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Por Daniel Lacalle1
Todo el mundo habla sobre el anuncio de “un impuesto a las grandes fortunas” y el gobierno ha conseguido, con ello, que nadie hable de que en esta misma semana el PSOE y sus socios han votado en contra de mantener la bajada del IVA del gas y la electricidad hasta final de invierno y que han aprobado la eliminación de las reglas fiscales, techo de gasto y déficit máximo, por cuarto año consecutivo.
Dijo Sánchez que avanza hacia “la justicia fiscal” el mismo día que anuncia 100 millones de euros para asociaciones “que trabajan por la igualdad en el mundo” y dona, con dinero del contribuyente, 130 millones de euros a la fundación de Bill Gates.
La maquinaria socialista dice que eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía, que recauda 93 millones de euros, pone en peligro la sanidad pública, pero donar cientos de millones a organizaciones afines por el mundo no.
Los mismos que dicen que 22 ministerios, 785 asesores, viajes a EE.UU. y en Falcon, 14.000 millones de subvenciones descontroladas, según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y 700 millones de euros de escándalo de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) son el “chocolate del loro” te dicen que eliminar 93 millones de impuestos de patrimonio pone en peligro los servicios públicos.
El impuesto sobre el patrimonio, como el de sucesiones, son impuestos injustos, obsoletos, que gravan el resultado de haber ahorrado tras pagar todos los impuestos y que, además, tienen un poder recaudatorio bajísimo y, sin embargo, un impacto negativo en la economía muy relevante. Erosionan la capacidad de la economía de atraer inversión y capital y, con ello, empleo y crecimiento productivo.
La recaudación total del impuesto de patrimonio y de sucesiones no llega a rascar el despilfarro anual en exceso de burocracia y gasto improductivo. En Andalucía, la recaudación de Patrimonio no llega a cubrir ni de lejos el coste de los asesores y altos cargos de los 22 ministerios. Es una broma decir que eliminar Patrimonio y Sucesiones pone en peligro la sanidad y los servicios públicos en un país donde ministerios con competencias duplicadas disparan su gasto. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene un presupuesto de 4.859 millones, Derechos Sociales y Agenda 2030, 4.608 millones, Igualdad, 525 millones, Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con 261 millones y Consumo, 60 millones. Hablamos de un gobierno que ha aumentado estas partidas en más de un 50% desde 2019 y su “impuesto a los ricos” no llegará a recaudar ni una fracción de este reguero de gasto político.
Pero entrar en el debate económico es un truco. El gobierno y sus socios intervencionistas saben que en términos recaudatorios y económicos estos impuestos al ahorro son irrelevantes y contraproducentes. Y saben que no rascan el problema del déficit estructural de 50.000 millones de euros anuales que han generado.
Estos impuestos son inmorales.
Defender un impuesto injusto y confiscatorio con la excusa de que solo afecta a unos pocos es ir contra la constitución y la justicia. Hay que estar en contra del robo, tenga usted uno o cien de patrimonio.
El Impuesto a “las grandes fortunas” parte de dos mentiras. Primero, que no pagan impuestos y, segundo, que lo que pagan es poco. IRPF, IBI, Sociedades, plusvalías, etc. Las cifras de recaudación supuestamente perdida ignoran toda realidad y consideran como evasión lo que es deducir doble imposición. Las rentas altas apenas representan el 3% de los contribuyentes, pero aportan el 32% de la recaudación total por IRPF.
El impuesto de patrimonio raya en la doble tributación, grava el resultado de ahorrar tras años de pagar impuestos y es profundamente injusto porque penaliza el ahorro y la inversión prudente y exitosa. Sucesiones y Donaciones es injusto, viola el principio de igualdad, viola el principio de capacidad económica, viola el principio de equitativa distribución de la carga tributaria y para colmo tiene alcance confiscatorio. Cuando se dice que solo afecta a los ricos se miente, ya que una de las formas de expoliar es usar un cálculo de la base imponible completamente alejado de la realidad.
El mal llamado “impuesto a las grandes fortunas” es igual. Montero anuncia un impuesto a los ricos y en realidad se los sube a usted. Mientras le dicen que van a subir los impuestos a los millonarios, una familia media está pagando 600 euros más de impuestos al año por no deflactarlos a la inflación.
El impuesto a las grandes fortunas es confiscatorio, ya que pretende gravar bienes no liquidables y valorados con criterios opacos y que se deben pagar en caja. Es, además, doble imposición porque esos mismos bienes también pagan plusvalía si se venden, IBI y otros impuestos si se mantienen y todos los impuestos a la actividad y transacciones, y encima hay un impuesto si te vas a otro país. La larga mano de Hacienda llega a todas las esquinas de la actividad de ricos y pobres. Además, es profundamente inmoral porque solo tiene como objetivo penalizar tributariamente a una parte de la sociedad por envidia y revanchismo político.
En España hay muy pocas grandes fortunas y muy pocos “ricos”, pero además es inmoral juzgar y demonizar a una persona por el fruto del trabajo y ahorro personal y de su familia. Estos que hablan todos los días de “los ricos” como si fueran el enemigo olvidan que son empresarios, abogados, médicos, arquitectos, inversores…
Yo no tengo ningún deseo de confiscar el patrimonio a las mal llamadas grandes fortunas. En un año el efecto confiscatorio se desvanece y deja un país donde la gente se lo piensa dos veces a la hora de invertir. Y lo que quiero es que a mi país vengan más grandes contribuyentes y creadores de riqueza.
Un impuesto no deja de ser inmoral solo porque afecte a 246.000 personas. Los que lo justifican se encontrarán con lo que siempre ha sucedido: Que el gobierno “baja” el listón de rico, eleva la valoración de su casa o sus bienes artificialmente y le sube a usted los impuestos: ¡oh, sorpresa!
Ninguna sociedad ha hecho más ricos a los pobres empobreciendo a los ricos. La verdadera desigualdad es la que existe entre depredadores de presupuesto y contribuyentes, no entre ricos y pobres. España necesita más ricos y menos repartidores de miseria que, además, se hacen ricos por adhesión política.
El día que en España se deje de hablar en términos revanchistas de ricos contra pobres, una falacia de cuento de siglos pasados, y se hable de sector productivo y contribuyentes contra políticos extractores de rentas empezaremos a progresar de verdad.
1Daniel Lacalle es economista jefe de Tressis y profesor de IE Business School y del Instituto de Estudios Bursatiles de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de La Gran Trampa, Viaje a la Libertad Económica y otras obras, varias traducidas al inglés, chino y portugués y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 26 de septiembre de 2022
