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Parece que el gobierno ha elegido la estrategia “Daniel Ortega” para arremeter contra la Iglesia Católica en Bolivia. En los últimos días el dictador nicaragüense ordenó el procesamiento en tiempo récord del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión por un rosario de curiosos delitos, entre los cuales figura el “propagar noticias falsas” y el “menoscabo de la integridad nacional”, tipos penales que solo caben en los códigos de países en los que el tirano añade delitos y se deleita con la invención de nuevas condenas.
Álvarez estaba entre los 222 presos políticos – “beneficiarios” – que fueron trasladados desde la cárcel a un avión para ser deportados a Washington, pero se negó con firmeza a abordar el vuelo y dijo: “que sean libres, yo pago la condena por ellos”. Como represalia -por soberbio, dijo Ortega – el sacerdote que había permanecido bajo arresto domiciliario ahora tendrá que purgar su condena en una de las cárceles más peligrosas de Nicaragua.
Y cómo nos va por casa. Pues más o menos igual. La persecución, que ya tocó la puerta de ex autoridades, que encarceló a una expresidenta y un gobernador, que persigue a varios ministros y que exilió a mucha gente, ahora se asoma a los templos, no para rezar obviamente, sino para llevar a declarar a los obispos que formaban parte de la Conferencia Episcopal Boliviana durante la crisis política de 2019 y cuyo único pecado fue el de mediar para acercar posiciones y buscar una salida al momento de violencia y descontrol que se vivió en ese período.
Se trata ni más ni menos que de un ajuste de cuentas. La Iglesia que en tiempos del Evo Morales cocalero había sido considerada y hasta solidaria con él, repentinamente pasó a formar parte del grupo de los enemigos, porque reclamó por los derechos de los indígenas en tiempos de la marcha del TIPNIS y porque comenzó a observar la acelerada transformación de Morales en un líder caprichoso, soberbio y autoritario.
En el gobierno están molestos con las homilías dominicales, sobre todo las de la diócesis cruceña que, sin tomar partido por nadie, advierte sobre la necesidad de respetar los derechos de las personas, de permitir que la gente se manifieste sin quedar expuesta a la violencia policial o para-policial, etc. Es decir que la Iglesia, como ocurre en Nicaragua o en la mayoría de los países donde se cometen abusos, por lo general se inclina por respaldar a los abusados, que en este caso son los adversarios políticos del gobierno.
Tal vez no el presidente, pero algunos de sus cercanos, quisieran que entre los 10 mandamientos figurara el de no protestarás contra tu gobierno, ni desearás el poder que está reservado para tu prójimo del MAS. Como los sacerdotes bolivianos no aceptan semejante disparate, entonces solo queda que Dios se apiade de ellos.
Cuando se trataba de enfrentar a las dictaduras de derecha de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, la iglesia como institución y muchos sacerdotes, fueron perseguidos, encarcelados, exiliados o asesinados por orden de esos gobiernos. La lista de nombres es larga. Baste mencionar en el caso de Bolivia, el del jesuita Luis Espinal, torturado y ejecutado por órdenes de quienes en ese momento preparaban un nuevo zarpazo criminal contra la democracia boliviana en los primeros meses de 1980.
Lo que no era común, por lo menos en América Latina, era que los gobiernos de izquierda persiguieran a los sacerdotes o se enemistaran con la Iglesia. Evo Morales quiso congraciarse con un Cardenal, Toribio Ticona, que no tenía mucho predicamento entre los fieles, pero no pudo hacer lo mismo con otros curas más rebeldes y desde entonces desató una campaña en contra de Conferencia Episcopal e incluso buscó alianzas, poco exitosas, con miembros de otras iglesias.
Ahora sus herederos mantienen la misma línea que se aplica en Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde los curas, que antes eran vistos como un peligro por la derecha autoritaria, ahora son vistos como una amenaza para los socialistas del siglo XXI.
La convocatoria a los miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) no es otra cosa que una advertencia. “Si arrodillamos a los curas, imagínense lo que podemos hacer con el resto”. Por eso, es probable que el gobierno tenga una nueva lista de personalidades que podrían ser detenidas en cualquier momento y mejor si eso ocurre con los púlpitos en silencio.
