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El motivo por el que los gobiernos elaboran presupuestos y los someten a consideración del Poder Legislativo, en toda democracia más o menos ordenada, se basa en tres principios fundamentales; i) Transparencia y planificación, ya que los funcionarios que administran el Estado manejan recursos públicos y, por ende, deben rendir cuentas sobre su uso, ii) por su impacto económico, ya que la Ley del Presupuesto refleja cómo el gobierno en turno pretende influir en la economía, distribuyendo obligaciones, beneficios, restricciones e incentivos; y iii) expone las intenciones políticas, porque el presupuesto es, en esencia, una declaración de las prioridades políticas del gobierno que lo propone.
El Proyecto de Ley del Presupuesto 2025, presentado por el Gobierno de Luis Arce, atenta contra estos principios fundamentales.
1. PORQUE NIEGA (ADREDE) LA REALIDAD. Aunque el gobierno de Luis Arce ya nos tiene acostumbrados a presupuestos con proyecciones que no se cumplen, las estimaciones del Presupuesto General del Estado 2025 son absolutamente irreales, partiendo del tipo de cambio como punto crítico. La subestimación del tipo de cambio afecta directamente los ingresos por IDH que perciben los gobiernos subnacionales, transfiriendo la responsabilidad del ajuste fiscal a los niveles de gobierno más cercanos al ciudadano. Mientras tanto, el gobierno central concentra y amplía sus recursos, profundizando la inequidad.
Subestimar el tipo de cambio también encubre el déficit fiscal. Este presupuesto subestima los costos reales de la subvención de combustibles, lo que oculta el verdadero nivel de déficit fiscal. Además, agrava la presión sobre las Reservas Internacionales y fomenta el contrabando de combustibles, incentivado por una brecha creciente entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Pero lo peor es el encubrimiento de la inflación, ya que al usar un tipo de cambio oficial muy inferior al del mercado, se subestima la presión inflacionaria esperada para 2025.
Por si fuera poco, el propio gobierno, mediante la publicación de cotizaciones de criptomonedas en el BCB, reconoce indirectamente la devaluación del boliviano. Además, el artículo 7 del proyecto de ley habilita el uso de criptomonedas por entidades públicas, lo que evidencia que el gobierno ya anticipa la necesidad de adquirir activos a precios muy superiores a los del tipo de cambio oficial.
2. PORQUE ES UN PRESUPUESTO INFLACIONARIO. El artículo 19 y la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley proponen modificar la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia, eliminando limitaciones al financiamiento del gasto público, lo que genera un riesgo de inflación descontrolada. Estas restricciones son un legado de las lecciones aprendidas durante la hiperinflación de los años 80, cuando la emisión desmedida de dinero para financiar al gobierno destruyó el poder adquisitivo y el ahorro de los bolivianos.
En consecuencia, plantea una vuelta al pasado retrocediendo a un modelo donde el Banco Central financia al gobierno imprimiendo billetes para proyectos que históricamente han fracasado. Además, la Disposición Final Primera solicita a la Asamblea Legislativa la aprobación de un crédito concesional del Banco Central para cubrir el déficit fiscal de 2024. Esto revela la precariedad fiscal del país y expone el exceso de financiamiento al que ha recurrido el Ministerio de Economía, ocultando cifras clave durante todo el año.
3. PORQUE ES UN PRESUPUESTO ANTICONSTITUCIONAL. Más allá del gasto excesivo en tiempos de crisis, este presupuesto propone cambios legales sustanciales que vulneran principios constitucionales.
Plantea modificaciones legales indebidas, cambiando la Ley del Banco Central y redefiniendo procedimientos para el endeudamiento externo, lo que elimina de facto la obligación de obtener aprobación expresa de la Asamblea Legislativa, como lo establece la Constitución.
También establece la confiscación de productos, por incrementos de precios “indebidos”, atribuyendo facultades parapoliciales a entidades públicas, en violación de la libertad de empresa y el debido proceso.
Estas acciones no son nuevas, pero el presupuesto de 2025 lleva esta tendencia a niveles alarmantes. Aún más grave es que el gobierno recuerde en los considerandos del proyecto que, si no se aprueba el presupuesto antes del 31 de diciembre, su aplicación será automática. Sin embargo, esta aprobación automática solo rige para el presupuesto como tal, no para los cambios legales propuestos ni las violaciones constitucionales.
La aprobación del Presupuesto 2025, tal como está redactado, comprometería aún más la estabilidad macroeconómica del país, además de vulnerar la institucionalidad y el orden constitucional. En este contexto, la oposición en la Asamblea Legislativa debe actuar con responsabilidad, considerando que este presupuesto podría dejar una herencia nefasta para el próximo gobierno y, sobre todo, para el país.
