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Los buenos resultados de Javier Milei en las elecciones primarias en Argentina han reflotado la discusión sobre Estado y mercado. Milei apoya un bajo nivel de intervención estatal en la economía, planteando una disminución radical de las funciones estatales e incluso la adopción del dólar estadounidense como moneda.
¿Debería intervenir el Estado en la economía? ¿Por qué sí o no? ¿Cómo? ¿Cuánto? Estas preguntas no son nuevas, puesto que llevamos más de un siglo discutiendo sobre el rol del Estado.
En una situación donde varias empresas y muchos consumidores comparten la información, no tienen la capacidad de influir en los precios y pueden entrar y salir del mercado sin problemas, conceptualmente se obtendría un resultado donde los consumidores compran al precio más bajo y las empresas obtienen los réditos más altos.
Por tanto, se alcanzaría un resultado eficiente; y, la intervención estatal sería indeseada e inapropiada porque haría que consumidores y empresas tomen decisiones equivocadas y desperdicien recursos.
Si es así, ¿por qué el Estado tendría que intervenir en economía? Los textos estándares de economía pública indican que la intervención del Estado podría ser beneficiosa bajo ciertas situaciones.
Una tiene que ver con los bienes públicos o aquellos que no serían provistos por el sector privado. Los ejemplos estándar son la seguridad y los espacios públicos.
Un reportaje reciente de la cadena británica BBC narra que en el pueblo de Grafton se redujo al máximo la intervención pública siguiendo la línea libertaria. Los resultados fueron malos: las calles se deterioraron, la criminalidad aumentó y … hubo más ataques de osos negros. En ese caso, más Estado habría sido deseable para la provisión de estos servicios.
Otro motivo es la existencia de externalidades como la contaminación o los congestionamientos vehiculares. En esos casos, el Estado podría tomar medidas para evitar o mitigar los efectos negativos de ambos casos, ya sea mediante impuestos o licencias. Por ejemplo, en varios países el Estado vende “licencias de contaminación”, lo cual permite limitarla y asignarla a las empresas que valoran de veras su producción.
Una razón adicional es que los mercados no son competitivos.
Si existen pocos competidores (en el extremo sólo uno o monopolio), los precios son más altos impidiendo a más consumidores beneficiarse del uso. Y no importa si son monopolios públicos o privados, ambos son nocivos para los consumidores. Pese a que no tengo evidencia rigurosa, las conversaciones de pasillo me sugieren que las tarifas aéreas serían hoy más altas por la menor competencia en el sector.
Otro motivo es que no todos los participantes cuentan con la información completa. Los casos más comunes son los seguros, el mercado educacional, la seguridad social médica e incluso el mercado financiero, en los cuales una regulación estatal podría ser beneficiosa.
Finalmente, en esta breve revisión, también se encuentra el hecho de que consumidores y productores no somos totalmente racionales, sino que las emociones guían nuestras decisiones. Un caso es el ahorro para la jubilación: las personas que operan independientemente ven tan lejano el retiro que deciden no ahorrar o ahorrar muy poco.
En los casos anteriores el Estado podría mejorar el bienestar individual y el bien común, siempre y cuando tenga las capacidades para hacerlo. Por ejemplo, si no existen expertos en economía de la empresa, las regulaciones serían contraproducentes porque no estarían basadas en criterios expertos y darían paso a la arbitrariedad.
También es el caso en el cual el Estado provea bienes públicos innecesarios sin criterios técnicos. Como lo comenté anteriormente, este sería el caso de la empresa pública azucarera porque desde hace 50 años los estudios técnicos desaconsejaron su construcción.
La decisión sobre el tamaño del Estado en cada país es política. Argentina tomará esta decisión en los siguientes meses. Esperemos que no sólo decidan la cantidad, sino también la calidad.
