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¡Por fin lo destituyeron!, fue mi primera reacción tras conocer la destitución de Teodoro Mamani del cargo que ejercía como director ejecutivo del Sernarp, desde noviembre de 2020. A lo largo de estos dos años y medios en el cargo, Mamani dio más de un motivo para que muchos desearan verlo fuera del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Muchos de esos motivos relacionados al maltrato dado sobre todo a los guardaparques, nada menos que a los protectores de las Áreas Protegidas.
A solo tres meses de tomar posesión del cargo, Mamani dio señales claras de que había llegado al cargo con fines partidarios: arrasó con un centenar de guardaparques, tal como fue denunciado en enero de 2021, y los reemplazó con afines al partido de gobierno. Él mismo fue el inicio de ese manejo: llegó al cargo no por capacidades profesionales ideales para ocupar la dirección ejecutiva del Sernap, sino por su condición de dirigente sindical. Un año antes de ser posesionado en el Sernap, había sido elegido secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Las penetraciones a los parques y reservas nacionales, a las áreas de protección natural, fueron una constante a lo largo de este periodo, sin que mediara de su parte las acciones que urgían ser ejecutadas para frenar la explotación ilegal de los mismos. El asedio y las agresiones a los guardaparques por parte de los avasalladores de las áreas de protección fueron también recurrentes, no pocas veces violenta y casi nunca sancionadas. Y no fue por falta de denuncias concretas y públicas. Simplemente, falta de voluntad ejecutiva.
Mamani estaba muy cómodo y seguro en el cargo. Quien diría que iba a perder todos sus privilegios por un asunto que no hace directamente a las tareas del Sernap, sino más bien a relaciones personales que derivaron en la denuncia de acoso sexual presentada en su contra por una funcionaria a la que destituyó en mayo del presente año, tras conocer que estaba embarazada. La denunciante asegura que Mamani quiso forzarla a abortar al bebé, extremo que no se concretó. Tras la denuncia, Mamani restituye a la funcionaria, admite la paternidad ante notario público, pero no la libra del hostigamiento laboral.
El caso llega a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que solo entonces toma la decisión de destituir a Mamani y reemplazarlo por Omar Tejerina, que ya asumió el mando del Sernap. La historia podría acabar por aquí, pero no es lo ideal, ni lo justo, por una sencilla razón: lo revelado tras este caso debiera obligar a volver a poner en mesa el debate de uno de los problemas más graves que hay en la administración pública y que no se limita apenas al Poder Ejecutivo: el de la ausencia total de meritocracia para dar vía libre al prebendalismo, en beneficio del partido de gobierno de turno.
De ese gran problema se desprende otro no menor, que tiene que ver con la actuación de quienes luego suelen presentarse como víctimas, pero que en los hechos alimentan esa perversa cadena prebendal. Pueden ser las Pamela de la vida, pero también los Juan que acceden a ese juego de toma y daca, a sabiendas de que no es lo correcto. Unas sufren más que otros, porque lo que dan a cambio no es solo dinero u otro bien material, como ha sido el caso de Pamela. Dirán que la necesidad tiene cara de hereje, que nadie conoce las carencias del otro o de la otra; y aunque esto puede ser real, deben ya dejar de ser un argumento al que se recurre para justificar al que cede a la presión o a la tentación.
Mientras no seamos capaces de asumir que acá hay un problema de fondo que tiene dos caras, lo que obliga a encarar y poner límites a ambas, no vamos a librarnos de quienes ven en la administración pública una máquina de hacer fortuna a costa del dinero público, antes que un espacio de servicio. Esta vez, la víctima es una mujer que quería asegurarse un puesto de trabajo. Pero en otras es una o un estudiante que quiere asegurarse nota y vencer su semestre o año académico, o alguien que ansía ganar una licitación o lo que sea
Es más, vamos más allá. Este es un problema que trasciende incluso el ámbito público y salta al privado, como bien podemos comprobar si nos ponemos a escarbar otros casos ya denunciados en organizaciones de la sociedad civil o empresas privadas. Digo, las Pamela y los Teodoro están en ese juego doloso en más de un ámbito, alentados sin duda por la urgencia de ganarse un sueldo, en el primer caso, o de satisfacer ansias de control y de poder, en el segundo caso.
Estamos hablando ahora de acoso y abuso sexual, pero bien podríamos también darle más manija al asunto si incluimos en la discusión el acoso a secas, o más precisamente el acoso laboral, del que podemos también compartir ejemplos bien fresquitos que ahora mismo le están quitando el sueño y la paz a un puñado de trabajadores de una institución privada. Problemas de fondo que hacen a la calidad de sociedad y de país que estamos construyendo entre todos, y no apenas desde esos niveles de poder que parecen lejanos.
