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¿Liberal? ¿Libertario? ¿De derecha? ¿Anarquista? Que existe tensión entre el liberalismo y el conservadurismo en el gobierno de Javier Milei es innegable. Sería difícil hacer una afirmación distinta cuando se ve cómo el presidente se autodenomina “liberal libertario” y hasta “anarcocapitalista” al mismo tiempo que se alía con una flamante vicepresidente que jamás lo ha hecho y que es un ícono de la derecha nacionalista argentina. La base de apoyo del presidente es además variopinta: sabemos que se nutre de liberales y libertarios, pero también de conservadores y de “apolíticos” desilusionados.
Y no siempre la narrativa o los apoyos de Milei ayudan a esclarecer las dudas sobre el rumbo ideológico de su gobierno. Así como el presidente obtiene apoyo de reconocidos referentes liberales argentinos como Alberto Benegas Lynch, también lo recibe de influencers locales que rechazan el liberalismo y se asumen simplemente como “de derecha” en redes sociales. Así como da un discurso económicamente liberal ante el Congreso, también va a disertar a CPAC junto a Donald Trump, emblema del proteccionismo norteamericano. Y así como asiste a su acto de asunción Volodymyr Zelenskyy, también lo hace Víktor Orban.
Cabe preguntarse, entonces: más allá de qué dice y cómo lo dice, ¿cómo está efectivamente gobernando Milei? ¿Aprobaría un test liberal en sus primeros meses en el gobierno? La respuesta corta es que sí, aunque con algunos reparos. Para los liberales, aplicar un “liberalómetro” sirve para saber dónde estamos parados.
Las formas
Si intentamos evaluar a Milei con la vara del liberalismo, un primer problema es el de distinguir (o no) forma y contenido de gobierno. Los primeros tres meses de Milei han estado marcados por el DNU 70/2023 y la hasta ahora fallida Ley Bases, y un problema con ambos pasa por la “institucionalidad”. Cuando se presentó el DNU en diciembre, la crítica generalizada fue: ¿por qué enviar tantas reformas por decreto en lugar de enviar una ley? ¿No debería un liberal seguir a Locke o Montesquieu y pregonar la separación de poderes en lugar de que el poder ejecutivo legisle a su arbitrio? Después, cuando se presentó la Ley Bases, el cuestionamiento fue: ¿por qué concentrar tantos temas en una sola ley en lugar de proponer un proyecto por cada uno? ¿No desnaturaliza un debate express la naturaleza de la discusión parlamentaria que un liberal debería defender?
El problema es que es discutible que las instituciones tengan un valor por sí mismo para los liberales. En realidad, el liberalismo puede ser considerado como institucionalista en la medida en que las instituciones promuevan la libertad (cómo definimos la libertad es un problema aparte). Sin dudas que, como se teoriza desde hace siglos, la independencia de los poderes legislativo y judicial suele servir como garantía contra los abusos del poder ejecutivo; pero si se pueden remover restricciones a la libertad sin su participación, ¿qué motivo hay para no usar los recursos a disposición? Eso es lo que el gobierno hizo con el DNU 70/23 e intentó hacer con la Ley Bases. Oponerse es entendible desde un punto de vista histórico, pero hoy es como si un esclavo se opusiera a su liberación porque se la dan por decreto y no por ley.
Otro argumento de quienes critican el DNU o el acelerado trámite parlamentario de la Ley Bases sobre los procesos es consecuencialista y se parece a algo así: “si permitimos que los que tienen buenas ideas se lleven puestas las instituciones, mañana podrá venir otro gobierno con malas ideas que también lo haga”. Pero el punto débil es obvio: eso ya pasó. En efecto, Argentina viene de dieciséis años de un kirchnerismo antiliberal que a través de decretos y leyes atacó toda institución que pudo: el poder judicial, los medios de comunicación, asociaciones empresariales y más. Peor aún: también venimos de cuatro años de un macrismo tímidamente liberal que, en el afán por ser republicano, se quedó cortísimo con las reformas que venía a implementar. ¿Qué es lo que han ganado los argentinos en los últimos años por apegarse a las instituciones? La crítica institucionalista por el DNU y la Ley Bases no nace de un repollo, pero tampoco es obvia.
