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Vivimos tiempos difíciles y angustiantes. A nivel global, resurgen conflictos bélicos, gobiernos elegidos por la vía electoral adoptan formas autoritarias, y la polarización ha sustituido al diálogo con resultados trágicos para personas e incluso pueblos. Y Bolivia no es la excepción.
¿Por qué pasa esto? En parte porque los propios líderes electos erosionan sus instituciones desde dentro. Así lo advirtieron Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra Cómo mueren las democracias, donde describen con claridad cómo el desprecio por las reglas del juego y la deslegitimación del adversario pueden desmantelar el sistema democrático sin necesidad de atacar directamente el sistema de pesos y contrapesos.
¿Debería preocuparnos? Sí, porque la democracia no es solo un procedimiento electoral, sino un mecanismo complejo de rendición de cuentas, deliberación pública y respeto a los derechos fundamentales, pero en un entorno “pacífico”.
En este contexto, la libertad de expresión es un componente esencial de ese equilibrio democrático. En una obra reciente, Las crisis de la democracia, Adam Przeworski sostuvo que, sin derechos básicos de expresión y asociación, las elecciones pierden su esencia.
Proteger la libertad de expresión hoy implica no solo garantizar el derecho a hablar, sino también a escuchar visiones diferentes.
El desafío actual es cómo hacerlo en un entorno polarizado. Cass Sunstein, en sus escritos sobre la república en la era digital, señala que el auge de las redes sociales ha fragmentado el debate público, atrapando a las personas en “cámaras de eco” donde solo se refuerzan ideas preexistentes.
A eso debemos añadir la proliferación de desinformación deliberada. En Mentiras: falsedades y libertad de expresión en una era de engaño, Sunstein señala que las mentiras pueden afectar la salud pública, el proceso electoral o la cohesión social, como lo vemos estos días en el país. La solución más segura sigue siendo más deliberación, no menos; y peor aún la censura.
Una buena democracia requiere también valores compartidos. Los ya citados Levitsky y Ziblatt destacan la tolerancia mutua y la autocontención. Es decir, que los actores políticos se reconozcan como legítimos adversarios y no como enemigos existenciales, y que eviten usar todo el poder que formalmente podrían ejercer, tal como hemos visto en el país.
En América Latina, estos principios retrocedieron por el avance del populismo de izquierda, centro y derecha, un fenómeno que, según Andrés Velasco e Irene Bucelli en Populismo: orígenes y respuestas alternativas de política pública, divide a la sociedad entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta”, minando así la posibilidad de acuerdos duraderos y necesarios y dividiendo aún más a los países.
Más allá de su valor propio, la democracia tiene impactos económicos. En Los orígenes económicos de la dictadura y la democracia, Daron Acemoglu y James Robinson explican que los regímenes democráticos surgen cuando las élites, políticas o económicas, ceden parte del poder para reducir la conflictividad, lo cual promueve el bien común.
Años después, en su artículo La democracia sí causa crecimiento, junto a Naidu y Restrepo, demostraron que las democracias promueven el desarrollo al fortalecer los derechos de propiedad, ampliar la inversión en capital humano y mejorar la provisión de bienes públicos.
De hecho, Amartya Sen, premio Nobel de Economía, señaló en El valor de la democracia que ningún país democrático con prensa libre ha experimentado una hambruna. Es decir, la deliberación abierta y el control ciudadano pueden salvar vidas al obligar a los gobiernos a responder a las necesidades urgentes de la población.
Bolivia no es ajena a estos desafíos. La fragilidad institucional, la polarización permanente y la desconfianza entre actores han debilitado la calidad democrática. En lo económico, la urgente solución a la crisis y la posterior recuperación NO podrán lograrse sin democracia, libertad e instituciones confiables.
