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Hay algo de ingenuidad en el intento de la oposición en la Asamblea por evitar la auto prórroga de los magistrados y promover una elección judicial que genere resultados positivos. Obviamente, no se puede desconocer que ha sido uno de los pocos momentos en que los opositores decidieron hacer algo de política, aprovechando las divisiones en la bancada oficial, pero de ahí a pensar que fue una victoria hay todavía un largo trecho.
¿Habrá elección judicial? El cronograma está listo y se ha puesto en marcha con la convocatoria a los interesados, pero hasta ahora la respuesta no ha sido buena. Son pocos los profesionales que confían en el proceso y menos los que quieren exponer reputación y prestigio sin saber realmente si todo esto conduce hacia alguna parte.
Los cambios en la justicia, si los hay, no dependen solo de una elección judicial y eso lo sabe todo mundo, sino del comportamiento democrático de quienes detentan transitoriamente el poder político. Mientras haya dependencia y promiscuidad entre los poderes del Estado será muy difícil que el voto por éste o aquel jurista se refleje en la transformación que la gente espera.
¿Qué espera la gente? Una justicia independiente, honesta, eficiente y transparente. Casi nada y al mismo tiempo, todo. Si los jueces elegidos por el ciudadano caen en la misma red estructural que los neutraliza, la elección habrá sido inútil, independientemente de que se haya llevado a cabo con limpieza.
Por eso, parecería que en cierta forma todos formamos parte de una suerte de pantomima, en la que se hace creer que nuevos actores pueden desempeñar de otra manera el mismo papel que les asigna una obra ya establecida de desenlace más que previsible.
Si la política suele convertirse en un ámbito de ficción es porque se mueve en el gelatinoso terreno de las creencias y los mitos, y no en el de las certezas. El ciudadano espera siempre y confía en que todo pueda mejorar, no solo la justicia, y tropieza a fin de cuentas con la misma frustración, porque en el escenario se repite la farsa.
Al gobierno no le interesa, por lo menos hasta ahora, revertir la decisión inédita de los magistrados de prorrogar su mandato. Los actuales tribunos aparentemente son confiables y más dóciles para aceptar algunas imposiciones e interpretar la constitución de manera que se satisfagan las expectativas gubernamentales, por lo que mandarlos a su casa podría resultar políticamente contraproducente.
El sainete reiterado en la Asamblea debe entenderse a la luz de intereses que no tienen nada que ver con la necesidad de hacer respetar las leyes y la Constitución. Esa no es la preocupación central del gobierno y de la bancada dividida de su partido. A lo sumo es un gesto opositor con escasas posibilidades de transformarse en una decisión que involucre mayorías.
Por lo pronto, las batallas por una mejor justicia y otras transformaciones que apuntan a reanimar las debilitadas instituciones democráticas, son cosa de ingenuos, esa mayoría que casi siempre espera y solo a veces se impacienta.
