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El fin del ciclo del gas es una realidad irrefutable, al igual que las causas de ese fracaso, a saber: el diletantismo, la demagogia, el populismo y la opacidad de un proyecto político que antepuso la monetización de ese recurso no renovable a su aprovechamiento racional.
Considerando que la eventual reversión de ese fenómeno, si la hay, toma tiempos largos, es urgente preguntarnos qué nos espera a corto plazo (~7 años) y cuáles serían las medidas más adecuadas a tomarse. La respuesta corta es que estamos obligados a cambiar, o sea transitar del actual estado de cosas a otro, como, en parte, lo está haciendo todo el mundo, pero con las peculiaridades de Bolivia.
En efecto, la crisis climática, que cada año que pasa azota más al planeta, es causada por la quema indiscriminada de combustibles fósiles, de modo que la principal medida de mitigación del calentamiento global consiste en sustituir, en el consumo directo (transporte y calefacción) y en la generación eléctrica, las fuentes fósiles por fuentes de energías renovables. A ese lento y costoso proceso se le denomina “transición energética” y con él está comprometida, en diferente medida, toda la comunidad internacional.
Bolivia también ha suscrito compromisos para reducir sus emisiones de dióxido de carbono, originadas principalmente en la quema de cobertura vegetal y la deforestación. Sin embargo, la urgencia de una transición energética en Bolivia no es ambientalista, ni climática, sino económica: el fin del ciclo del gas obliga a desarrollar otras fuentes de energía para seguir alimentando a la economía, al tiempo que exige elaborar planes para usar racionalmente el gas que nos queda. ¿Cómo hacerlo?
Si la prioridad es el mercado interno, habrá que subordinar las exportaciones de gas a la creciente demanda interna, que actualmente requiere unos 15 MMmcd de gas. Alternativamente, se podría reducir el consumo interno, reemplazando, gradualmente, las termoeléctricas por hidroeléctricas complementadas con plantas solares y eólicas. Sin embargo, las señales de que se avanza en esa dirección son pocas y ambiguas. Considerando que la producción de gas disminuye a una tasa de ~4 MMmcd/año, de ese dilema depende que importemos esa fuente de energía hasta fin de esta década o antes.
Ahora bien, no hay que perder de vista que el gas tiene una doble función: es la principal fuente de energía que alimenta la economía, pero es también una notable fuente de ingresos económicos, en la medida en que se lo exporta como materia prima o industrializado. De ahí surge la necesidad de una “transición económica”, que consiste en reemplazar los ingresos de divisas del gas exportado con otras fuentes que, según el consenso general, son la pujante (y en parte subsidiada) agroindustria y la nueva minería, en particular la del litio. Sin embargo, ninguna de esas opciones reemplaza plenamente los beneficios económicos del gas, tanto en rentas como en equidad regional.
Consecuentemente, los gobiernos (a todo nivel) deberán resignarse a la drástica reducción de sus ingresos “extractivos” y promover ingresos “productivos”, fruto de la actividad económica pública y privada. Al no disponer de capitales para seguir invirtiendo en empresas deficitarias, al Estado no le quedará otra que abrirse a la inversión privada, hostigada en los últimos 17 años, para financiar la transición energética (plantas, infraestructura, etc.).
La bancarrota del Estado-emprendedor develará, a su vez, el fracaso del estatismo que lo sostiene mediante bonos, prebendas, incompetencia, corrupción y guiños con el narcotráfico. Es la “transición ideológica”, la de mayor impacto político, cuyas señales ya aparecen confusamente en el ámbito regional.
