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El año pasado, con motivo de las elecciones generales, todas las candidaturas, sin excepción, se comprometieron a cambiar la justicia para que sea independiente, eficiente y transparente. Hace cuatro meses tenemos un nuevo Órgano Ejecutivo que dice expresar el nuevo ciclo político. Hay seis fuerzas políticas representadas en el Órgano Legislativo que se supone es diferente, al servicio de la comunidad. Producto de los comicios judiciales de 2024, también existe una nueva camada de autoridades en los máximos niveles del Órgano Judicial.
En enero de este año, las cúpulas de estos órganos, incluidos el Electoral y la Fiscalía General, se reunieron en una especie de cumbre por la reforma de la justicia, pero todo lo que se dijo en Sucre, la capital el país y sede del Poder Judicial, parece haber perdido sentido ni bien concluyó el evento dirigido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La inacción invadió a los nuevos actores de los poderes públicos.
Los abusos, las extorsiones, las injusticias, las manipulaciones, la retardación, la preservación de la estructura corrupta y la persecución política no han sido erradicados Todo lo que hemos visto en estos meses es una agudización de lo execrable de la justicia en tiempos del populismo autoritario del MAS. ¿Qué seguridad jurídica se puede ofrecer a la sociedad y a los inversores extranjeros si la crisis judicial no parece importarle al nuevo poder constituido?
En medio de la tragedia ocurrida en el El Alto por el accidente de un avión gigante que transportaba 18 toneladas de billetes nuevos, se denunció extorsión a quienes fueron aprehendidos por el hurto de papel moneda sin valor legal para no ser enviados con detención preventiva a tres cárceles paceñas. Por eso es que el número oficial de detenidas y detenidos preventivos variaba de un momento a otro: 19 primero, 26 después y finamente 24. Hay cientos de otros ejemplos, pero mencionó un par más para no deprimirnos por la inacción.
En Potosí, la justicia envió a la alcaldesa de la capital a la cárcel de Cantumarca por siete días, sí por una semana. Una concejala corrió la misma suerte y cuatro legisladores locales fueron aprehendidos sindicados de incumplimiento de deberes. El encarcelamiento por siete días y las aprehensiones ocurrieron a tres semanas de las elecciones regionales y dos meses del cambio de autoridades en la Villa Imperial.
Está claro que jueces, fiscales y policías se prestaron al interés de alguien que seguramente busca asumir el Gobierno Municipal de Potosí para meterse dineros públicos a los bolsillos en tiempo récord o dejar montada una estructura de corrupción que opere posteriormente.Y si de oprobios judiciales hablamos, en Santa Cruz, un bombero forestal oriundo de Beni que se encontraba en sesión de diálisis fue desconectado de los equipos médicos para ser aprehendido y llevado ante la justicia, en una flagrante violación a los Derechos Humanos y garantías constitucionales de cualquier ciudadano boliviano, así esté acusado de haber cometido presuntos delitos.
El bombero fue enviado con detención domiciliaria para que pueda continuar con su tratamiento como si fuese una concesión del cuestionado sistema. Fue por el escándalo mediático ante el inhumano abuso judicial.
¿Qué otras aberraciones más tienen que ocurrir para que quienes prometieron cambiar la justicia realmente lo hagan? Del poder se espera poco en estas circunstancias. En lugar de que surjan señales claras de transformación, coincidentes con el nuevo ciclo, suceden cosas que desalientan a los ingenuos que creyeron en las promesas y fortalecen a los despreciables de la justicia corrupta, ineficiente y sometida al poder político y económico.
En ese oscuro panorama aparece una alternativa que puede generar esperanza en que tengamos una justicia decente, aunque requiere el apoyo de la sociedad civil organizada y la estatalidad. El colectivo de juristas independientes, que intentó la reforma judicial vía referéndum constitucional pero no consiguió recolectar un millón y medio de firmas en 2023, se ha reorganizado para buscar lo mismo, pero por otra ruta, mediante la acción legislativa, ahora que existe una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
José Antonio Rivera, uno de los integrantes del grupo de juristas independientes, explica que el desafío es proponer y luego empujar la aprobación, sanción y promulgación de una ley de creación de una comisión de notables ―independientes del poder político y que no cobrarán sueldos del Estado por la faena―, para encaminar la reforma judicial en un lapso que se acuerde con la institucionalidad del país. Se llamaría Comisión Nacional para la Transformación de la Justicia.
¿Nacerá el mecanismo que busca superar la irritante inacción del poder actual? Rivera cree que sí. Los juristas independientes han iniciado encuentros con representantes de diversas instituciones en Sucre. Harán lo mismo en Santa Cruz y La Paz para rematar con la presentación del proyecto de ley, previa solicitud de reuniones con el presidente, vicepresidente, presidentes de las cámaras y presidentes de los altos tribunales del país. Será una nueva cruzada, intuye el colectivo de juristas.
El presidente del Supremo de Justicia anunció la presentación al Legislativo de un paquete de normas relacionado con la demanda de una nueva justicia, poniendo énfasis en la implementación de un sistema informático de gestión de causas que busca que los cientos de miles de expedientes se conviertan en legajos digitales. Ojalá no sea parte de la cosmetología política e institucional muy presente en el país.
El proceso electoral regional ha ingresado a la fase final, aunque en abril habrá segundas vueltas en varios departamentos, pero, indudablemente, el país estará con mayor predisposición para poner atención a que se resuelva uno de los grandes males de Bolivia, uno que toca a todos y se agrava día que pasa: la crisis terminal de la justicia.
