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Desde hace varios años se vienen incrementando los casos de avasallamientos a la propiedad privada en el país y, muy especialmente, a predios destinados a la producción agropecuaria en el Departamento de Santa Cruz. Esta crónica falencia en la protección a los derechos de propiedad es una de las principales barreras al progreso de Bolivia, pues se vuelve en un factor que desincentiva la inversión y eleva sustancialmente los costos de trabajar en el país.
Este problema es particularmente complejo en el área vinculada a propiedad rural, comenzando por el marco jurídico vigente en el país el cual contiene diferencias sustanciales entre el reconocimiento a la propiedad privada urbana y a la propiedad privada rural. Mientras el inmueble urbano no está sujeto a reversión, gozando de una protección claramente definida en la Constitución, la propiedad agraria está condicionada al cumplimiento de la función económica y social, un concepto vago que lastra el derecho propietario, convirtiéndolo en un algo incierto, que queda sujeto a la interpretación arbitraria de funcionarios del ámbito administrativo, que tienen la autoridad para revertir con sus informes un derecho fundamental, lo cual constituye una contradicción en sí misma con las bases del estado de derecho.
Peor aún, en normas posteriores a la aprobación de la Constitución vigente, se ha condicionado la propiedad agraria a la revisión periódica de la función económica y social, la cual según estas normas debiera realizarse cada dos años, con la cual la propiedad se desnaturaliza como derecho y pasa a ser una especie de “préstamo” estatal al productor privado, inviabilizando de esta forma la inversión a largo plazo y creando grandes dificultades al financiamiento productivo, pues la tierra pierde valor como respaldo hipotecario de los proyectos.
Si a todas estas dificultades estructurales del marco institucionales y de la normativa boliviana, se le suma la falta de protección de las fuerzas policiales y de la justicia a los propietarios que sufren avasallamientos, en un entorno de impunidad para quienes promueven las invasiones de predios productivos quienes camuflan el tráfico de tierras en su pertenencia a los “movimientos sociales”, la inseguridad ya no solo es jurídica, sino también física, constituyendo esta falta de resguardo de la ley y el orden, en una amenaza para la integridad física de quienes trabajan en el campo.
Estas no son las únicas limitaciones a los derechos de propiedad. La imposición de bandas de precios a los alimentos o el establecimiento de cupos a la exportación, atentan también contra la iniciativa y la propiedad privada, puesto que sujetan un bien privado, como es el fruto del trabajo y la producción, a la decisión de instancias burocráticas del nivel central del estado.
Lo peor de todo, es que estas medidas no contribuyen ni a la lucha contra la pobreza ni al abastecimiento interno a “precios justos”. Por el contrario, la experiencia internacional nos muestra cómo países vecinos que se destacan en los mercados internacionales como grandes productores de alimentos, al brindar seguridad jurídica a la propiedad agraria y libertad de comercialización a su producción, no solo aseguran el abastecimiento de alimentos a su población a precios convenientes para los consumidores, sino que mediante sus exportaciones generan empleos y divisas, elevando de forma sostenible la calidad y el nivel de vida de la población.
Cuando nos comparamos con países incluso más pequeños que Bolivia, como Paraguay y Uruguay, que han experimentado un gran crecimiento en el sector de agronegocios y cuyas exportaciones de origen agroalimentario superan ampliamente a las nuestras, vemos las consecuencias de la falta de instituciones que garanticen adecuadamente los derechos de propiedad.
La historia universal está llena de ejemplos que demuestra que la historia del progreso de las naciones está directamente relacionada con el nivel de protección a los derechos de propiedad. La crisis económica que se está gestando en Bolivia, podría ser una oportunidad para que se puedan superar décadas de estatismo y demagogia en esta materia y se superen la mentalidad y las leyes contrarias a la propiedad privada, permitiendo que el país pueda encaminarse hacia el desarrollo y la inserción competitiva internacional.
