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Cuando nació el llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) en 2004, se estableció un esquema fundamentado en el aprovechamiento de los recursos naturales y del excedente económico de los sectores estratégicos, con el fin de redistribuirlo y así lograr la reducción de la desigualdad social y la pobreza. Los sectores estratégicos comprenden las empresas estatales con una fuerte presencia en las industrias de hidrocarburos, minería, entre otras, es decir, enfatizando aquellos sectores tradicionales que caracterizan a Bolivia como país exportador de materias primas.
Para el funcionamiento del MESCP, es necesario capturar esos excedentes y redirigirlos hacia otros sectores, incluyendo otras empresas estatales no necesariamente estratégicas, y a la población mediante programas sociales basados en la entrega de bonos y subsidios. Todo con el Estado al centro, como el articulador de la captura y distribución de los excedentes, jugando una función de planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero.
El MESCP se robustece el año 2005 con la promulgación la nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, que dio origen al IDH y, por ende, se alimenta de una redistribución significativa de los ingresos por la renta petrolera. Esta coincidencia también se alinea con los beneficios de la notable condonación de la deuda externa de Bolivia de esa época.
Para garantizar su funcionamiento, el modelo debe apropiarse de las fuentes generadoras de excedentes. Así, la nacionalización de empresas extranjeras, el control y propiedad de los recursos naturales, combinados con los altos precios de las materias primas, son fundamentales.
Con la bonanza de ingresos producida por el superciclo de precios de las materias primas, el presidente Evo Morales asumió el mando en 2006 con un modelo económico perfectamente diseñado para capitalizar todo lo construido en años previos. El MESCP, siendo parte del programa de gobierno de Morales, se convirtió en el instrumento perfecto para aprovechar la coyuntura.
Mientras los ingresos públicos aumentaban rápidamente con la captura de excedentes respaldados por los altos precios de las materias primas, también crecían los ingresos de gobiernos regionales, municipios, universidades y otros entes que, junto con el gobierno central, emprendieron el programa de consumo y gasto público más grande en la historia boliviana. Precisamente, el consumo y gasto impulsaron la demanda interna y el crecimiento económico del país.
Sin embargo, en 2014 la bonanza cesó. Los precios de las materias primas cayeron, y el modelo comenzó a perder su principal fuente de ingresos. Ya no había la misma cantidad de excedentes para repartir, pero los gastos y el consumo no podían reducirse. Los bonos sociales y el acceso a grandes obras en las regiones se habían convertido en derechos prácticamente adquiridos. Los gastos y el consumo debían continuar, así que fue necesario encontrar nuevas fuentes de financiamiento ante unos gastos que superaban los ingresos. Técnicamente, el modelo estaba expirando.
Por lo tanto, desde 2014, cuando se manifestó el primer desbalance presupuestario reflejado en un déficit fiscal, la actividad endeudamiento tomó relevancia. Dado que todo déficit fiscal requiere financiamiento, las deudas externa e interna empezaron a reemplazar los excedentes que anteriormente sostenían el MESCP.
Después de haber cosechado en lugar de sembrar, y teniendo la deuda pública como única fuente de recursos viable a causa de la baja calificación de riesgo del país y el fracaso en la venta de bonos soberanos, para continuar con el MESCP ya expirado, se optó por lo más fácil: deuda interna.
Con el modelo económico agotado y el gobierno en negación, determinado en reanimarlo incrementando la deuda y el gasto público, se presionan peligrosamente las cuentas fiscales.
