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Alcón, Aguirre, Ayaviri. Son los apellidos de tres jueces que forman parte de consorcios mafiosos que tienen la misión de alimentar a un insaciable sistema que succiona dinero a diario, por cualquier acto procesal, a quienes tienen el infortunio de caer en manos del Ministerio Público, juzgados de todo tipo y tribunales superiores.
El sistema y sus consorcios hallaron una mina de oro: los sentenciados a duras condenas por gravísimos delitos. Las ganancias que han extraído de la veta son incalculables. La liberación de violadores, asesinos, narcotraficantes, feminicidas e incluso paramilitares da cuenta de que todo sirve si de enriquecimiento ilícito se trata.
El “modus operandi” no es cosa de otro mundo y garantiza ingresos ilegales para todos en tiempos relativamente cortos. Abogadas y abogados relacionados con los juzgados de sentencia captan al reo peligroso, solicitan su detención domiciliaria sobre la base de un certificado médico que confirma una enfermedad grave o terminal.
Se consiguen garantes por unos cuantos bolivianos, un certificado de buena conducta de autoridades penitenciarias y finalmente sale la resolución del juez (Alcón, Aguirre, Ayaviri) que devuelve a la calle a condenados por violación, asesinato, feminicidio, infanticidio, corrupción y delitos de narcotráfico.
Así se constata que la corrupción de los consorcios y del sistema que los cobija puede más que la protección de la sociedad que queda indefensa ante la liberación de peligrosos criminales que, como Richard Choque Flores, el violador y asesino serial, vuelven a cometer atrocidades.
Repasemos las liberaciones de la mafia triple A (Alcón, Aguirre, Ayaviri). Además de la liberación de Choque Flores, el exjuez Rafael Alcón benefició con detención domiciliaria al descuartizador Rubén Centellas, al feminicida Félix Alfredo Ferreira y al violador Lionel Cortez Paco. Todos sentenciados a 30 años de prisión.
Autoridades del Consejo de la Magistratura y la Fiscalía paceña creen que hay otros seis o siete casos que implican a Alcón y su consorcio con liberaciones a cambio de sumas de dinero que oscilan entre 3.500 y 10.000 dólares. Alcón es ahora un preso más en la cárcel de San Pedro.
Abraham Aguirre, otro juez de sentencia, aplicó el “modus operandi”. Benefició con detención domiciliaria a Marcelo Alejandro, condenado a 30 años por asesinato, y otro varón cuya identidad aún no fue divulgada por instancias fiscales ni disciplinarias.
También sacó de la cárcel al paramilitar Froilán Molina, asesino del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en el golpe de Estado de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, el 17 de julio de 1980. ‘El Killer’ disparó una ráfaga de metralleta a Quiroga Santa Cruz en el asalto a la Central Obrera Boliviana y fue capturado en 2016 en el entretecho de su casa.
Aguirre, ahora detenido en San Pedro, también liberó a la “cara conocida” Gabriela Zapata, sentenciada a 10 años de prisión por delitos de corrupción. Dispuso detención domiciliaria para la expareja de Evo Morales en noviembre de 2021. La Fiscalía revisará la resolución de Aguirre cuando pueda ingresar a sus oficinas, todavía precintadas.
José Ayaviri Siles es el tercer juez liberador de criminales peligrosos. Su especialidad es la excarcelación de narcotraficantes. Dictó detención domiciliaria para Luis Fernando Suárez, condenado a 14 años de prisión por delitos con sustancias controladas.
También benefició a Esmeralda Condori y Rómulo Maldonado Alcón, ambos sentenciados a ocho años de cárcel por narcotráfico. Pero también dio detención domiciliaria a la infanticida Seferina Quispe, quien en 2002 degolló a sus hijos de ocho y diez años en la provincia Caranavi.
Las liberaciones de Alcón, Aguirre, Ayaviri son botones de muestra. El Consejo de la Magistratura mencionó la existencia de otros 13 casos similares en La Paz, seis en Santa Cruz, cuatro en Cochabamba y otros cuatro en Chuquisaca. El colectivo Mujeres Creando entregó una lista de 119 casos al Ministro de Gobierno de los cuales 59 tienen que ver con la liberación de feminicidas y violadores.
La detención de jueces, fiscales, abogados, médicos forenses y trabajadoras sociales, por un lado, y la recaptura hasta el momento de casi una decena de presas y reos sentenciados, por el otro, han sido atribuidas al trabajo de la comisión oficialista de revisión de casos de liberación ilegal de criminales por parte de consorcios mafiosos.
Pero, está claro que los consorcios no se agotan en los operadores de justicia mencionados. ¿Por qué el Ministerio Público no apeló las resoluciones de Alcón, Aguirre, Ayaviri? ¿Por qué las instancias superiores a los juzgados de sentencia y las disciplinarias del Órgano Judicial no revisaron las detenciones domiciliarias para peligrosos criminales?
Es probable que los consorcios sean desbaratados, hasta una próxima rearticulación, pero lo que se mantendrá intacto es el sistema mafioso que con seguridad va más allá de los jueces Alcón, Aguirre, Ayaviri. Solo una reforma integral que dé paso a una transformación ética podrá frenar a un sistema que se alimenta de la corrupción judicial.
