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Escrito por: Fabiola Chambi1
El anuncio de la Fiscalía de cerrar el denominado caso fraude por el que se anularon las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, despertó una vez más los extremos adormecidos que han enfrentado a los bolivianos desde hace casi dos años.
La decisión fue asumida con base en el informe pericial del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca de España, que concluyó no haber encontrado «manipulación de datos», aunque sí detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables. Sin embargo, este estudio fue encargado y pagado por la Fiscalía con material proporcionado por la misma institución, solo tomó en cuenta el ámbito informático y no la cadena de custodia o alteración de actas, que fueron dos de los aspectos más observados en el proceso.
El documento se contrapone a la auditoría realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que determinó, 45 días después de los comicios, la existencia de «operaciones dolosas» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas». En las polémicas elecciones, el entonces candidato y presidente Evo Morales fue declarado vencedor con un margen de 10,57 % de los votos sobre su oponente, Carlos Mesa.
Uno de los puntos más controversiales de este proceso se refiere al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), un tipo de conteo rápido implementado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que sufrió un corte durante 23 horas poniendo en pausa los datos que apuntaban a una segunda vuelta.
Juan Manuel Corchado, responsable del estudio de la Universidad de Salamanca, aseguró que la interrupción del TREP fue un «error imperdonable». Sin embargo, se mantiene en que no se detectó una manipulación que incidiera en la base de datos final. Mientras que para la OEA, el corte del TREP es justamente una de las doce «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección» a favor del partido oficialista y considera además este hecho como un atentado contra la transparencia del proceso.
La auditoría de la OEA se realizó once días después de los comicios del 20 de octubre de 2019 in situ, con especialistas y auditores internacionales y por «invitación» del entonces gobierno de Evo Morales; por otro lado, el estudio pericial de los tres consultores de la Universidad de Salamanca se llevó a cabo luego de 18 meses y de manera remota.
Estos informes tienen muchos matices y han servido para instalar nuevamente el debate y preguntas necesarias sobre la labor de la Fiscalía y su relación con el poder Ejecutivo. ¿Por qué una pericia tan extemporánea? ¿Tiene más validez este informe que la auditoría presentada por la OEA? ¿Cómo queda la labor de la Fiscalía?
Con esta controvertida decisión, el sistema judicial alimenta la narrativa del Gobierno de que en 2019 hubo un «golpe de Estado», a pesar de que el mismo fiscal general instruyó acciones legales en contra de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la denuncia de fraude, que ahora parece querer archivar de manera definitiva. Si algo queda claro, en este punto, es que la Fiscalía está arando un camino muy lejos de la independencia de poderes y del esclarecimiento de los hechos.
La satisfacción del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce, empecinado en instaurar su verdad como el capítulo correcto de la historia y reforzar su postura de deslegitimación de la OEA, se ha traducido también en acusaciones directas a la oposición de tener fines desestabilizadores y golpistas, luego de que parlamentarios anunciaran impugnaciones al sobreseimiento y cierre de este proceso.
Mientras el caso fraude se desmorona, cobra fuerza el caso golpe impulsado por el Gobierno, con nuevas aprehensiones y la ratificación de la detención preventiva por otros seis meses para la expresidenta interina, Jeanine Áñez por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración, en un primer proceso, y por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las Constitución y las leyes, en un segundo proceso.
Esta pulseta de narrativas convertida en una efervescente batalla desde dos opuestos se vuelve a adueñar de un escenario político frágil que no logró estabilizarse. Roberto Laserna, economista e investigador social que abordó las implicaciones de la crisis de 2019, define la polarización como «un proceso por el cual las posiciones y opiniones de la gente se van desplazando hacia los extremos, de manera que el centro de espectro de ideas y percepciones se va reduciendo».
En Bolivia, la tan anhelada convivencia democrática se queda nuevamente detrás del telón, así como los problemas de relevancia social; mientras la atención se vuelve a canalizar en los políticos, sus intereses o su miopía. A un año y ocho meses desde el brote de la crisis, el conflicto en diferentes niveles ha anclado a los bolivianos en un punto de no retorno. Y nada garantiza que esto no se vuelva a repetir en un mes o diez años.
¿Qué contarán los libros de historia cuando se lean los sucesos de 2019? Tal vez las nuevas generaciones encuentren verdades absolutas desde el poder y validen cómodamente su postura o sean críticos y traten de entender la complejidad de un tiempo que estuvo y seguirá pintado de grises.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
*El artículo fue originalmente publicado en Diálogo Político, 12 de agosto de 2021.
