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Bolivia ha iniciado el 2022 en medio de la cuarta ola por el Covid19, pero la fragilidad del sistema de salud se hizo visible desde la primera ola de contagios, marzo 2020. Sin embargo, cometimos el error de acomodarnos a la precariedad que nos ofrece el sistema, haciendo de nuestra rutina la queja sin un plan de acciones.
Se convirtió parte de la “nueva normalidad”, las publicaciones relacionadas a kermeses y rifas solidarias, la intención y movilización transitoria de la ciudadanía para compensar la falta de atención de nuestras autoridades, el aumento drástico de muertes en los primeros días de cada ola, las irregularidades en el manejo de las vacunas, el colapso de los hospitales, la pérdida masiva del personal de salud, las alteraciones en cuanto a ítems, sueldos, contratos, respiradores, equipamiento de los centros y la lista continúa; todo esto, bombardearon los medios de comunicación en un inicio, se logró el apoyo momentáneo, pero mientras disminuían los contagios, cesaban gradualmente las exigencias de una verificación de todos esos temas.
Como sociedad, destacamos toda esta situación bajo la frase “el personal médico, son héroes sin capa” cuando son ni más ni menos que seres humanos expuestos sin equipos de bioseguridad necesarios ni ambiente laboral adecuado.
La reactivación económica es una necesidad para los demás sectores y para la población en general, pero el refuerzo de nuestro sistema de salud es una urgencia que necesita ser priorizada. En menos de 10 años, hemos tenido dos conflictos médicos representativos, el 2012, el gremio inició con manifestaciones y un paro que duró 53 días; el 2017, con medidas similares, el paro fue de 47 días, años siguientes, se realizaron más movilizaciones y protestas recibiendo una actitud indiferente de parte de las autoridades, sin contar que desde el inicio de la pandemia en el país (2020) también se llevaron a cabo huelgas, marchas, protestas y suspensión de atención, donde el Ministro de Salud, Dr. Jeyson Auza, mencionó en una ocasión, que se realizarían descuentos a los profesionales que acaten estas medidas, cuando todo ello era exigiendo el cumplimiento del compromiso de nuestras autoridades de reforzar el área sanitaria.
Hace siete años, el gobierno de Evo Morales, inició un millonario plan de inversiones para la construcción de 54 hospitales en Bolivia, sin embargo, solo diez de los hospitales terminados y en los que se invirtió aproximadamente US$ 61 millones, son ahora infraestructura inoperativa porque no tienen presupuesto para equipos, materiales y mucho menos contrataciones de recursos humanos, dentro de esa lista de hospitales se encuentra el hospital Oscar Urenda, Montero, el cual según informe reciente del Ministerio de Salud, su reapertura será la primera semana de marzo del presente año.
La noticia que desató gran alarma a nivel nacional, fue el bloqueo de carreteras evitando el paso de oxígeno y medicamentos en el mes de Agosto del 2020, el cual dejo sin vida a más de 30 personas, pero es necesario saber que ese mismo problema persiste aún en la ausencia de estos bloqueos, la falta de equipamiento e incluso oxígeno es parte del día a día en algunos servicios de los hospitales a nivel nacional.
La situación el 2022 no ha mejorado aún, ya que en esta cuarta ola, al menos mil trabajadores de salud, entre médicos, enfermeras y personal administrativo, estaban con baja laboral debido a contagios por Covid-19 según noticia del periódico Los Tiempos, lo que disminuía la capacidad de atención hospitalaria en Santa Cruz, cuando la región vivía el momento más álgido de la cuarta ola. Durante estos días, lamentablemente se vio la necesidad de suspender muchas de las bajas, por la falta de reemplazo del personal en diferentes centros.
El Covid 19 puso en manifiesto problemas que ya eran dado por sentados o eran desconocidos por la población, pero también agravó los ya existentes; por ejemplo, en el área oncológica, en el 2020, se ha visto un incremento de mujeres con cáncer de mama en estadios más avanzados, debido a la suspensión de mamografías y otros exámenes de rastreo por las restricciones de ese momento. Por otro lado, los tratamientos para cáncer de cuello uterino, el cáncer de mayor incidencia en mujeres, fueron suspendidos durante varios meses en el oncológico de La Paz, por lo cual, muchas de ellas se vieron en necesidad de descontinuar su tratamiento y conformarse con analgésicos potentes para tolerar el dolor durante la cuarentena. El sistema público de oncología de La Paz, también recibe a enfermos de otros departamentos y provincias de dicho departamento, muchos regresaron a sus regiones sin atención y otros se encontraban en lista de espera, a todo esto se suma que el albergue de la Asociación de Pacientes con Cáncer de El Alto cerró sus puertas para evitar el contagio entre los internos durante ese año. A parte de eso, este sector no estuvo excluido en el impacto económico, ya que la mayoría de los pacientes se sustentan con trabajos informales y mucho de ellos refirieron que se vieron en la necesidad de vender sus pertenencias, como garrafas, cocinas, muebles para comprar sus medicinas, puesto que la “Ley del cáncer”, el Seguro que debería cubrir dichos tratamientos, no se concluye desde el 2019 tanto para el sector pediátrico como para adultos; tampoco ha sido concluido el Instituto Nacional de Oncología en Tolata, Cochabamba, este supuestamente sería uno de los más grandes centros especializados para atender casos de cáncer en Bolivia pero la obra nunca se inició. En marzo de 2016, Morales prometió que la edificación estaría lista en tres años y ocho meses para que los pacientes tuvieran al fin atención oportuna sin tener que viajar a otros lugares, sin embargo, han pasado casi 6 años desde la piedra fundamental y no existe ninguna construcción.
