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El escándalo de los ítems fantasmas en Santa Cruz, que podrían ser miles en una institución municipal con más de 8.000 funcionarios, no solamente está mostrando hasta donde puede llegar la corrupción, sino cuán lejos estamos de ser un país que se respete a si mismo y en el que se hagan las cosas con un mínimo de seriedad para investigar, procesar y sancionar.
En 24 horas, el Ministro de Gobierno, ahora cabeza del Alto Mando policial, dio dos versiones totalmente opuestas sobre la ubicación del principal sospechoso del caso “ítems fantasmas” y lo hizo sin sonrojarse. Este lunes aseguró que Antonio Parada Vaca permanece en el país y este martes informó que salió del territorio nacional, no se sabe por dónde.
¿Cuál de sus dos versiones debemos creer? ¿Qué tipo de informes de inteligencia y de flujo migratorio recibe (o no recibe)? ¿Está verdaderamente al tanto de la seguridad interna del país? La palabra de Eduardo Del Castillo está devaluada y no de ahora, sino desde que decidió jugar con el poder que circunstancialmente tiene como Ministro de Gobierno.
Dijo que la expresidenta Jeanine Áñez se infringió unas lesiones y en realidad se trató de un intento de suicidio; se metió con Adepcoca y salió derrotado; minimizó el secuestro y torturas en Las Londras y resulta que es un grupo armado que actúa con impunidad; desapareció en el paro de los nueve días contra la Ley 1386 y la Policía apareció protegiendo a encapuchados que desbloquearon con violencia a bordo de camionetas incautadas al narcotráfico.
Así estamos en un área tan sensible como es la protección de la sociedad, particularmente la cruceña que habría sido asaltada durante años con la supuesta creación de ítems fantasmas y el principal investigado estaría fuera de Bolivia, sin que las fuerzas de seguridad se hayan percatado de su salida.
Pero, hay más miserias destapadas hasta el momento por el caso “ítems fantasmas”. La denuncia efectuada por la nueva gestión municipal en mayo de este año, que contabiliza alrededor de 2.000 ítems fantasmas, que abarcarían a los 800 del escándalo, fue rechazada de un plumazo por la Fiscalía Departamental porque no encontró elementos suficientes para investigar.
Y ahora, en lugar de que su principal autoridad, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, esté rindiendo cuentas de la manifiesta inoperancia o de un posible involucramiento en el caso, hábilmente se ha mimetizado entre los supervisores enviados por la Fiscalía General del Estado y los fiscales que están trabajando en el terreno.
No es parte del trabajo operativo, pero Róger Mariaca brinda declaraciones de prensa dando cuenta de allanamientos, aprehensiones e incautaciones de documentos; justificando a cada momento la “intervención” a la que se sometió la Fiscalía cruceña; y haciendo piruetas discursivas para sortear la lógica pregunta de por qué se rechazó un caso que causó un enorme daño económico a la Alcaldía más grande del país.
Es notorio el afán del Fiscal Departamental, no por esclarecer el caso de los ítems fantasmas. Definitivamente no. Es evidente que su principal interés es cuidar el cargo y si para conservarlo debe entregar el control absoluto del Ministerio Público de Santa Cruz a autoridades fiscales de otros departamentos, no debería caber duda alguna que lo hará.
Pero, las miserias alrededor del caso “ítems fantasmas” también brotaron en el terreno político con los ridículos intentos de parlamentarios del MAS de conectar el presunto caso de legitimación de ganancias ilícitas con un supuesto financiamiento a la rebelión ciudadana de 2019 que provocó la renuncia de Evo Morales o con el paro multisectorial de los nueve días que obligó a su gobierno a abrogar la Ley 1386.
La respuesta, del mismo calibre, vino de los dedos del expresidente Jorge Quiroga, quien recordó en su cuenta de Twitter la colusión que hubo entre la organización política de Percy Fernández y Angélica Sosa con el masismo en los últimos 15 años, dejando entrever que podría producirse un pacto para evitar la implicación de masistas en el caso de los ítems fantasmas.
Donde se encuentre, Antonio Parada sonríe porque con autoridades de gobierno que no saben lo que pasa, fiscales que no buscan la verdad de los hechos y políticos interesados en desprestigiarse, tiene la ventaja de evaluar si es conveniente seguir clandestino o reaparecer previas garantías de no ser sancionado drásticamente en el mayor escándalo de presunta corrupción que haya experimentado el municipio cruceño.
