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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado ha generado, a través de sus interpretaciones más relevantes, un conjunto de consecuencias negativas que trascienden el ámbito jurídico para impactar gravemente en la legitimidad institucional, la seguridad jurídica y la vigencia del orden democrático en Bolivia. Una crítica reflexiva—desde el compromiso con el constitucionalismo transformador y el pluralismo jurídico consagrado en la Constitución de 2009— exige interrogar las decisiones de este órgano no sólo por su contenido normativo, sino por sus efectos estructurales y simbólicos.
La prórroga inconstitucional de los magistrados, sin respaldo del voto popular ni mandato legítimo, ha erosionado el principio de sujeción a la Constitución como norma suprema y ha quebrantado la arquitectura del Estado de Derecho. Las interpretaciones jurisdiccionales emanadas de este TCP carecen de auctoritas moral y de iurisdictio legítima, generando un vacío de confianza ciudadana que debilita la función garantista que debería cumplir el máximo órgano de control constitucional.
Entre las decisiones más controvertidas, destaca la Sentencia Constitucional Plurinacional 1010/2023, donde se interpreta que la permanencia de los magistrados más allá de su mandato es “necesaria para evitar un vacío institucional”. Esta lectura instrumentaliza el principio de continuidad institucional, desnaturalizándolo para justificar una ocupación del poder que contraviene el artículo 156 de la Constitución. La consecuencia inmediata ha sido la normalización de la excepción como regla, rompiendo el pacto democrático y desplazando la soberanía popular.
Este tipo de interpretaciones también han debilitado el principio de pluralismo jurídico. Lejos de fortalecer el autogobierno de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, el TCP autoprorrogado ha asumido un rol centralista, obstaculizando el desarrollo normativo propio con criterios de “control de convencionalidad” que subordinan lo originario a lo estatal, fragmentando el horizonte de justicia intercultural.
Finalmente, estas interpretaciones han producido una severa desinstitucionalización del sistema judicial. Al distorsionar el sentido del control de constitucionalidad, se ha convertido al TCP en un actor político más, subordinado a coyunturas antes que al mandato constitucional. Esto ha incrementado la inseguridad jurídica, especialmente para sectores vulnerables, cuyas garantías dependen de un juez constitucional imparcial y legítimo.La crítica no se dirige a las personas, sino al modelo de interpretación que prioriza la conservación del poder sobre la vigencia de los principios. Lo que está en juego no es solo la doctrina constitucional, sino la esperanza de que el pluralismo jurídico boliviano no sea una promesa frustrada, sino una práctica viva, sostenida por una justicia verdaderamente independiente y culturalmente comprometida.
