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Un paro cívico en tiempos de carnaval en Santa Cruz procura ser la primera señal de protesta del departamento ante la persecución de sus líderes y de jóvenes unionistas. Está convocado para este viernes 4 de marzo, mientras las casacas multicolores aún no han sido colgadas y las bandas de música siguen tocando fuerte en la capital y las provincias.
La fecha no parece ser la óptima para encarar la primera pulseta política del año contra un gobierno que persigue a opositores utilizando descaradamente el sistema judicial y puede poner en duda el sentido de oportunidad que ha caracterizado a la dirigencia cívica en momentos cruciales para Santa Cruz y el país.
Seguramente el propósito de llevar adelante un paro departamental inmediatamente después de la extrañada fiesta grande de los cruceños y poco antes del carnavalito, la actividad que despedirá el Carnaval 2022 este fin de semana, fue no dejar pasar más tiempo tras la detención domiciliaria del Presidente del Comité Cívico.
Es de esperar que en esta ocasión el resultado no sea opuesto al objetivo planteado a la Asamblea de la Cruceñidad y aprobado colectivamente por los sectores que participan en esa instancia regional, ya que los dos últimos paros conducidos por Santa Cruz en octubre y noviembre de 2021 han puesto la vara bastante alta.
El paro cívico del 11 de octubre del año pasado, contundente en Santa Cruz, logró que el gobierno retire de la agenda del Órgano Legislativo el tratamiento del proyecto de ley que convertía a cualquier boliviano en sospechoso del delito de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, y, por tanto, pueda ser investigado al margen del debido proceso.
Un mes más tarde, el paro multisectorial que se extendió por nueve días consiguió la abrogación de la cuestionada Ley Madre, promulgada en agosto de 2021 con el número 1386, que disponía, entre otras cosas, la investigación de cuentas y movimientos bancarios de gremialistas, transportistas, cooperativistas mineros, empresarios y todos los sectores de la sociedad sin orden judicial.
La alianza entre gremialistas, transportistas y comités cívicos del país, principalmente con los de Santa Cruz y Potosí, frenaron el poder excesivo y discrecional que otorgaba la Ley 1386 al Ejecutivo. Nueve días de paro, bloqueos y enfrentamientos con grupos paragubernamentales arrinconaron al gobierno de Luis Arce que terminó anulando la Ley de Estrategia de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas.
El paro cívico de este viernes ha sido ratificado por Rómulo Calvo, lo que quiere decir que se ha coordinado con sectores productivos, juntas vecinales, comités provinciales, gremios empresariales, gremialistas, transportistas y universidades, entre otros sectores, para asegurar su participación activa.
Como ya se sabe, los paros cívicos en Santa Cruz suelen ser apuntalados por bloqueos en las rotondas de la capital oriental y de caminos en las provincias cruceñas.
Dirigentes de las federaciones de gremialistas y del transporte urbano anunciaron reuniones de evaluación en las siguientes horas, al cabo de las cuales se sabrá si esos sectores clave van a la acción de protesta de manera unitaria o, por el contrario, su concurso será a medias, sobre todo en zonas de influencia masista como el Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo.
Dada la gravitación política que ha ido cobrando Santa Cruz en el último tiempo, la contundencia o la debilidad con la que se encare la primera pulseta política-regional de este 2022 tendrá repercusión inmediata en los otros departamentos del país que, salvo contadas excepciones, asumen acciones como reflejo de las iniciativas cruceñas.
El paso a la clandestinidad de los principales dirigentes cívicos de Potosí, el proceso penal contra la dirigencia tarijeña y el paralelismo oficialista en otros departamentos han generado un cuadro de neutralización del movimiento cívico nacional que hasta ahora no puede ponerse de acuerdo en una medida de alcance nacional –paro o cabildo– en respuesta a la ofensiva gubernamental.
A ello debe añadirse la debilidad de las oposiciones partidarias que en el corto plazo parece que privilegiarán la concertación parlamentaria en temas concretos, justo cuando el masismo sufre divisiones internas, experimenta amenazas de narcovínculos y afronta una evidente falta de resultados importantes en la gestión de gobierno.
Santa Cruz llegará al paro cívico de 24 horas, ratificado para este viernes, con una pesada mochila cargada con los éxitos del año pasado, la responsabilidad de dar línea al resto de los departamentos, la necesidad de suplir la falta de convocatoria de las organizaciones partidarias y de las plataformas ciudadanas y la amenaza de que el Comité Cívico quede descabezado.
En esos cuatro elementos radica la importancia de una medida de protesta departamental que eligió una fecha no recomendable, pero que puede mostrarle al país que los cruceños saben diferenciar la fiesta del carnaval de la lucha regional.
