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El mundo entero se encuentra actualmente en la encrucijada de la transición energética. Este debate gira en torno a la pregunta, de qué manera podemos llevar a cabo la transición energética necesaria para mitigar los efectos del calentamiento global y, a su vez, proteger los millones de empleos en juego y a la economía en general. Si bien esta cuestión parece muy típica de países industrializados, la verdad es que Bolivia, como país en desarrollo, no escapa de esta problemática ambiental, económica y social. La subvención estatal de los hidrocarburos, por citar un ejemplo, es un tema sumamente sensible desde hace décadas, y el gobierno que se anime a tocarla está siempre expuesto a una convulsión social. En otras palabras, los costos políticos de eliminar la subvención son considerados superiores a los beneficios económicos a largo plazo que esto implicaría. En ese sentido, es primordial preguntarnos cómo podría el Estado boliviano balancear sus cuentas a través de la eliminación de la subvención de los combustibles y, asimismo, paliar los efectos socioeconómicos negativos que esto implicaría para el ciudadano a raíz del aumento generalizado de los precios, lo que consecuentemente podría derivar en convulsiones sociales como en los “gasolinazos” anteriores. Este ensayo tiene como objetivo abordar, por un lado, el problema de la subvención de los combustibles y, por el otro, presentar alternativas concretas –a manera de propuestas para futuras políticas públicas– con el fin de mejorar la salud de la economía del Estado y, aun más importante, hacerlo previniendo las consecuencias económicas y sociales negativas para el ciudadano común, en otras palabras, cuidando la estabilidad social del país.
Lo primero que se debe mencionar cuando hablamos de combustibles, es que Bolivia no es autosuficiente; la gasolina y el diésel que consumimos son importados a precios de mercado internacionales. Además, como exportador de gas, el país se encuentra en un declive inminente debido a la falta de nuevos grandes hallazgos, a pesar de las altas inversiones de exploración que se han suscitado en las últimas décadas. Para el año 2021, el Presupuesto General del Estado prevé más de tres mil millones de bolivianos en materia de subvención de los hidrocarburos, es decir que alrededor de cuatrocientos treinta millones de dólares son las divisas que el país perderá solamente en este año. Un Estado endeudado de forma interna y externa en más del sesenta porciento de su producto interno bruto, despierta en cualquiera cuestionamientos sobre el porqué éste debería caer en la conducta antieconómica de seguir endeudándose a costa de productos destinados al consumo privado, como ser los combustibles. La comercialización de los hidrocarburos no presenta ningún tipo de falla en el mercado u externalidad negativa, mucho menos se trata de un bien público para justificar una subvención estatal. Esta última obedece más bien a un clientelismo político tradicionalmente anclado en Bolivia que, como toda institución informal, es muy difícil de cambiar por el alto costo político para el gobierno de turno. Sin ir muy lejos, vale la pena recordar el famoso “gasolinazo” en la administración de Evo Morales, cuyo resultado político fue devastador, obligándolo así a dar marcha atrás. De todos modos, es importante mencionar que este último careció de una estrategia política de implementación bien elaborada y, dado el superávit económico por los precios internacionales del gas, su paralización no fue tan problemática para el gobierno en aquel momento. Hoy, sin embargo, la figura es completamente diferente. La pandemia ha golpeado duramente a la economía y ha aumentado la deuda pública hasta niveles críticos en un país económicamente subdesarrollado y altamente dependiente de sus recursos no renovables.
Con relación al medioambiente, es imperativo cambiar el modelo energético boliviano por tres razones: Primero, el mundo va en otra dirección. Mientras todo el planeta busca sustituir los combustibles fósiles con energía verde, Bolivia continúa aferrado a la producción de gas e importación de gasolina y diésel, mientras pasan los años y el litio pierde su altísimo potencial en el desarrollo de una movilidad más sostenible. Segundo, la población y nuestro mercado no pueden seguir creciendo de forma tan poco sustentable para nuestros ecosistemas, pues el cambio climático pone en riesgo nuestra salud y nuestro acceso a bienes indispensables, como ser aire y agua no contaminados. Por último, y este punto se entrelaza con lo económico, ¿no sería más productivo destinar los gastos de inversión de exploración de hidrocarburos y de subvención de los mismos a un desarrollo energético más saludable económica y ambientalmente, siguiendo los estándares mundiales?
