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Por Gabriela Calderón de Burgos1
Muchos sostienen que un error de la administración actual es haber sacrificado la inversión pública en aras de reducir el déficit fiscal. Este reclamo, presume que, si hubiera mayor inversión estatal, tuviéramos mejores servicios públicos.
Lo de reducir la inversión pública no es una novedad, es algo que sucedió durante los últimos años de la administración de Rafael Correa y durante la de Lenín Moreno. Este tipo de ajustes no se hacen en el espíritu de reducir el tamaño del estado, sino de lograr el equilibrio fiscal.
Sucede que para los políticos es más sencillo reducir la inversión que el gasto corriente. Las obras públicas que no se hacen no salen a protestar a la calle, las empresas que el estado hubiera contratado para desarrollar las obras que no se hicieron tampoco constituyen un grupo de presión importante. Los beneficiarios de subsidios y de sueldos muy por encima de lo que recibieran en ocupaciones similares en el sector privado, sí. Están organizados, paralizan el país y se pueden negar a prestar servicios básicos.
La mala calidad de los servicios públicos no es tanto un problema de insuficiencia de recursos, sino más bien uno de mala gestión, particularmente de corrupción y despilfarro en las instituciones públicas. Considere los escándalos de corrupción más emblemáticos de los últimos tiempos: hospitales públicos, refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, Poliducto Pascuales-Cuenca, entre otras mega-obras bajo investigación. Si recordáramos esto cada que alguien lamenta la caída de la inversión pública quizás hasta estaríamos agradecidos, de cierta manera nos están ahorrando potenciales derroches.
Los ecuatorianos merecen recibir una mejor calidad de servicios públicos y se pueden lograr reemplazando la inversión pública con la privada. Por ejemplo, en Guayaquil el municipio dejó de gastar en el desarrollo de la red de agua potable y el tratamiento y distribución del agua potable desde que se concesionó el servicio a Interagua en 2001. Hoy Guayaquil cuenta con una cobertura de la red de agua potable de 95% y de 97% en alcantarillado. En el año 2000, solo 66% de la población tenía acceso a la red de agua potable y solo 42% tenía servicio de alcantarillado. Esto aún cuando la población de la ciudad pasó de aproximadamente 2 millones en 2001 a alrededor de 2 millones 700 mil habitantes en 2017.
La administración podría matar dos pájaros de un tiro si continuara reduciendo el gasto en inversión y el corriente, procurando lograr fines públicos con medios privados. Esto serviría para mejorar la calidad de y el acceso a los servicios públicos, desarrollar obras públicas necesarias, conforme se reduce el déficit y quizás, podría entonces reducirle la carga tributaria que soportan los contribuyentes para que tengan más dinero en sus bolsillos para invertir y crear empleos. La vía para lograr esto es estimular las concesiones, incluso de vacas sagradas como hospitales del MSP e IESS y de colegios fiscales, pero, sobre todo, de obras importantes como el quinto puente de Guayaquil.
Es conveniente reducir el déficit pues detiene la destrucción de capital. No obstante, esta meta no debe obstaculizar el progreso económico de los ecuatorianos.
1es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
*Este artículo fue publicado en ElCato.org el 23 de noviembre de 2022
