaba el círculo del modelo económico planteado, porque con un modelo político (también) diferenciado, uno puede promover normas de acuerdo con sus características regionales, capacidades institucionales y condiciones propias. Mientras que, en un modelo político centralista, se busca homogenizar la aplicación de un modelo económico.
Existen sectores que por la magnitud de las inversiones necesarias se constituyen en monopólicos, en estos; en especial la de los servicios públicos, es necesario una fuerte presencia del Estado, ya sea a través de empresas estatales (públicas) o una fuerte regulación que proteja a los clientes, usuarios o beneficiarios de tales servicios.
El problema de los sectores monopólicos es que normalmente los usuarios son los mas afectados debido a la naturaleza pasiva que adoptan las empresas (ya sean estatales o privadas), al no tener competencia creen que pueden brindar un servicio bajo “sus” condiciones y no de acuerdo con las necesidades de la población.
Otro de los problemas es, que la remuneración de los empleados en las empresas estatales normalmente es más baja que en las empresas privadas. Y no tienen “incentivos” para mejorar su producción o la prestación de los servicios públicos, de cualquier manera, a fin de mes recibirán su salario, independientemente de sus esfuerzos o su rendimiento. Su remuneración depende más de las políticas salariales de todo el sector público, sin importar el sector de la economía en el que participan, y no de su productividad o competitividad. En cambio, en una empresa privada, sus remuneraciones están asociadas (directa o indirectamente) a los resultados de la empresa y del sector.
Una empresa privada se crea, porque ve una oportunidad en un sector de la economía de generar ganancias que beneficien a sus inversionistas. Una empresa estatal se crea porque debe resolver una necesidad social a partir de una política pública (planificada o no). De ahí que se generan distorsiones, pues mientras las empresas privadas buscan incansablemente la eficiencia, eficacia y economía, las empresas estatales pueden sacrificar estos principios a partir de la premisa “social”.
Lo ideal sería tener empresas estatales administradas como empresas privadas, y empresas privadas con un alto grado de responsabilidad social. Lo lamentable es que mientras en el mundo las empresas privadas han avanzado en programas de responsabilidad social empresarial, las empresas públicas no han avanzado ha ser administradas con mayor eficiencia, eficacia y economía.
Insisto en que ni unas son malas, ni las otras son buenas por si mismas. Es necesario reglas de juego que sean flexibles a diferentes sectores y regiones, y para eso hay que dejar de pensar en la homogenización y pensar en la diferenciación del modelo económico.
Uno de los factores clave post-pandemia, es sin duda la innovación. Una innovación no necesariamente debe ser material, sino que puede incluir la adopción de una visión diferente sobre las tareas que realiza una organización. Lamentablemente existe una disparidad entre el ritmo de la innovación estatal y la privada, y mientras que la innovación te obliga a salirte de las fronteras, “las normas” se convierten en una camisa de fuerza en contra la de la innovación de las empresas estatales o privadas que son contratistas del Estado.
