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Por setenta y tres años, los campesinos e indígenas de Bolivia tuvieron tierra, pero no capital, parcelas, pero no crédito, trabajo, pero no posibilidad alguna de arriesgar algo material para emprender. La Ley 157 cambia esa ecuación de raíz: por primera vez desde la reforma agraria de 1953, un gobierno reconoce que el pequeño propietario rural —campesino, indígena— es un ciudadano de pleno derecho con capacidad de tomar decisiones económicas sobre lo suyo. La reacción indignada de académicos, comunicadores y profesionales de ONG no es un debate sobre el bienestar rural: es la defensa encubierta de un statu quo que durante décadas ha mantenido al campo boliviano fuera del sistema financiero, dependiente del Estado y cautivo de quienes viven estudiando su pobreza.
El argumento de quienes se oponen a la Ley 157 es, en el fondo, el mismo de 1953: que los campesinos e indígenas no están preparados para manejar sus propios activos, que alguien más —el Estado, las ONG, los empresarios, los políticos— debe decidir por ellos. Detrás de ese paternalismo bien intencionado se esconde una visión que reserva la capacidad de hacer industria y generar riqueza solo para los que ya tienen. Los hacendados podían arriesgar capital; los campesinos, no. Los asalariados urbanos pueden endeudarse y emprender; los del campo, tampoco. Setenta y tres años después de la revolución agraria, esa lógica sigue intacta en el discurso de quienes se presentan como defensores de los más pobres.
Lo que pasó después de 1953 habla por sí solo. Mi abuelo, por ejemplo, se hizo con diez hectáreas con la reforma agraria, las trabajó, las disfrutó, pero el campo terminó por expulsar a mis padres campesinos porque la tierra le permitía ninguna puerta de inversión en un mercado cada vez más dinámico. No era sujeto de crédito. Estaba diseñada para que campesinos e indígenas no accedieran al sistema financiero. El resultado de ese diseño lo vivimos dos generaciones: flujo de inversión nulo hacia el área rural, familias que abandonaron sus parcelas para buscar oportunidades en las ciudades cargando un capital en las manos que el sistema no les dejaba usar. Se trabajó a puro pulmón porque no había otra opción.
Desde la economía, Hernando de Soto demostró en el Perú que la titularización de la propiedad rural y urbana es la base de la seguridad jurídica y del acceso al crédito. Bolivia llega tarde a esa lección, pero llega. El desafío ahora no es la Ley en sí misma, sino su implementación: no todas las tierras son hipotecables para los bancos privados, y ahí está el riesgo real. Si la Ley 157 se queda en el papel y las entidades financieras se niegan a financiar emprendimientos rurales usando la tierra como garantía, la ventana se cierra antes de abrirse. El gobierno debe anticipar ese escenario y establecer mecanismos que obliguen al sistema financiero a operar en el área rural, no solo en los centros urbanos donde ya está cómodo.
La respuesta a los indignados es simple: nadie obliga a nadie. Si un campesino o indígena no quiere que su tierra sea embargable, no tramita ante el INRA esa solicitud. Si no quiere solicitar crédito, no lo hace. Lo que la Ley 157 hace es abrir una posibilidad que antes no existía, y eso es exactamente lo que corresponde en una sociedad que respeta la autonomía de sus ciudadanos. Pretender que el campesino y el indígena no tengan activos económicos que arriesgar no es protegerlos: es enclaustrarlos, mantenerlos como objeto de estudio, como clientes permanentes de proyectos que necesitan pobres para justificar su existencia. Basta de considerar tontos a los campesinos e indígenas.
La Ley 157 es una ventana de oportunidad real para el área rural boliviana, la primera en setenta y tres años que trata al productor del campo como lo que es: un ciudadano con derecho a emprender, a arriesgar y a crecer. Que el debate sobre su implementación no repita el error histórico de dejarla en buenos deseos. El gobierno tiene ahora la tarea de mostrar acuerdos concretos de exportación por rubro, dar señales claras al agro de que las oportunidades están abiertas y garantizar que el acceso al crédito llegue a todas las regiones del país. El que quiera tomar riesgo, que pueda hacerlo. Eso, exactamente, es lo que faltó desde 1953.
