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Los juzgados y tribunales nacionales están llenos de sicarios judiciales que estaban (y seguirán) al servicio del régimen masista. En los 20 años de Evo Morales y Luis Arce el sistema judicial (siempre hay excepciones) ha estado al servicio del poder político. El ministerio de justicia prácticamente se había convertido en el ministerio de la venganza y la corrupción política. Los procesos fabricados contra la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico Marcos Antonio Pumari, constituyen los últimos casos más emblemáticos, pero no son los únicos. Los casos más conocidos como Hotel Las América por supuesto terrorismo-separatismo; Chaparina, La Calancha, El Porvenir, fueron los primeros entre tantos otros anónimos.
Evo Morales reconoció, por ejemplo, que el juicio contra Jeanine Áñez, se decidió con el presidente, Luis Arce, el ministro de justicia, Iván Lima, y otros dirigentes políticos. A confesión de parte, relevo de prueba. Todos estos “procesos” fueron armados con la finalidad de liquidar a la oposición política y a los que denunciaban la corrupción promovida, protegida y ejecutada por el propio gobierno. El señor José María Bakovic fue una de las primeras víctimas fatales del masismo: murió el 12 de octubre de 2013 en los pasillos del tribunal departamental de La Paz mientras esperaba una audiencia. Le inventaron 76 procesos y aunque su vida corría peligro dos médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses desde Sucre, lo obligaron a ir a La Paz donde terminó infartado. Otra víctima fue el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, que estuvo detenido en la cárcel de San Pedro hasta que falleció. Los sicarios judiciales le inventaron 259 procesos y en 26 le impusieron detención preventiva, y tuvo que soportar todos los abusos del poder judicial y del gobierno hasta que falleció preso.
La criminalización política siempre implica una manipulación grosera de las instituciones del Estado y busca proscribir a todas aquellas personas que piensan distinto. Pero ni en las peores dictaduras se había hecho algo igual. En verdad, no existen antecedentes (en la historia democrática) donde la maquinaria estatal (ministerios de justicia, de gobierno, jueces, fiscales, policía, etc.) haya funcionado con tanta perversidad.
El gobierno de Luis Arce nunca se preocupó por las víctimas de Senkata y Sacaba. Lo único que buscaba con la sentencia condenatoria contra Jeanine Áñez era esconder la delincuencial manipulación de los resultados de las elecciones generales de octubre de 2019. El MAS planificó rigurosamente el crimen, con meses de anticipación, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico de última generación. Evo Morales aceitó toda la maquinaria estatal y montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional.
Los sicarios judiciales (existen como evidencias las resoluciones judiciales y fiscales en los tribunales) deben ser no solo destituidos sino igualmente procesados y condenados por haber cometidos los mayores abusos de poder en nombre de la justicia. Es cierto que algunos jueces inferiores fueron obligados, amenazados, incluso, destituidos de sus cargos, pero los azules y los afines han sido verdaderos carniceros de la Constitución y las leyes. Hay que recordar, por ejemplo, al magistrado Gualberto Cusi que no se sometió al gobierno de Evo Morales, pero sufrió las peores humillaciones y terminó igual en la calle.
La puerta giratoria ha comenzado a liberar a los presos y perseguidos políticos de los gobiernos del MAS, y espera que ingresen… los que tienen que ingresar por tanta venganza y corrupción política. La lista es larga y una buena parte debe estar conformada por los jueces, fiscales, vocales y magistrados que no sólo se convirtieron en carniceros de la Constitución y las leyes sino también extorsionaron a los presos y perseguidos políticos. No se trata de simples faltas disciplinarias sino de hechos delictivos muy graves, tipificados como prevaricato, cohecho, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, etc.
La verdadera independencia y dignificación del poder judicial debe comenzar por destituir y procesar a los sicarios judiciales que no solo han detenido y condenado a inocentes sino también han extorsionado, destruido familias, y quitado la vida en muchos casos.
