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Casi todos los políticos en campaña, utilizan la palabra trillada: “cambio”. Todos prometen el cambio y muchas veces terminan haciendo tan solo gatopardismo.
Una vez, que al político le toca el turno en el poder, algunos gobernantes, sin realizar ajuste a la baja del gasto público, continúan con la vieja fórmula de siempre, esto es: más cargas al sector formal y más endeudamiento del sector público. Mayor informalidad delincuencial e informalidad laboral, aplicando infierno fiscal, burocratizando todos los trámites, cada vez más lentos, tediosos, complicados y con largas colas para conseguir algo, lo cual es generador de mayor corrupción, sumado a la multiplicación de los “incentivos perversos” a costa de los formalismos, es decir, inventarse en la función pública una serie de pasos y certificaciones, renovaciones, etc., bajo la solapada lógica de que a mayor cantidad de trámites que se crea, se tiene más ingresos para financiar sus presupuestos, para pagar al personal, para alimentar la caja chica, etc.
Una muestra de aquello (incentivos perversos), por ejemplo, en Bolivia, es el decreto supremo N°4732, concerniente al sector empresarial inmobiliario y los constructores, relacionado a los contratos de venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas como preventas, de un bien inmueble de cualquier tipo, se les exigirá previamente contar obligatoriamente con la certificación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, donde verifique y mencionen que no contiene cláusulas abusivas además de una serie de parámetros (cantidad de documentos que los administrados deben presentar) para dicha certificación.
Esa certificación, difícilmente será gratis, para el administrado; y, además tendrá la demora correspondiente, cuando todo ese gasto tranquilamente puede evitarse, siendo pues el ente (Viceministerio de Defensa de los derechos y del consumidor) quien establezca y cuelgue en su página web, los modelos de cláusulas válidas para que conozcan y accedan libremente los administrados; y, únicamente cuando éstas no se encuentren previstas y/o sean manifiestamente abusivas en los contratos de los administrados pues dicho afectado recién pueda acudir directamente al referido ente estatal con la respectiva denuncia pertinente, y no así que a todos los administrados que estén en este segmento, se les obligue a pagar por certificaciones previas, aumentándoles más gastos económicos y una mayor demora en la tramitación.
No existe motivo alguno para que se cumpla aquella expresión de “pagar justos por pecadores”, a menos que sea tan sólo utilizado como un simple pretexto para mayores cargas y gastos a los administrados en beneficio del agigantado aparataje estatal.
Del mismo modo, también constituye incentivo perverso, por ejemplo, el contenido en el decreto supremo N° 4690, donde se puede advertir que las credenciales de los abogados desde el 2009 al 2012, no tienen fecha de caducidad o vencimiento, por ende, ahora se exige que absolutamente todas las credenciales sean renovadas, colocándoles fechas de caducidad, y cada renovación tiene un determinado cobro que podría oscilar entre 200 a 400 bolivianos.
La ley del ejercicio de la abogacía menciona el registro y matriculación en el Ministerio de Justicia (misma que fue bastante criticada al momento de su promulgación) pero en dicha ley, no establece que deba estar renovando todo el tiempo dichos credenciales. Solo establece la reposición, obviamente en caso de pérdida.
Al margen de que sabemos que con ese pretexto se busca mayor recaudación (hacer depósitos bancarios) cada cierto tiempo y mayor carga al administrado, ¿Cuál es el motivo, de andar renovando credencial? ¿Acaso una credencial es más que un título profesional? o ¿una credencial otorga derecho a trabajar? ¿Los abogados que no hubieran cambiado hasta el 30 de junio de 2022, sus credenciales que recibieron el 2009 al 2012, tendrán obstáculos en su normal desempeño laboral?
Se puede exigir estar registrado en ciudadanía digital, de eso no hay problema, pero de ahí, a que pidan y exijan renovar credencial y de no tenerlo renovado, luego no permitirán trabajar, ni obtener acceso a expedientes, etc., eso constituirá un abuso de poder y un total despropósito.
Esto (incentivos perversos) necesariamente debe cambiar en todo el aparato estatal en general (llamase Estado central, gobernaciones, alcaldías, oficinas de Derechos Reales, etc.), porque cuando los trámites por norma resultan siendo morosos y complicados, usualmente y en muchos países acaban siendo un caldo de cultivo para la corrupción. Cuando toda la maquinaria es concebida de manera compleja empiezan los sobornos por agilización, etc. En vez de simplificar y digitalizar los trámites, se los complica y crean nuevos e innecesarios, constituyendo más cargas y gastos al administrado.
Otra modalidad más perniciosa en algunos países, es el uso de fórmulas abusivas de larga data, por parte de los políticos en función de gobierno, como lo es el revanchismo y el lawfare, destruyendo la independencia de poderes, cooptando el poder judicial, y en algunos casos las cortes o tribunales constitucionales, porque eso les ofrece impunidad y, es más, no solo se protegen ellos, sino que además amedrentan y persiguen a sus enemigos políticos o rivales opositores. Eso ha venido ocurriendo repetidamente en varios países latinoamericanos.
Y lo más dañino de todo, es si se trata de “cambiar para peor”, esto es, por ejemplo: miles de millones de personas en el mundo desplazándose de un país a otro, por problemas de seguridad interna y de no poder cubrir sus necesidades básicas de subsistencia en su propio país debido a gobiernos autoritarios, corruptos y tiránicos, o por los efectos de los “cambios” climáticos, entre muchos otros factores.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
