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Un observador desprevenido podría calificar lo que vimos en la ciudad de El Alto a propósito del avión siniestrado, como un brote de anarquía o un simple desborde de violencia colectiva; en realidad es algo mucho más sistémico y preocupante: es el ejercicio pleno de la soberanía de la turba. No estamos ante la ausencia de normas, sino ante la vigencia de una norma alterna, una legalidad paralela de carácter atávico que ha encontrado en la transgresión su principal mecanismo de validación política. En El Alto, derribar la barda de una institución como el aeropuerto, agredir al disidente o exigir el reparto de un botín obtenido mediante métodos indebidos no se consideran hechos que transgreden las normas, sino, ceremoniales de un poder que se sabe impune y que se siente legítimo bajo la amplia y cínica sombrilla de la «rebeldía social».
Esta degradación del tejido ético no es un fenómeno espontáneo, es la herencia institucional más corrosiva del ciclo político encabezado por Evo Morales. Durante casi dos décadas, el «evismo» no se limitó a gobernar; se dedicó a desmantelar la noción misma de ciudadanía para reemplazarla por lealtades financiadas bajo la cómoda etiqueta de la «base social». En este esquema patrimonialista, el derecho no es una garantía universal e individual, sino una concesión que se negocia mediante la presión y la fuerza. El masismo cedió el monopolio de la coacción a movimientos corporativos que hoy asumen que su voluntad colectiva está por encima de cualquier código o precepto legal. Al institucionalizar el cerco, el bloqueo y el asalto como herramientas de gestión política, el régimen masista incubó una sociedad que hoy ve en la institucionalidad moderna un obstáculo molesto y en el respeto al derecho ajeno una debilidad burguesa.
El «nosotros» ya no se define por la pertenencia a una nación con deberes compartidos, sino por la capacidad de imponer criterios arbitrarios sobre el «otro», quien deja de ser un semejante para convertirse en una víctima propiciatoria o en una fuente de recursos a ser expropiados. La normalización de la transgresión es tal que el agresor no siente culpa; siente que está ejerciendo un derecho natural de «base», una soberanía de facto que el pasado masista le otorgó como premio a su movilización.
Resulta desolador advertir que, en este imaginario degradado, el caos es percibido como un estado superior de justicia. Cuanto más anárquico se muestra el comportamiento colectivo, más convencidos parecen estar sus protagonistas de estar construyendo un orden social más auténtico, despojado de las «formalidades» del derecho occidental. Es la convivencia con lo anormal elevada a categoría de cultura política. La anomia no es aquí un síntoma de desorganización, sino el fundamento de una organización basada en la fuerza bruta. Nadie parece estar dispuesto a defender la institucionalidad porque la institucionalidad ha sido vaciada de su contenido ético; ha sido reemplazada por el criterio del más fuerte, del más ruidoso o del que tiene la capacidad de convocar a más «hermanos» para demoler una pared o derribar una barda perimetral.
Esta soberanía de la turba es, en última instancia, el fracaso del proyecto republicano frente al empuje de un autoritarismo social que no necesita de un dictador, se basta a sí mismo. El silencio y la pasividad de una sociedad que observa cómo se desmoronan los muros de la convivencia solo confirman que la transgresión ha ganado la batalla cultural. Recuperar el respeto por el derecho del otro requerirá mucho más que leyes; exigirá el desmantelamiento de ese andamiaje mental que convenció a miles de ciudadanos de que ser «pueblo» les otorga el derecho divino de ser el tirano de su vecino, obviamente no se podemos generalizar, empero, hablamos de comportamientos colectivos que, lamentablemente, empañan la imagen de ciudadanos correctos, de esos que, sin duda, hay cientos de miles en la ciudad de El Alto.
