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Cabildos en La Paz y Cochabamba
La demanda del Censo 2023 va escalando a nivel nacional, como se pudo ver a través de diversos pronunciamientos surgidos durante la semana. El Conade se reunió en Santa Cruz el sábado y para este lunes 10 de octubre se preparan Cabildos en La Paz y Cochabamba, impulsados por gremiales y plataformas ciudadanas. También los cocaleros de Los Yungas están comenzando a incluir el Censo dentro de su pliego petitorio.
A esto se agregan los intentos de mediación que vienen haciendo el alcalde paceño, Iván Arias, y el presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Johnny Torres. Ambos proponen una solución de compromiso que consistiría en realizar el Censo de Población y Vivienda en el segundo semestre del 2023.
Mientras tanto, desde el gobierno se han visto declaraciones disonantes, desde los intentos del vocero presidencial, Jorge Richter, de descalificar el mandato del Cabildo cruceño como “un capricho”, hasta las más razonables del ministro Iván Lima, quien dijo que el acto del Cristo fue “una manifestación democrática” y una oportunidad para el diálogo.
La artillería pesada incluyó a la ministra de trabajo, Verónica Navia, alegando que un paro por el Censo “afectaría al pago del segundo aguinaldo”, y los mensajes del presidente Luis Arce sobre “intentonas golpistas”, que ambiguamente pueden referirse tanto al posible paro indefinido como a otras amenazas internas en el oficialismo.
“Como a bombo de carnaval”
Continúa la polémica desatada por el informe conclusivo de la CIDH, sobre las ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas. La “papa caliente” va del gobierno a la Fiscalía y viceversa. Desde el Órgano Ejecutivo se admite el carácter vinculante del informe y se deja en manos del Fiscal General la apertura de un proceso penal. Por su parte, Lanchipa se niega a abrir una investigación de oficio y espera que se concrete una denuncia.
Lima descarta un juicio de responsabilidades, lo que no impediría otras vías procesales, tal vez a los mandos medios ejecutores de la matanza. También cuestiona a Evo por violar la Ley de Imprenta, luego de que el ex mandatario pidiera revelar el nombre de quien filtró el documento a la prensa. Morales tilda al ministro de justicia de “abogado de la derecha” y se queja: “me golpean como a bombo de carnaval”.
Un sondeo de Diagnosis con 1.800 consultas refleja el veredicto ciudadano: el 52% de los encuestados considera que Evo violó los derechos humanos en el cuestionado operativo.
“Sólo los cobardes huyen”
El ampliado del Movimiento Al Socialismo, realizado el jueves en Cochabamba, se convirtió en caja de resonancia de la guerra interna en el partido de gobierno. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que Arce es “sólo un administrador” y que Choquehuanca “es el traidor”. Evo apuntó a los ministros Del Castillo y Lima, señalando que “no son militantes del MAS y hacen daño desde el gobierno”.
Del otro lado, Choquehuanca dijo que “sólo los cobardes huyen”, en clara alusión a la fuga de Morales del 2019. El ministro Lima esquivó el golpe evista afirmando que “todas las críticas son bienvenidas” y Del Castillo se las ingenió para que su interpelación quede postergada para mediados de diciembre.
En medio de esta crisis, el presidente Arce acusó a la “derecha radical” de “mentir, dividir y destruir”, buscando un fantasma unificador.
No era “misticismo”
El escándalo por el audio donde se escucha a un legislador oficialista hablando sobre designaciones de jueces con el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, reavivó las controversias sobre el sometimiento político del sistema judicial. El asunto desmintió al vocero Richter, quien había dicho que suponer llamadas presionando a magistrados tiene “mucho de misticismo”, y también al propio primer mandatario, que en Naciones Unidas había negado la injerencia en la justicia.
La punta del iceberg revelado por el escándalo ya mostró que 9 legisladores del MAS y el gobernador de Potosí acordaron designaciones de jueces, pero habrá mucha más tela para cortar en los meses siguientes.
Desde Human Rights Watch (HRW), se remarcó que “en lugar de buscar a quien grabó el audio, el gobierno debería avanzar con la reforma judicial”.
Alianza con los autócratas
Durante la semana también se dieron varios posicionamientos lamentables del gobierno boliviano en foros internacionales. En la ONU, la delegación de Bolivia ayudó a que no se debatieran los abusos de derechos humanos en la región china de Xinjiang. En el Consejo de Derechos Humanos, se votó en contra de resoluciones sobre Rusia y Nicaragua. Y en la Asamblea de la OEA, la representación boliviana no se pronunció sobre los atropellos de Daniel Ortega.
Arce no parece entender que su distanciamiento del evismo le da la oportunidad de asumir algunos matices, siquiera mínimos, como los que ha tenido Gabriel Boric respecto a Nicaragua y Venezuela.