Otros grupos afectados, fueron el grupo materno infantil, en la actualidad, Bolivia es uno de los países con el peor índice de mortalidad materna en Latinoamérica y desde el inicio de la pandemia los números aumentaron aún mas, debido a las irregularidades de los controles prenatales de las gestantes, presentando mayores complicaciones durante y después del embarazo; el otro grupo altamente perjudicado, fue el de pacientes con enfermedades no transmisibles, ya que durante estos dos años, se ha suspendido en reiteradas ocasiones las consultas externas en los hospitales, debido al colapso ocasionado en cada ola de contagios. La división más vulnerable de este grupo son los pacientes renales, ya que en datos presentados por INTI Bolivia, se ha incrementado en un millar los enfermos renales que reciben hemodiálisis en el país. Desde el 2018 hasta diciembre del 2019, el número de pacientes en tratamiento renal sustitutivo aumentó de 4.300 a 5.300 personas. Sin embargo, se estima que solo la mitad del total de los enfermos con esta condición, puede acceder al tratamiento adecuado.
El personal de salud no busca una paralización total de las actividades en cada ola de contagios, ni la ausencia permanente de las actividades de aglomeración, pues estamos conscientes del perjuicio que ocasionan estas medidas, pero si se exige la concientización tanto de la población como nuestras autoridades para dejar las promesas de lado y tomar medidas reales.
En en los últimos diez años, el país sólo se enfocó en construir hospitales de alta complejidad para responder a las enfermedades, los cuales muchos de ellos ni operan actualmente o no han sido construidos como mencionamos anteriormente, pero se olvidó la inversión en los centros del primer nivel de atención, donde podrían prevenirse e identificarse en forma temprana las enfermedades de sus habitantes, si Bolivia realizara las implementaciones necesarias para un seguro de salud digno, se evitarían alrededor de 13.000 muertes anualmente por enfermedades no transmisibles, las cuales son la causa del 64% de las muertes en el país y como sabemos, han sido consideradas como factores de riesgo importantes en pacientes con Covid19.
Según el informe realizado por Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, el país tenía antes de la pandemia 430 camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los hospitales públicos, privados y servicios de las Cajas de Salud. Con esta infraestructura solamente se llegaba a cubrir el 38% de la demanda. El 60% de camas correspondía al sector privado y el resto al servicio público. Solo en junio del 2020, cuando empezaron a subir los casos exponencialmente, alrededor de cincuenta personas fallecieron sin conseguir una cama en cuidados intensivos, información brindada por SALUD CON LUPA. Actualmente se incrementó 267 camas para terapia, pero aún no hay contratación de especialistas para operar el servicio.
El Ministerio de Salud no abrió nuevas plazas de contratación en estos últimos años con la justificación de que no se contaba con suficiente presupuesto para cubrir los gastos. Esto evidencia la falta de planificación y el desorden administrativo aun cuando ya se consiguieron importantes préstamos con organismos internacionales para el sector salud y ahora todos los bolivianos pagamos con nuestros impuestos una deuda por hospitales que no están en uso.
En este texto se pretende reflejar algunos de los datos de mayor impacto en el ámbito. Iniciamos la pandemia con 23 hospitales nuevos, muchos de ellos son parte del Plan de Hospitales para Bolivia, que no están en uso por falta de equipos. Los médicos y las autoridades de los nueve departamentos indicaron que estos nosocomios están en el limbo por falta de equipamiento y personal médico. Debido a eso y otras irregularidades, hasta ahora, son más de 20.000 muertes por Covid19 desde el 2020 en el país, pero son cientos de personas con otras dolencias que anualmente no han podido ni llegar a conseguir una atención oportuna, recibiendo una frase en común “lo siento, ya no hay espacio”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
