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Marcelo Claure sigue sorprendiendo, ahora con su 2da encuesta, mientras el sistema político guarda un silencio que está empezando a preocupar por razones elementales. Los datos arrojados por la encuesta se prestan para un sin número de análisis, que ya están siendo realizados y sobre los cuales hoy no comentaré. Voy a enfocarme en la defensa del ciudadano elector para ver si estamos viendo la misma película.
Marcelo Claure ha logrado convertirse en el ciudadano boliviano más influyente del proceso electoral. Se conocen reuniones con representantes de partidos, agrupaciones políticas, personalidades, concede entrevistas exclusivas a medios de comunicación, al mismo tiempo que emite juicios de valor sobre situaciones, candidatos y personas a través de sus redes. Repite que busca apoyar a los ciudadanos para que estén mejor informados a la hora de emitir su voto en las elecciones del 17 de agosto, y que apoyará al próximo gobierno que sea elegido. Ha hecho público que aportará recursos personales para realizar encuestas, garantizar la elección del candidato si ella se realiza, y que gestiona recursos para un fondo de apoyo al proceso electoral. Ya firmó un convenio con la Universidad de Harvard que permitirá contar con planes de desarrollo en favor de la población.
Públicamente no integra ninguna agrupación, ha dicho que no alienta ninguna candidatura y ha publicado en sus redes que está “en CONTRA del Movimiento Al Socialismo (MÁS) y (trabajará) para que no vuelvan al poder (X, 2/2/25), mientras, se relaciona de manera directa y expedita con la política y sus representantes. Se expresa con la locuacidad de un empresario exitoso, convencido que lo que está haciendo está bien y cuidando de explicarlo para que lo entiendan.
Las acciones que ejecuta tienen carácter privado, como también las razones que lo motivan; no depende de consultas a líderes políticos, un cuerpo colegiado o directorio corporativo, quedando liberado de cualquier control que no sea su voluntad, el volumen de los recursos personales que destina y el cumplimiento de las disposiciones legales de naturaleza comercial y laboral del Estado. Por tanto, sin observar sus decisiones privadas y comerciales constato que están empezando a ejercer influencia pública, social, política y electoral, por el debate abierto y el impacto directo sobre la ciudadanía, y me preocupa no exista un mecanismo que garantice que las consecuencias que puedan producir, respeten la libertad de pensamiento de los ciudadanos. La página oficial del Órgano Electoral dice en un comunicado que “La difusión de encuestas preelectorales no cuenta con la regulación del OEP” (31 de enero 2025).
Luego de corregidas las observaciones que le fueron observadas sobre metodología y aplicación de la primera encuesta, esta segunda ha dejado paralogizado al sistema político por ofrecer datos que sorprenden y que no son similares a otras encuestas que se difunden por canales públicos de manera regular y mucho menos a las que pregonan los candidatos que supuestamente tienen la preferencia electoral. ¿Cuál de todas ellas, entonces, tiene la garantía de transparencia? La preocupación es legítima porque lo que está en juego no es la medición comercial de un producto de consumo gastronómico sino el futuro de nuestra vida en sociedad.
No he escuchado a los pre candidatos involucrados ni a los jefes de sus agrupaciones, observar, ya no la validez de datos que sacan de circulación a quienes se creen notables mientras posicionan otros nombres, sino sobre la garantía de transparencia que debe tener la orientación electoral en favor de la ciudadanía que permita saber exactamente con la voz de la autoridad pública llamada a ello, si cumple con las exigencias más allá de quien las realiza.
Considerando la buena voluntad, bonhomía y soledad de un mecenas generoso, y para que su labor pueda continuar, estamos en el derecho de exigir reglas de juego que superen cualquier duda sobre los datos y la información.
