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Secuestros y torturas, golpizas y otras agresiones, asfixia económica, amedrentamiento, estigmatización, censura, ataques a medios de comunicación, limitación en el acceso a la información… Ejercer el periodismo en Bolivia es riesgoso porque periodistas y medios independientes son tratados como verdaderos enemigos desde el poder.
Mayo trae dos días significativos para los trabajadores de la prensa. El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y el 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano. En los últimos 17 años dejaron de ser fechas de celebración y, más bien, son momentos de reflexión y de recuento de daños. Los resultados son cuando menos preocupantes.
Entre ambas fechas, el 8 de mayo, un juez ordenó la aprehensión del Director de Radio Fides en Potosí para que testifique en un juicio penal iniciado por el cuestionado gobernador Johnny Mamani contra un asambleísta departamental, a quien el periodista Germán Vidaurre entrevistó sobre el escandaloso caso de corrupción en la compra de 41 ambulancias.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de Potosí y la Federación de Trabajadores de la Prensa de ese departamento reaccionaron rápido y denunciaron el hecho como un nuevo intento de vulneración de la Ley de Imprenta, vigente en el país desde 1925, con el objetivo de judicializar el trabajo de los periodistas.
Tres días antes, el 5 de mayo, el presidente ejecutivo de Comibol increpó y le negó el acceso a la información a un periodista del diario El Potosí cuando le consultó qué hará para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí. Estos casos se suman al acoso judicial contra un periodista de Yapacaní por parte de un fiscal y policías, quienes lo citaron para que revele los datos personales de una fuente atracada por supuestos policías que le robaron su coche y 10.500 dólares.
Según el Observatorio de UNITAS, del 1 de enero al de 3 de mayo de este año, se cometieron 34 ataques contra la libertad de prensa en el país. Esa cifra sube a 37 con las dos agresiones en Potosí y el acoso en el municipio cruceño de Yapacaní. 2022 terminó con 201 vulneraciones al trabajo de los periodistas, lo que supone un impacto negativo para la democracia boliviana.
El año pasado la mayor cantidad de atentados se produjeron en el departamento de Santa Cruz, a propósito del paro de los 36 días por el Censo Nacional y los constantes avasallamientos de tierras con graves golpizas a reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubrían hechos violentos en la capital cruceña y municipios rurales, además del incendio del vehículo de un periodista.
En octubre de 2021 se produjo el hecho más doloroso para el periodismo boliviano. Seis trabajadores de la prensa de Santa Cruz, además de otras 11 personas, entre policías, empresarios y trabajadores agrícolas, fueron secuestrados y torturados por integrantes de un grupo irregular armado que horas antes había avasallado el predio Las Londras, en la provincia Guarayos.
Un año y medio después de semejante vejamen no existe acusación formal contra los cabecillas del grupo de encapuchados que plagió a las 17 personas que fueron obligadas a firmar, a punta de golpes y amenazas, un acta en la que reconocían a los avasalladores como dueños de la propiedad tomada con armas de fuego, machetes, palos y petardos de alto poder.
Los ataques a las libertades de prensa y de expresión también salieron de órganos de poder como el Ejecutivo y Legislativo que ha intentado criminalizar la labor de los periodistas en al menos cinco ocasiones son normas que disponían penas de hasta siete años de prisión, cuando los tribunales de imprenta están en pleno funcionamiento.
A todo ello hay que añadir las difíciles condiciones de trabajo en medios de comunicación tradicionales y digitales. Sueldos pagados con retraso, falta de seguridad social y recurrentes contrataciones como personal eventual también confabulan contra los periodistas bolivianos.
Un reciente comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas afirma que en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023, de Reporteros Sin Fronteras, instancia que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países, Bolivia se ubica en el puesto 117, forma parte del bloque de 42 países en “situación difícil” para la vigencia de la libertad de expresión y de prensa, y está en la posición 130 cuando se habla de falta de seguridad para las y los periodistas.
A pesar del panorama adverso, hay periodistas y medios independientes en el país que siguen investigando hechos irregulares y continúan descifrando discursos oficiales, denuncian actos de corrupción, ponen al descubierto abusos de poder y luchan contra la censura.
Las nuevas dirigencias de las asociaciones, confederaciones y federaciones, aquellas que han jurado en los últimos meses, están mostrado un renovado compromiso con la defensa de las libertades de prensa y expresión, no como un asunto que compete solo a los periodistas, sino como derechos de todos los bolivianos.
