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Por si fuera poco el malestar social generado por la incertidumbre cambiaria y la captura estatal de los fondos jubilatorios, el gobierno central decidió abrirse otro frente de conflicto, con la reposición de la Ley 1386 (renumerada como 280) que fue abrogada en el 2021.
El proyecto, que entraría esta semana en la Comisión de Constitución, habla una vez más de “fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, aunque en el fondo se repite la intención de establecer un sistema de vigilancia financiera que le ayude a la burocracia a “raspar la olla” a costa del trabajo de la ciudadanía, para facilitarse nuevos ingresos y solventar gastos faraónicos.
La voracidad fiscal de un modelo agotado está empujando al oficialismo a una confrontación que no lo pondría solamente en frente de la clase media formal, núcleo hasta ahora de la oposición, sino también de nuevos estratos medios emergidos desde la economía informal.
Durante años, gran parte de ese capitalismo popular fue cooptado políticamente por el Movimiento Al Socialismo, ante la falta de un proyecto alternativo que le plantee a estos sectores un camino de incentivos hacia la formalización. De esa manera, se ha dado la paradoja de que amplias capas de la población con prácticas de mercado asuman un lenguaje y simbología socialista.
Se trata de una alianza contra natura, con una clase burocrática que suele extorsionar a estos actores económicos. Sin embargo, esa alianza se ha ido resquebrajando con los años, como se vio en lo sucedido en el 2021, cuando la movilización de estos sectores fue clave para obligar al gobierno a dar marcha atrás en la imposición de la Ley 1386, la mayor derrota sufrida hasta hoy por la administración de Arce.
Por supuesto, la mayoría de los países tienen normas contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero la credibilidad de esos mecanismos radica en estar a cargo de instancias técnicas institucionalizadas y en reducir al máximo el uso discrecional por parte de los gobiernos, garantías que no se encuentran en la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo.
Además, las cláusulas “anti-terroristas” del proyecto hacen prever un uso político-punitivo de la ley y vuelven a insistir en tipos penales discutidos por organismos internacionales. Al respecto, el borrador de la ley hace mención a las recomendaciones del GIEI, pero vuelve a incumplirlas con varias ambigüedades.
Con un poco de visión, el debate sobre esta versión condensada y maquillada de la Ley 1386 podría ser una buena oportunidad para que la oposición democrática dialogue con los sectores del capitalismo popular, apuntando a una sinergia y a la construcción de un nuevo bloque social, con su correspondiente expresión electoral.
