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El Deber otorgó el “Patujú de Bronce” a Oscar Hassenteufel Salazar, expresidente del tribunal supremo electoral. El merecido reconocimiento se otorga a quiénes han tenido un rol protagónico y han contribuido a construir una sociedad más unida, justa y solidaria. El homenajeado recordó que, en el 2019, no tenía la menor idea ni la más remota intención de volver a ser un servidor público, pero la voluntad divina se impuso.
En el fondo todo le resultaba bastante familiar, pues ya había sido presidente de la ex Corte Nacional Electoral desde noviembre de 2001 hasta marzo de 2006. Su incursión en el servicio público comenzó, como juez instructor de Riberalta (Beni); luego superintendente de minas de Potosí, fiscal en la ciudad de La Paz, y ascendió hasta llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. También ejerció como abogado y la enseñanza universitaria. Sin embargo, presidir el Órgano Electoral, y administrar las elecciones judiciales y las elecciones nacionales, incluyendo la segunda vuelta electoral, ha sido su mayor desafío. El Personaje del Año tuvo la fortaleza, la templanza y la inteligencia para contener todas las turbulencias ‒internas y externas‒ de los últimos cinco años del gobierno del Movimiento al Socialismo (El MAS).
El tribunal supremo electoral, que presidía Oscar Hassenteufel Salazar, garantizó el ejercicio pleno de la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Tuvo a su cargo la gestión no sólo de ampliar la democracia intercultural y paritaria, directa y comunitaria sino también la implementación de mecanismos transparentes y confiables. Los resultados electorales en tiempo récord despejaron las susceptibilidades y alejaron toda posibilidad del fantasma del fraude. En realidad, no hubo ningún indicio, amenaza o denuncia de alteración de los resultados.
La Constitución establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, de manera individual o colectiva (arts. 26-28). El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra los derechos políticos: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegido en elecciones periódicamente y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
Aunque la Constitución proclame la democracia “directa”, lo cierto es que promueve la democracia de corte representativa, que descansa en el protagonismo de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas. En esta línea, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 3, establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa (…) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
El Órgano Electoral tiene que garantizar los derechos de las minorías, de modo que el criterio más fiable para comprobar si un país es o no libre es el grado de seguridad de que gozan las minorías que están en la oposición a la hora de mostrarse y ejercer sus derechos políticos y de fiscalización del poder. El voto ciudadano permite participar en la conformación de los poderes públicos y la elección de autoridades y representantes nacionales, departamentales, municipales, regionales, etc.
En la gestión del homenajeado quedó pendiente, no obstante, el “voto electrónico”, incluso de votar con anticipación y sin necesidad de hacer cola ni tener que paralizar el país todo un día (así sea domingo). El Sistema Electoral aún no ha tenido la capacidad de subirse totalmente a la “carretera de la información” ni utilizar las herramientas tecnológicas. La revolución tecnológica se convierte no solo en una aliada estratégica de los procesos electorales sino además fortalece la confianza, la institucionalización y modernización del Estado.
Que el tribunal supremo electoral a la cabeza de Oscar Hassenteufel haya logrado, pese a todo, transparentar el proceso electoral, entregado los resultados en tiempo récord y no haya ninguna denuncia de fraude, lo convierte en un verdadero paladín de la democracia.
