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El gobierno de Luis Arce ha proyectado una norma (en proceso de aprobación legislativa), que busca autorizar al Banco Central de Bolivia, comprar oro de producción nacional, para fortalecer las Reservas Internacionales Netas y poder además realizar operaciones en los mercados internacionales. Las Reservas Internacionales que existen en el Banco Central de Bolivia, sólo alcanzan a $us 4.999 millones: $us. 1.947 millones se encuentran en divisas, y $us. 2.567 millones en oro; además, otros 241 millones están en Derechos Especiales de Giro (El Deber, 28 de junio 2021).
El total de las Reservas Internacionales contrasta con los $us. 15.500 millones ―cerca del 50% del PIB― y el récord exportador por cerca de $us. 13.000 millones del año 2014, que se han evaporado y constituye una amenaza real para la economía del pueblo boliviano. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), considera que Bolivia seguirá creciendo, en promedio el 5%, la caída de los precios internacionales de nuestra producción energética y la crisis de la pandemia, han licuado la musculatura de la economía boliviana y ha terminado el ciclo que venía con piloto automático.
En realidad el gobierno del MAS, durante todo el mandato de Evo Morales, no ha promovido la inversión nacional ni la extranjera. Todo este cuadro evidencia la falta de previsión, planificación y seriedad en el manejo de la economía. No obstante, nunca es tarde para tratar de contrarrestar los efectos económicos de la caída de los precios internacionales de nuestras materias primas y la falta de inversión extranjera.
Sin embargo, los artículos 366 y 378 de la Constitución boliviana establecen que los capitales externos no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, tratándose de la cadena productiva hidrocarburífera, ni la energética podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. Estas limitaciones contradicen los principios y fundamentos, que propugna un vigoroso reconocimiento a las relaciones y a los tratados internacionales. Obviamente que estas limitaciones será uno de los temas más álgidos a concertar en el proceso de renegociación de los tratados de inversión extranjera, y pueden obstaculizar la suscripción de nuevos tratados de inversiones en hidrocarburos y energías.
En todo caso, la Ley Nº 516 de 4 de abril de 2014 establece el marco jurídico e institucional para la promoción de las inversiones a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia. También la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 (Ley de Conciliación y Arbitraje), busca completar la normativa específica para promover la inversión nacional e internacional. El gobierno parece consciente de que tiene no solo que abrir la economía e insertarse en los mercados internacionales, sino también promover en serio las inversiones para reactivar y sostener el crecimiento económico. Es bueno recordar que sin inversión no puede haber crecimiento ni desarrollo económico, menos lucha efectiva contra la pobreza, uno de los grandes objetivos nacionales.
La CEPAL ha sido contundente en el sentido de que el principal desafío que hoy enfrentan los países de la región, es aumentar las tasas de inversión pública y privada. El gobierno boliviano tiene que ofrecer no sólo incentivos y liberaciones impositivas al capital privado, sino fundamentalmente garantizar la seguridad jurídica al inversionista, que debe traducirse en un tratado de inversión, que establezca como mínimo, el régimen impositivo, incluyendo los incentivos a pactarse, el reconocimiento del tribunal arbitral internacional y la sede del arbitraje, etc.
El Órgano Judicial tiene, igualmente, que fortalecerse porque en definitiva es el encargado de brindar la ansiada seguridad jurídica y ciudadana. Mientras se tenga un sistema judicial colapsado, corroído y desacreditado, etc. no puede garantizarse la inversión privada nacional ni internacional, ni la seguridad jurídica, ni la seguridad ciudadana.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
