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La decisión del gobierno de no publicar, de manera efectiva, el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), conocido como artículo IV, y su posterior autorización, retractándose de su decisión inicial, tiene más una carga simbólica que real por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Simbólica, porque lo que el FMI dirá en ese informe puede encontrarse, de manera resumida, en su informe World Economic Outlook (WEO) y se elabora con los propios datos oficiales que el gobierno publica.
Lo simbólico, en todo caso, es la reticencia inicial del gobierno de aceptar lo que el FMI dice en dicho informe, algo que se puede anticipar. Con toda seguridad el informe hará mención a los elevados niveles de inflación, al desabastecimiento de combustibles, la caída de las reservas y los déficits crónicos. Se mencionará que, dada la elevada incertidumbre, se pronostican menores tasas de crecimiento, así como la recomendación de un ajuste fiscal mediante la reducción del gasto público, una reforma impositiva y del sistema de subvenciones, así como un mayor acuerdo político para implementar estas medidas.
Esto no es jugar a la adivinanza, esto ya era mencionado en el WEO publicado el 22 de abril de 2025, donde se puede leer: “Para Bolivia, las proyecciones para 2027-2030 fueron omitidas por la significativa incertidumbre de las perspectivas económicas”. En otro apartado del capítulo 1 de dicho documento también se mencionan perspectivas actualizadas de inflación, con ajustes al alza.
También podemos mencionar las proyecciones de crecimiento del PIB. Mientras el MEFP prevé un crecimiento del 3,5% para 2025, el FMI menciona un mucho más modesto 1,1%. Pasando a las perspectivas de inflación, el MEFP apunta a un aumento del 7,5% del nivel de precios en la presente gestión (para abril ya llegó al 6%), mientras que el FMI espera un 15%. Por último, el FMI no anticipa sino una variación del 0,1% del nivel de desempleo, lo que, sumado a la caída de la actividad, implicaría una precarización todavía mayor del sector laboral (mayor informalidad).
En resumen, el movimiento inicial del MEFP de no autorizar la publicación del artículo IV del FMI demuestra la negativa de las autoridades económicas para reconocer los problemas estructurales que atraviesa Bolivia. En cualquier caso, tanto las autoridades actuales como los candidatos que aspiran a ocupar la silla presidencial en los próximos meses no necesitan esperar para conocer tanto el parecer del FMI como las medidas necesarias para corregir los desbalances macroeconómicos (inflación, desaceleración de la economía, brecha cambiaria, etc.).
Basta con recordar que el origen de nuestros problemas es el déficit fiscal, que se financia mediante la emisión del Banco Central, deteriorando su activo y reduciendo la calidad de su pasivo, el boliviano. Para ello, desde el Centro de Estudios Populi se ha elaborado un programa de ajuste que reduce el déficit fiscal de manera contundente, sin desentenderse de las partidas más sensibles, como el gasto en salud o educación, y su impacto político. A modo de conclusión, debe repetirse que el ajuste suele ser un proceso doloroso, que afecta especialmente a las familias en situaciones vulnerables, pero constituye la acción necesaria para corregir más de veinte años de mala gestión económica. Pasar por el ajuste tiene un costo social, pero no ajustar a tiempo sólo disparará por las nubes ese mismo costo social.
