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Es indiscutible que Bolivia ha perdido varios trenes del desarrollo industrial del litio de los salares. Ese retraso culpable se debe a dos razones: el diletantismo de los encargados de conducir ese proceso en el gobierno de Evo Morales y las camisas de fuerza de la Constitución y de las leyes de Minería y de YLB. Los gobiernos del MAS están aprendiendo a golpes que la confianza y la seguridad jurídica son fundamentales para atraer inversiones. Con el actual gobierno se ha intentado cambiar las cosas, corrigiendo errores y delitos anteriores, pero parece que la desesperación y la ideología secante no son buenas consejeras.
El contrato de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la empresa rusa Uranium One Group (UOG) ha merecido un preciso análisis de la Fundación Milenio (Milenio_coy503_YLB_UOG) y oportunas observaciones del Ing. Héctor Córdova (ANF_Contrato_Litio_Uranium) que recomiendo leer.
En el contexto de esos análisis, lo que persigue el contrato entre YLB y UOG es, en síntesis:
- Que YLB se haga con una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) de 9,000 toneladas (I y II fases, las únicas seguras de realizarse).
- Que UOG la financie (~700 M$), la construya y entregue su propiedad a YLB en un plazo de 18 meses (estimativamente hasta julio de 2026) y que luego, mediante otro contrato, la siga operando durante 20 años; servicio remunerado por YLB.
- Que la inversión y los gastos operativos de UOG los pague YLB con la producción de la planta.
De una lectura somera de los dos contratos se desprenden más dudas que certezas: el de UOG es de Asociación Accidental, mientras el del consorcio chino es, como se esperaría, de servicios. La diferencia que encuentro es que, de haber utilidades, en el primer caso se distribuirían 51% a YLB y 49% a UOG. Pero, ¿qué utilidades puede haber por construir y entregar una planta industrial en los 18 meses de vigencia de la sociedad?
Además, ¿Habrá utilidades en algún momento? Los precios actuales y futuros del carbonato de litio (Li2CO3) no llegan a los 20.000 dólares la tonelada ($/ton), pero el contrato con UOG estima precios de más de 30.000 $/ton.
Desde luego, la meta de UOG no es ganar dinero con la inversión, sino asegurarse el suministro del producto de la planta, mediante el cual YLB devolverá todos los costos del proyecto. Si el precio del Li2CO3 baja, UOG recibirá más toneladas del producto y si subiera, recuperaría su inversión más rápidamente. En suma, UOG nunca pierde, a diferencia de YLB que pagará impuestos y regalías de la producción que formalmente recibirá.
Los temas ambientales son álgidos: los 350 m3/hora de agua se extraerán de pozos, cuya velocidad de recarga no ha sido aún cuantificada, lo que condicionará la consulta ambiental y social; la energía eléctrica (35 MW entre solar e hídrica) será suministrada por ENDE, pero no se dice de dónde; los residuos químicos de la planta tampoco han sido cuantificados ni se ha planificado su manejo.
Finalmente, no se señala el destino de los sub productos del proceso EDL (potasio, boro, sodio, magnesio entre otros) y tampoco se realiza el sueño que se nos vendió de la “industrialización de la energía del futuro”, mediante cátodos y baterías.
“La gata apresurada parió gatitos ciegos”, diría mi sabia abuela. Los contratos del litio merecen un análisis detallado y una socialización mejor y no corresponde que los firme un gobierno ya de salida, con más pena que gloria.
En resumen, el contrato YLB-UOG es un intento tardío de ingresar al negocio del litio mediante la entrega de la producción a Rusia, a cambio de la construcción y operación de una planta EDL, sin que se garantice utilidades ni participación de YLB en la cadena de valor del litio.
