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El Decreto N° 5515 ha reavivado las discusiones sobre la fragmentación del gobierno de Rodrigo Paz, el presidente, y Edmand Lara, el vicepresidente. Dicho documento relegaría la figura del vicepresidente, permitiendo que el presidente gobierne incluso en el extranjero, haciendo uso de medios tecnológicos, o marcando la agenda que el vicepresidente debe seguir, apelando al Ministro de la Presidencia. Dejemos que sean los abogados los que juzguen si tal decreto es legal o no. En cambio, aprovechemos la oportunidad para un ejercicio reflexivo sobre lo que, me parece, debería estar en el centro de la discusión.
Los defensores del decreto aducen que no puede dejarse a una persona tan impredecible como Lara en la presidencia, pues su actuar errático podría traducirse en un daño irreparable para cientos de miles de bolivianos. Aquí me permito plantear el debate en términos distintos, dejando que sean los psicólogos los responsables de evaluar la salud mental del vicepresidente.
Que la crítica parta de la posibilidad de que un hombre con emociones inestables puede afectar de manera negativa a la población no excluye que otro hombre, con nervios de acero y paciencia budista, pueda lograr el mismo resultado. Es decir, que el presidente, en ejercicio de sus funciones, pueda perjudicar a tantas personas es un defecto que no parte del carácter, sino del poder con el que su figura, la presidencia, está investida. Quizás un ejemplo, partido en dos situaciones opuestas y extremas, ilustre el punto al que quiero llegar.
Imaginemos un presidente que, por cinco años, es elegido para gobernar de manera despótica. No conoce otra limitación que su propia voluntad. La oposición pasa a ser considerado un crimen que se paga con la cárcel y su palabra es la ley. Ante una decisión de estas características, el votante no se centraría tanto en la calidad de la salud mental de los candidatos, sino en denunciar acertadamente que ningún hombre debería ser confiado con tal potestad.
Ahora imaginemos el caso contrario, a saber, el de un presidente meramente ceremonial, cuya única función consiste en ordenar el redoble de las campanas para anunciar el mediodía. Nótese cómo, ante esta nueva disyuntiva, el votante tampoco parece tener muchos incentivos para ocuparse del temperamento del próximo mandatario. Incluso si los candidatos fueran denunciados como completos incompetentes, poco lúcidos y hasta erráticos, lo que está en juego, después de todo, sería el simple sonido de unas campanas a mitad de jornada, sin mayor trascendencia para la vida social.
El problema, entonces, no es que nos gobiernen las personas incorrectas. El problema es que nos gobiernan demasiado. La intranquilidad por los eventuales desvíos de Lara del programa de Paz, por muy justificados que puedan parecer, pasa por alto el hecho del elevado grado de discrecionalidad del que goza la figura del presidente en nuestro sistema político. Creer que la problemática se agota en una descoordinación entre ambos es simplemente perder de vista el bosque por los árboles.
Lo que debería quitarnos el sueño es el hecho de que, por medio de una firma, el presidente puede decidir sobre incontables aspectos de la vida de los individuos. Si contáramos con un gobierno que se limitara a la defensa interna y externa del territorio, y a la protección de los derechos individuales, quién ocupa el cargo de la presidencia pasaría a ser una preocupación secundaria, incidental.
Por contraintuitivo que parezca, si no podemos confiarle el cargo a alguien que nos parece errático en sus juicios, pues anticipamos el daño que podría causar, resulta que, si asumimos las mismas ideas en ambos, mucho menos podemos confiárselo a quien actúa de manera calculada y fría. El primero terminará encontrando el fracaso más temprano que tarde, producto de su irracionalidad; el segundo, en cambio, es una verdadera amenaza, por cuanto su proceder premeditado encontrará mejores estrategias para una dominación más efectiva.
El alcance de la autoridad política, qué puede y qué no puede decidir el presidente o la Asamblea –el Estado en su conjunto–, he ahí el asunto de fondo y el norte de las reformas que, como país, necesitamos. Bolivia debe aspirar a una política en la cual la preocupación del ciudadano deje de estar en quién asume tal o cual cargo, pues confía en que sus instituciones limitan su poder de tal modo que sus derechos individuales siempre encontrarán sólidas garantías, con independencia de quiénes sean llamados a ejercer la función pública. A eso le llamo una reforma liberal.
