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Ya parece una mala costumbre muy arraigada el desarrollar, proponer y en algunos casos aprobar leyes que surgen de caprichos, ideologías de grupos reducidos y si es el caso de temas técnicos, sin consulta ni asesoramiento de profesionales o investigadores entendidos en el tema.
Hace unos días, la senadora Requena de Comunidad Ciudadana, presentó un proyecto de ley de este tipo: “Impulso a la fabricación y uso de bioinsumos agroecológicos en la producción de alimentos y en la bioregeneración ambiental”. De asesores eligió a una facultad de derecho y una institución que más allá de copiar y pegar, y sin investigación y garantía, disque realiza un control biológico.
Al parecer la senadora prefirió omitir facultades que sí trabajan en este tipo de áreas como la facultad de agronomía o un laboratorio de la carrera de bioquímica. Ni hablar de consultar con centros de investigación que sí trabajan en el tema como es el CIAT en Santa Cruz o PROINPA, que si bien tenía su centro en Cochabamba, hoy trabaja de manera más amplia con productores en Santa Cruz.
Según la legisladora, la norma busca “establecer los lineamientos de la política nacional de elaboración y uso de bioinsumos para la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la forestería”. Intenciones buenas con ejecuciones desconectadas de la realidad. Un paseo por los campos en Santa Cruz y conversando con los pequeños productores que pensaron que la solución que les brindaba la fundación que participó en la elaboración de la propuesta, sería una alternativa al uso de agroinsumos convencionales, bastaría para descubrir que la cosa no es así.
No es el caso del trabajo que realiza PROINPA, cuyos resultados presentados en distintos congresos, muestran un trabajo con respaldo científico. Destacar los avances que realiza el CIAT junto a los productores, detectando especies nativas para el control de plagas. Quizás la legisladora y sus asesores no se enteraron, pero los mejores controles biológicos se desarrollan a partir de microorganismos nativos e insectos locales.
Esta propuesta me recuerda a una que luego de ser aprobada, realmente nunca logró ser aplicada y tampoco tuvo el impacto deseado por sus escritores en el consumidor. La norma de etiquetado de alimentos para alertar a la población de que algún producto era, contenía o provenía de algún organismo genéticamente modificado (OGM), fue impulsada con mucho fervor por personas con una ideología muy fuerte en contra del uso de este tipo de biotecnología.
El equipo de abogados que participaron para su redacción, ni uno sólo entendía el tema de bioseguridad aplicado a este tipo de cultivos y menos pudieron entender que el Estado no puede poner algo a la venta, que “alerte” de algún posible riesgo. Es ilógico.
En Canadá, activistas, siempre bien financiados, quisieron empujar el mismo bodrio. Los legisladores, asesorados por un comité científico, concluyeron que no era relevante alarmar a la sociedad de alimentos que son inocuos, a diferencia de muchos alimentos que provienen de la producción orgánica, que terminan generando infecciones estomacales o peores desenlaces.
Más allá del mal asesoramiento y las pasiones basadas en ideologías o la ignorancia de lo que pasó en Sri Lanka el 2021 con la prohibición de agroinsumos y sobre lo cual también escribí, sigo sin entender esa manía por armar leyes chiquitas y limitadas. La innovación que la propuesta alega apoyar, pasa por formular una política macro, que impulse la biotecnología en pleno y como política de estado.
La biotecnología es una disciplina que va más allá de OGM y alienta el desarrollo de bioinsumos a partir del uso de la biodiversidad local. Bolivia, ya contará con 3 carreras de Biotecnología y hacemos votos que con esta nueva generación de profesionales, sin ideologías, realmente se implemente normativa basada en ciencia, práctica y que facilite el desarrollo de verdaderas alternativas, que paulatinamente vayan reemplazando los agroinsumos convencionales.
