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Bolivia no ha podido traducir la inversión pública en resultados concretos para la sociedad. El problema no radica en cuánto se invierte, sino en cómo se decide invertir. Sin criterios técnicos claros, sin evaluación previa y sin mecanismos de seguimiento eficaces, la inversión pública es ineficiente e incluso perjudicial.
En cambio, países como Chile, Colombia y Perú han construido sistemas de inversión pública que exigen evaluaciones sociales ex ante, aplican metodologías homogéneas y establecen mecanismos de control técnico que limitan la discrecionalidad.
Para ello, la evaluación social de proyectos es una herramienta indispensable para promover que los recursos públicos generen beneficios sociales. Permite analizar alternativas, estimar costos y beneficios en términos amplios y asignar recursos a donde tengan mayor impacto. Sin este filtro, las decisiones son discrecionales, muchas veces guiadas por impulsos políticos o presiones coyunturales más que por evidencia.
Estos países también han invertido en formación de capacidades técnicas. Se necesita personal capacitado, estabilidad institucional y aprendizaje organizacional. Evaluar bien implica saber formular proyectos, analizar escenarios, identificar riesgos y hacer seguimiento. Requiere una masa crítica de funcionarios públicos que puedan sostener estos procesos más allá del ciclo político.
Bolivia tiene leyes sobre inversión pública y empresas estatales. En la práctica, los procesos son débiles, poco sistemáticos y a menudo relegados a formalidades. El principal problema no es normativo, sino de capacidad institucional. Las decisiones económicas se toman sin estudios técnicos sólidos, sin validación independiente y sin sistemas de control posterior.
¿Por qué Bolivia no ha administrado bien “lo estatal”? Una razón es la baja prioridad que se ha dado a la gestión pública como función profesional del Estado. Existe alta rotación de personal, débil formación especializada y pocos incentivos para priorizar la calidad sobre la velocidad en la ejecución del gasto. Además, se mantiene una cultura institucional centrada en la ejecución presupuestaria como fin en sí mismo, sin medir suficientemente los resultados o impactos generados.
Para cambiar esta realidad se debe fortalecer las capacidades del Estado en al menos cuatro frentes. El primero es establecer la evaluación social ex ante como requisito obligatorio y vinculante para la inversión pública. Segundo, homogeneizar metodologías y crear una unidad técnica especializada, capaz de validar o rechazar proyectos con base en criterios de rentabilidad social. Tercero, profesionalizar al personal público, con formación continua en formulación y evaluación de proyectos. Finalmente, establecer mecanismos de evaluación ex post que permitan aprender de los resultados, identificar errores y mejorar la toma de decisiones futura.
La institucionalidad no se construye solo con normas, sino con prácticas, capacidades y una gestión pública orientada a resultados. Bolivia necesita dar ese salto. El rol del Estado en la inversión pública, en las áreas donde la sociedad aprueba su intervención, debe ser más inteligente, estratégica y eficiente.
Las empresas públicas deficitarias y la arbitrariedad del Fondo Indígena son la punta del iceberg. Enfrentemos de una vez los problemas estructurales.
