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La bancarrota económica, que se refleja en la falta de divisas, las colas en los surtidores, la elevación de los precios de los productos nacionales e internacionales, debe tomarse como una oportunidad para diseñar medidas históricas, como fue el famoso decreto supremo 21060 del 29 de agosto de 1985. También se tiene que hacer no solo una reforma parcial a la Constitución, que promueva la inversión extranjera, sino también un cambio estructural en el poder judicial para garantizar la economía. La Constitución tiene unos candados que impiden la llegada de capitales extranjeros y la inversión privada.
El sistema judicial juega un papel fundamental en el desarrollo económico. El Banco Mundial considera que los mercados requieren una judicatura (léase tribunales) que pueda resolver, rápidamente y a bajo costo, los litigios sobre contratos y derechos de propiedad. El mercado necesita que se le garantice acceso seguro, y resultados predecibles en tiempos razonables y soluciones adecuadas. Según el experto Luis Pásara, la conexión entre justicia y crecimiento económico resulta atractiva a entidades que trabajan en el área, acaso porque parecía proveer de legitimidad a su tarea. Una directiva de USAID mostró públicamente que, a comienzos del nuevo siglo, esta agencia exigía reformas a la justicia que promuevan y garanticen el comercio, la inversión y la globalización.
El mercado boliviano necesita que el Estado analice, actualice y modernice la normativa laboral, que data del año 1939, y fue elevada a rango de Ley en 1942. El decreto reglamentario data del año 1943, y el código procesal del trabajo del año 1979. En estos 80 años se han aprobado disposiciones constitucionales y legales, decretos y resoluciones ministeriales, y una copiosa jurisprudencia constitucional (en muchos casos contradictoria), que ha terminado generando inseguridad jurídica para los trabajadores y los empresarios. Un país inseguro que vive permanentemente amenazado, bloqueado, con predios rurales avasallados, un sistema impositivo perverso, etc. bloquea la iniciativa privada, y la inversión internacional.
Los empresarios exigen que el Estado proporcione seguridad jurídica para poder trabajar y poner el hombro al país. Y debería aprobarse una flexibilización tributaria hasta que la economía se recupere y existan evidencias concretas de su estabilización y reactivación. Sin seguridad jurídica no hay inversión nacional e internacional. Nadie en su sano juicio traerá parte de su capital y buscará trabajar en procura de acrecentar su patrimonio en un país, salvo que existan unas determinadas condiciones económicas, políticas y sociales.
La seguridad jurídica no funciona sola, sino que debe estar acompañada de una serie de condiciones objetivas y subjetivas. Un país inseguro no es el terreno fértil para la iniciativa privada, menos para que fluyan las inversiones internacionales. Las condiciones políticas son tan relevantes como normas jurídicas claras, instituciones fuertes, un régimen impositivo atractivo y sobre todo un sistema judicial independiente e imparcial.
La normalización de relaciones diplomáticas con Estados Unidos resulta fundamental para generar un clima de confianza entre ambos países y el interés de los potenciales inversores extranjeros. El presidente electo Rodrigo Paz se ha mostrado convencido de la necesidad de volcar la página, y abrirse al mundo en todo sentido. Bolivia ha vivido encuevada y ha privilegiado las relaciones ideologizadas que han sido todo un fracaso en los últimos 20 años.
Es verdad que existe la Ley para promover las inversiones, la Ley de conciliación y arbitraje, entre otras, que necesitan ser desarrolladas para canalizar el ingreso de “capitales frescos” y así contrarrestar la escasez de divisas y la caída de nuestros productos de exportación. La necesidad de dinamizar la economía y dejar de raspar la olla resulta poco menos que imposible si el gobierno no abre la economía y la promociona fuera de nuestras fronteras.
En la era de la globalización ningún país puede estar al margen de los grandes mercados y movimientos económicos y financieros. Cuba es el mejor ejemplo ya que hace tiempo abrió y flexibilizó su régimen económico para permitir la inversión extranjera a objeto de dinamizar el sector productivo y hacer crecer a su paupérrima economía. Los acuerdos de protección al capital extranjero tienen que actualizarse, incluyendo cláusulas favorables al inversor. En toda esta cruzada económica es imprescindible tener también un poder judicial, fortalecido, independiente, imparcial y competente, porque en sus manos está la mentada seguridad jurídica.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
