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La senadora Silvia Salame, junto a otros parlamentarios, tuvo el acierto de invitar a expertos en derecho constitucional para conocer cuál sería una agenda mínima de reformas a la Constitución. Los expertos coincidieron en que se debe buscar una reforma parcial, que puede comenzar por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado o por la Asamblea Legislativa, mediante ley de reforma constitucional, aprobada por dos tercios del total de los miembros presente. Sin embargo, cualquier tipo de reforma necesita referéndum aprobatorio (art. 411 CPE).
El próximo paso fue establecer qué (contenido) se debe reformar. Entre una variedad de temas, hubo coincidencia en que se debe cambiar la forma de designación de las principales autoridades judiciales; profundizar la autonomía departamental, garantizar la redistribución económica (pacto fiscal), así como ampliar las competencias de los gobiernos departamentales. La Constitución debe abrirse a la inversión extranjera, brindar seguridad jurídica al capital, y permitir el arbitraje en el exterior. Otro tema fue prohibir absolutamente la reelección presidencial, y redefinir el rol institucional de la vicepresidencia del Estado.
En cualquier caso, se tiene que transformar y fortalecer la justicia para lograr democracias sólidas y duraderas. En este sentido se deben resolver los siguientes problemas capitales: erradicar la injerencia política en la administración de justicia; la persecución política-judicial; la exigüidad del presupuesto judicial; la falta de acceso a la justicia dada la escasa cantidad de jueces y fiscales; la secundarización de la justicia indígena originaria campesina; el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario; la inestabilidad laboral de los jueces y la falta de carrera judicial; la politización del nombramiento de las Altas Cortes; la corrupción transversal en los niveles judiciales; la impunidad de los delitos, entre otros.
Las propuestas de los expertos coinciden con las conclusiones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan. Este informe internacional es terminante en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Y Bolivia es parte de instrumentos internacionales que contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y accesible.
La reforma constitucional debe cambiar el actual sistema de designación de las principales autoridades judiciales. Se propuso crear un “Comité de preselección”, que estaría conformado de manera igualitaria por representantes meritorios del sistema de universidades públicas y privadas, Colegio de abogados, representantes de la sociedad civil, etc. Este Comité se encargaría de la convocatoria y selección de postulantes, previa comprobación pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las y los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, y el Fiscal General del Estado, garantizando la paridad de género.
En la línea de los juristas independientes, las ternas que se confeccione serían vinculantes, se enviarían a la Asamblea Legislativa para que este Órgano del Estado proceda a la designación respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. Y en la eventualidad de que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas en las ternas independientes, se tenga por designado y elegido al candidato más y mejor calificado de cada una de las ternas.
El cambio constitucional busca no sólo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad y competencia a las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento institucional debe comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. Se necesita institucionalizar con urgencia la carrera judicial para terminar con los jueces a carrera. Por cierto, la seguridad jurídica y ciudadana depende del fortalecimiento institucional, y la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas. La reforma constitucional es una necesidad impostergable y parece que los candidatos aún no la terminan de digerir.