En el plano social, hablar de un alza en los precios de los combustibles constituye lógicamente un serio problema para la economía personal y familiar. Esto traería un aumento de precios generalizado de productos y servicios y, decisivamente, de la canasta familiar. Es por esta razón que el “gasolinazo” de Morales no funcionó, pues aumentar los precios de la noche a la mañana en alrededor de un cien porciento hubiera golpeado fuertemente la capacidad adquisitiva de la gente y disminuido, en consecuencia, la demanda de todos los productos dependientes de los combustibles. En ese sentido, es normal esperar movilizaciones sociales en contra de una medida que afecte de tal manera el día a día de la gente. Entonces, la pregunta que surge es, ¿de qué manera podemos disminuir la demanda de hidrocarburos sin afectar el volumen de intercambio del resto de productos y servicios en el mercado, de modo que no ocurra una constricción económica y no se pierdan empleos por la reducida demanda?
Quizá podamos encontrar una respuesta menos abrupta que un “gasolinazo” en las políticas de transición energética que están implementando los países industrializados en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ciertamente se trata de realidades diferentes, pues en países, como por ejemplo Alemania, los combustibles no son subvencionados por el Estado, no obstante, el Acuerdo de París los compromete a cambiar toda su industria energética y automotriz a tecnologías más caras y con grandes consecuencias para la economía local. Se perderían empleos y subirían los precios de forma generalizada al igual que en Bolivia, si se eliminara la subvención de los hidrocarburos. Por este motivo, en vista de proteger la economía individual y familiar, los países industrializados han iniciado una transición energética gradual que le permita a la sociedad adaptarse a los nuevos modelos económicos y, a su vez, desarrollar alternativas ambiental y económicamente más sostenibles.
Volviendo al plano boliviano, una estrategia política de eliminación de la subvención estatal de hidrocarburos debe ser parte de un plan integral de transición energética y debe ocurrir de forma gradual y consensuada con los sectores afectados y más vulnerables de la economía nacional. No se trata de eliminar la subvención de los hidrocarburos de la noche a la mañana, sino más bien de incentivar el uso de alternativas más sustentables. En política, no se puede quitar un incentivo sin dar otro, pues una sociedad acomodada en un status quo, por más contraproducente que éste sea, va a defender con uñas y dientes su acostumbrada comodidad. ¿Cómo se puede incentivar una transición energética que reduzca de forma natural la demanda de combustibles fósiles y consecuentemente la dañina subvención estatal? Primeramente, las alternativas verdes deben ser más atractivas tanto para vendedores como compradores. Esto puede ocurrir esencialmente a través de incentivos tributarios para la importación, producción, comercialización y consumo de productos amigables con el medioambiente, como por ejemplo los autos eléctricos. Asimismo, el plan integral de transición energética debería contemplar una reducción anual progresiva en el porcentaje de subvención de los hidrocarburos, de modo que el alza de precios no estalle de un día para el otro y la sociedad tenga tiempo para adaptarse al nuevo modelo energético. Este plan debería, además, ser ampliamente socializado con la población con el objetivo de crear una consciencia ambiental y discutir los efectos negativos que tiene la subvención de hidrocarburos en la economía del país. En esta misma línea, la socialización deberá enfocarse en la cantidad de proyectos de mayor envergadura e impacto en la vida de la gente que podrían llevarse a cabo con cuatrocientos treinta millones de dólares al año (solo por dar un ejemplo, una carretera de primer nivel puede reducir el tiempo y por ende los costos de transporte tanto como una subvención estatal).
Es importante también hacer alusión al rol de los diferentes niveles del Estado para que una política pública destinada a una transición energética nacional, que contemple la eliminación de la subvención de hidrocarburos, cumpla su cometido exitosamente. Debe existir un trabajo en conjunto de Municipios, Gobernaciones y Estado Central respecto a los incentivos tributarios mencionados en el párrafo anterior, así como en la adaptación de la infraestructura para una nueva forma sostenible de vivir. En los últimos años, la ciencia política ha descubierto que los mayores gastos energéticos se dan en las ciudades y que, por ende, las políticas energéticas más exitosas se han implementado principalmente a nivel municipal. En ese sentido, la cooperación del Estado con los Municipios es de vital importancia para transformar energéticamente al país y utilizar mejor nuestros recursos, sea en inversiones en salud o educación, o mismo contribuyendo a la salud financiera del Estado.
En síntesis, en vista de la economía actual del país y la situación mundial ambiental, el Estado boliviano no puede seguir dándose el lujo de subvencionar, a raíz de cálculos políticos, el uso de combustibles fósiles para el transporte y generación de energía. Esto no implica que se deba afectar la vida del ciudadano común de manera abrupta como en el último “gasolinazo”, sino más bien de encaminar al país en la transición energética mundial con alternativas e incentivos viables para la población, que se implementen de forma paulatina y consensuada, cuidando así la economía familiar y la estabilidad social.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
