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Sobre la reformulación del presupuesto para el año 2023, se armó un verdadero zafarrancho, que propagó sobre la opinión pública boliviana, nubes de confusión, propaganda engañosa, y una densa red de mentiras, técnicas y políticas. En el fondo, este es uno más de los capítulos de la pelea tóxica entre los ex hermanos y compañeros del proceso cambio.
En agosto de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió la reformulación del Presupuesto General de Estado (PGE) del 2023, con dos objetivos: Incrementar los recursos para gastos e inversiones por un valor de Bs 6.455 mil millones y establecer disposiciones financieras específicas para su aplicación.
Este proyecto de ley ha pasado por las instancias legales pertinentes. El Senado boliviano aprobó la reformulación del PGE 2023 en lo que se refiere a los gastos adicionales, pero se han eliminado siete disposiciones adicionales bajo el argumento de que no hacen a la esencia de la reforma presupuestaria y la política fiscal en curso. También siguiendo las normativas vigentes, la nueva propuesta enviada desde el Senado, se discutió en la Asamblea, que incluye diputados y senadores, donde se podía haber rechazado o aprobado las enmiendas hechas. Se optó por el primer camino con la mayoría de los votos del Gobierno.
Como antecedentes de este análisis, también cabe recordar cómo está la distribución de los nuevos recursos requeridos por el poder ejecutivo. El 70 % de este dinero iría al Gobierno central, y el 30% a gobernaciones, municipios, universidades y otras instituciones.
En el pasado y cuando el MAS tenía el control total en senadores y diputados. Con los 2/3 de los votos, las aprobaciones y reformulaciones de los presupuestos eran automáticas y se usaba la técnica del “aprovechamiento” sin que nadie diga pio. Seguramente muchos de ustedes han asistido a la siguiente situación. Un minibús va por una avenida con mucho tráfico y en el medio de la cuadra con autos a la izquierda y la derecha, un pasajero sin el menor empacho dice: maestrito puedo aprovechar y este con complicidad impune, le responde a quemarropa: Aproveche nomás, joven. Algo similar ocurría con la ley del presupuesto y sus reformulaciones en el pasado. El Gobierno siempre aprovechaba para corregir y enmendar a veces asuntos secundarios, pero también temas que nada tenían que ver con la gestión fiscal. Esta práctica fue común por 17 años.
Sin embargo, en esta oportunidad una parte de los seguidores de la práctica del aprovechamiento, en un ataque de sensatez y también de oportunismo político, se oponen hacer pasar tres hormiguitas, dos cebras y dos elefantes gigantes, las siete enmiendas. Además, saben que entre gitanos azules no se pueden leer la suerte, se conocen todas las mañas.
El Gobierno hace cuestión de Estado por las siete enmiendas y denuncia el sabotaje económico de una nueva mega coalición de archienemigos del pasado. Ahora Evo duerme con Camacho. La narrativa que instala es que si no se aprueba el presupuesto en su totalidad, gobernaciones, municipios y universidades serán estranguladas financieramente. Es un todo o nada. Se argumenta que el desarrollo económico de Bolivia, todos los equilibrios sociales y económicos están en juego si no se aprueban las siete enmiendas que, a estas alturas del campeonato, se han convertido en los Demiurgos del proceso de cambio. Pero veamos si el mundo va a parar y no se podrá ejecutar el dinero si estos sietes jinetes no avanza. Dígase de paso, que las siete enmiendas que modifican artículos de cinco leyes.
La primera modificación es al párrafo 1 del artículo 13 de la Ley 169 de 9 de septiembre de 2011. Este cambio lo que hace es dar más libertad a las instancias ejecutivas para gastar o invertir el dinero. Ocurre que los consejos municipales o asambleas departamentales ponen trabas y las inversiones se tarda mucho tiempo en su ejecución. La economía regional viene funcionando casi 17 años sin esta flexibilidad. Parece razonable que se dé más autonomía. Entre tanto, está lejos de ser un tema de vida o muerte, en especial cuando falta un mes y medio para terminar el año.
Una segunda enmienda es que se introducen párrafos al artículo 19 de la Ley 317 del 11 de diciembre de 2012. Con este cambio se autoriza al MAF a realizar saques automáticos de los gestores de salud y las empresas públicas. Claramente esta medida muestra la hambruna fiscal que vive el Estado que necesita plata desesperadamente. Por lo tanto, autoriza que el Estado central meta la mano en estas entidades descentralizadas. Es una prueba más que el Gobierno está raspando la olla. Es un peligro dejar a este Estado central famélico de recursos y con las uñas grandes libre para asaltar los recursos de entidades descentralizadas. Por lo que restringir a este Estado no parce mala idea y no compromete en lo más mínimo los gastos y las inversiones que realicen gobernaciones, municipios y universidades.
Una tercera enmienda modifica el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1493 de 17 de diciembre de 2022. La redacción que se propone es que se cree el fondo de fomento al desarrollo de la ciencia tecnología para incentivar el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovaciones, ejecutadas a través de universidades e institutos técnicos. Esta sin duda alguna es una medida trascendental para el sistema universitario y por supuesto no podría entrar de contrabando en una ley que solo buscas reformar el presupuesto. Es un tema que necesitaría de una ley propia dada su importancia y al alcance y requeriría por supuesto un gran debate nacional
En la estrategia de parchecitos está una disposición única a la Ley 1431 de 5 de mayo de 2022 que asigna recursos adicionales del TGE en favor de la Procuraduría General del Estado, para que el Estado tenga plata y busca acuerdos de solución amistosa en tema de derechos humanos. Aquí nuevamente es un tema sumamente delicado y complejo y requeriría toda una normativa propia y por supuesto, una evaluación del trabajo de la Procuraduría que, hasta donde se sabe, es una máquina de perder juicios y comer recursos públicos. Les aseguro que en el mes y medio que queda de gestión, tampoco el mundo va a parar porque no se apruebe esta enmienda.
Finalmente, creo que están las enmiendas más polémicas a la Ley 393 de 21 de agosto de 2013. Es decir, son cambios a la ley de servicios financieros, una normativa compleja y que tiene que ver con la política monetaria y financiera y no está directamente vinculada al tema fiscal. Por una parte, se busca dar más poder a la Autoridad de Supervisiones del Sistema Financiero (ASFI) para que controle grupos financieros y se pretende proteger aquellos que denuncien operaciones sospechosas, que independientemente si se trata de una actividad legal o ilegal, hecha la denuncia que estos estarán exentos de responsabilidades administrativas, civil y penal. Ambos temas son sumamente complejos que requieren de un gran debate y análisis profundos y no pueden entrar por debajo de la en el Ley de reformulación del presupuesto como temas marginales. Y una vez más el hecho que se aprueban ahora, no interfiere en lo más mínimo a las necesidades de gasto e inversiones.
En suma, si hubiera seriedad de parte del Poder Ejecutivo y el objetivo sería atender las emergencias de la crisis del agua y los incendios brindando más recursos para el Estado, la ley debía concentrarse en la reformación del presupuesto y proponer todas las otras enmiendas en normativas separadas.
Ahora sospecho que detrás del berrinche del Gobierno, hay una tentativa de crear una coarta para justificar el pobre desempeño económico que se avecina, en especial, que el crecimiento de la economía este año estará en torno del 2%, pero en el discurso la culpa la tendrán el contexto internacional y el sabotaje de la Asamblea. Así pasaremos del blindaje a la conspiración de los enemigos del proceso de cambio. Cabal casero.
