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El nuevo gobierno nacional tiene que poner en libertad (con carácter de urgencia) a los presos políticos de Evo Morales y Luis Arce. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia sostiene que en Bolivia existen cerca de 200 presos políticos. La expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico Marcos Antonio Pumari, encabezan esta lista y están sometidos a procesos políticos “fabricados” a plena luz del día y hasta por escrito.
La figura “estrella” en todos estos casos ha sido la del terrorismo. El código penal boliviano (art. 133) exigía que estén presente en el comportamiento del imputado, tres elementos indispensables: 1) Formar parte y actuar al servicio de una organización armada; 2) Que la organización armada esté destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad; y 3) Que tenga por finalidad, subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población. Por cierto, ninguna persona de la lista es o ha sido terrorista; por eso no avanzan los procesos ante la imposibilidad de llegar a demostrar que son terroristas (el caso Hotel Las Américas, etiquetado como terrorismo-separatismo, concluyó después de 11 años con sentencia absolutoria).
Lo evidente es que hay presos políticos y una violación sistemática de los derechos humanos no solo contra los opositores a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino también entre sus propias filas partidarias. En general, preso político es una persona perseguida o que está privada de su libertad por razones políticas y donde el propio poder judicial se ha saltado las garantías básicas del debido proceso. Lo que caracteriza a estos procesos son los abusos que ha cometido el mismísimo poder judicial, cuando ha estado al servicio del poder político, e imponía detenciones y sanciones, claramente desproporcionadas y basadas sólo en consideraciones políticas.
Las persecuciones y detenciones por motivos políticos se han utilizado particularmente en países con regímenes autoritarios y con un evidente ejercicio abusivo del poder de los órganos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). En estos regímenes (Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros), la represión política recae no sólo en personas que se oponen abiertamente o critican a esos gobiernos, sino también en aquellas que ejercen una labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
Todos estos “procesos” se realizan no solo con la finalidad de liquidar a la oposición sino igualmente con el propósito de implementar determinadas políticas que buscan la reproducción del poder político (el poder por el poder). La criminalización política implica una manipulación grosera de las instituciones del Estado y busca proscribir a todas aquellas personas que piensan distinto. En todos estos casos, se restringen las libertades de expresión y opinión; de pensamiento, conciencia y religión; de reunión y asociación y participación política, hasta privarles de continuar promoviendo sus ideales y causas políticas. No se trata de simples procesos de criminalización judicial, sino además que están acompañados de pronunciamientos condenatorios en los medios de comunicación social. A todos se los etiqueta de delincuentes “confesos”, y siempre son detenidos preventivamente en las cárceles de máxima seguridad.
La Fundación denunció que la independencia judicial en Bolivia se encuentra profundamente debilitada y erosionada, lo que a su vez pone en riesgo la estabilidad de la democracia y los derechos humanos. Las injerencias políticas, la falta de recursos, la politización de los nombramientos y el acoso contra jueces y fiscales, han creado un entorno donde la justicia no puede cumplir con su rol esencial de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
Evo Morales reconoció, por ejemplo, que el juicio ordinario contra Jeanine Áñez, se decidió en una reunión con el presidente, Luis Arce, el ministro de justicia, Iván Lima, y dirigentes de ese partido político. El reconocimiento de Evo Morales no solo prueba la intromisión política en el poder judicial, sino también invalida la sentencia por falta de independencia del tribunal. Luis Arce prometió una reconciliación nacional, y corregir los errores del pasado inmediato. La prometida reconciliación no solo que nunca se promovió, sino que se profundizó la polarización y cometió el mayor abuso político: la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, y el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