Vale recordar, en este sentido, que el máximo prócer liberal argentino mostró opiniones contradictorias sobre la cuestión de las instituciones a lo largo de su vida y obra. Sí, Juan Bautista Alberdi fue el autor intelectual de la Constitución de 1853, la más liberal que hayamos tenido jamás. Pero en ese mismo documento se sentaron también las bases de una presidencia fuerte, de un esquema en el cual la división de poderes no impedía que existiera un Poder Ejecutivo con fuerza. No por nada hablaba Alberdi en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de la república “posible”; las limitaciones del contexto no eran en ese entonces (ni son hoy) imaginarias.
La libertad económica
Podría decirse, entonces, que el debate por las formas no impugna de forma automática las acciones de la administración de Milei. Pasemos entonces al contenido: ¿hay liberalismo en sus medidas del gobierno? Definitivamente. En términos de economía, la desregulación avanza, y no solamente por el DNU. Silenciosamente, el equipo económico levanta todas las semanas restricciones arbitrarias al comercio exterior que protegían privilegios de pocos a cambio de menos libertad para todos. Nadie tendrá que volver a lidiar, al menos durante este gobierno, con disparates como las “Licencias No Automáticas de Importación” o el “Sistema de Capacidad Económica Financiera” de las empresas. Sería bueno que se investigue la enorme corrupción que estos engendros generaron, pero por lo menos no se reproducirá en el futuro.
La reforma económica más importante hasta ahora es, por supuesto, la del DNU. La derogación de leyes represivas como la de abastecimiento, góndolas o la que establecía un observatorio de precios debe ser festejada por los liberales, así como la de disposiciones proteccionistas como el “compre argentino”. Y si bien hay reformas que podrían haber estado presentes en el decreto pero estuvieron ausentes (como el fin del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego), el proyecto original de Federico Sturzenegger y su parcial implementación sin dudas pasan por el liberalómetro.
Y es que el DNU (como la ley que por ahora no es) tiende a abrir mercados y busca desmantelar la “república corporativa” que hace ya 36 años denunciaba en su libro homónimo Jorge Bustamante. Los inquilinos no tienen por qué pagar alquileres carísimos solamente para cumplir con regulaciones lunáticas que destruían un mercado esencial. Los sindicatos no tienen por qué retener aportes de personas que no quieren hacerlos y hasta se oponen a su accionar. Las compañías de telecomunicaciones locales no tienen por qué impedir la irrupción de un proveedor de internet satelital que hará volar la productividad en el campo. Los viajeros no tienen por qué pagar tickets exorbitantes solamente para que Aerolíneas Argentinas pueda competir mejor con sus contrapartes privadas y nadie tiene por qué sostener legiones de empleados públicos millonarios solo para que ellos puedan decir que existe una “aerolínea de bandera”. Así podríamos seguir: estos cambios son solo las consecuencias más visibles de un gran trabajo que no se debe soslayar.
Otro aspecto positivo desde un punto de vista liberal es que el gobierno de Milei no se ha quedado solamente en la desregulación: en materia de política fiscal, el ajuste no se negocia. Si hubo un resultado positivo para los liberales en la discusión por la Ley Bases es el hecho de que los aumentos de impuestos (propuestos tristemente por el propio gobierno) no se llevarán a cabo y que, entonces, el equipo económico ha prometido reducir el gasto aún más para alcanzar el déficit financiero cero. Después de doce años, en enero se llegó por primera vez al equilibrio fiscal después del pago de intereses. Eso es motivo de celebración.
En materia de política monetaria, por otro lado, el debe sigue siendo sustancial en relación al haber. Es verdad que la brecha cambiaria se derrumbó a pocos días de comenzado el gobierno y que el equipo económico promete desarmar el esquema de intervención heredado del macrismo y el kirchnerismo, pero lo cierto es que el cepo todavía existe: el gobierno aprovecha la recaudación del impuesto PAÍS y la maraña de regulaciones para todo tipo de operaciones financieras sigue ahí. ¡Y el peso también! Ni la dolarización ni la competencia de monedas à la Hayek tuvieron lugar aún, aunque tanto el presidente como el ministro de economía prometan que siguen entre los objetivos.
La libertad civil
¿Y qué ocurre con la gestión no económica? ¿Hasta qué punto el gobierno se muestra comprometido con las libertades civiles? Contrariamente a lo que se busca instalar desde la izquierda, no hay aquí grandes novedades o sorpresas. Los pocos casos de denuncias de violaciones de libertades individuales son tan absurdos que ni siquiera llegan a las noticias: es el caso, por ejemplo, de la escritora feminista que dice haberse exiliado en Londres porque a partir de la victoria de Milei teme por su vida. Su caso no representó sino una tarde más de diversión en Twitter.
Por lo demás, las medidas no económicas de gobierno incluyen una mezcla de liberalismo, conservadurismo y simple continuismo. En términos de libertad de expresión, hay buenas noticias en la medida en que Milei ha decidido desmantelar el INADI, que funcionaba como un órgano de protección de amigos y persecución política por parte de la izquierda. Además, una gran novedad del discurso de apertura de sesiones del presidente fue el cierre de Télam, una fuente de propaganda fascista que debía ser eliminada. Pero también en este sentido, la propaganda antiliberal emitida por el propio Estado desde la Televisión Pública sigue mayormente intacta, y hasta ahora nadie ha anunciado la que debería ser su disolución.
Por otro lado, el caso de la prohibición del “lenguaje inclusivo” en la administración nacional es especial porque revela la tensión entre liberalismo y conservadurismo. La administración nacional prohibió el uso de la “e”, la “x” y otras modificaciones al uso corriente de la lengua dentro del Estado, pero no fuera de él. ¿Era una medida necesaria? No. ¿Obliga a algún ciudadano privado a hacer algo? Tampoco. Hay aquí una decisión claramente conservadora, pero de ninguna manera totalitaria.
Lo que es definitivamente lamentable desde un punto de vista liberal es que la guerra contra las drogas y el show policial-militar que la acompaña siguen a la orden del día como en cualquier otro gobierno: todo parece indicar que la absurda doctrina de penalizar al vendedor y no penalizar al consumidor, que provoca violencia en todo el mundo, seguirá vigente en la Argentina. Otra novedad negativa fue el intento reciente de algunos diputados de La Libertad Avanza de recriminalizar el aborto, pero quienes lo impulsaron fueron desautorizados inmediatamente dentro de su propio espacio: este hecho refuerza nuestra idea inicial de que el gobierno de Milei es multiideológico.
Quizás un símbolo de qué tan fuerte es el conservadurismo social dentro del gobierno sea el rol de la vicepresidente Victoria Villarruel, que hasta ahora se ha limitado a llegar a acuerdos parlamentarios que han beneficiado al gobierno y no mucho más. Por ahora, y como a Homero Simpson, a la vicepresidente la mandaron a cuidar la abeja. Los liberales respiran aliviados.
Conclusiones
Un primer liberalómetro del gobierno de Milei para sus primeros ochenta días arroja, en definitiva, un “aprobado”. La desregulación y el ordenamiento fiscal a base de un gasto público menor son, por lejos, las tendencias que lo justifican. En materia económica, los liberales deberían esperar de cara al futuro el levantamiento total del cepo cambiario y una sustancial baja de impuestos, así como la continuidad del proceso de desregulación y el impulso de privatizaciones de empresas estatales. En materia no económica, la prioridad es avanzar en el desmantelamiento de una miríada de organismos estatales que emiten propaganda partidaria con dinero de los contribuyentes.
Una crítica posible a este liberalómetro es que es demasiado economicista. Pero el problema es no solo que la economía probablemente haya sido la principal razón por que fue electo el presidente, sino que el nivel de libertad económica de la Argentina es uno de los más bajos del mundo. El país rankea en el puesto 38 sobre 165 en términos de libertad personal en el 2023 Human Freedom Index del Cato Institute y el Fraser Institute, pero también en el 158 en términos de libertad económica. Para un liberal, es difícil pensar en un tema más urgente.
Sin lugar a dudas, las expectativas de la calle liberal para con este gobierno son mayores. Pero las de muchos que no son liberales también lo son. Es por eso que el liberalómetro cobra sentido: a partir de ahora, semana a semana publicaré una (mucho más breve que esta) columna aquí sobre el gobierno de Javier Milei para analizar hasta qué punto sus actos de gobierno se condicen con principios liberales. No se trata de apoyarlo ni de impugnarlo a priori. Se trata de ver, hasta qué punto, pasamos de las palabras a los hechos en Argentina.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
