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El lunes 30 de enero del año en curso fue un día fatídico para el exfutbolista y dirigente del gremio deportivo David Paniagua, su familia y su entorno. Ese día, en un operativo policial sin precedentes, fue detenido en Santa Cruz y llevado directo a La Paz en una avioneta, por una supuesta deuda económica de 32.000 dólares. Esta deuda, según el texto de la denuncia, fue convertida en una estafa e ingresada así al sistema penal.
No hay duda que se trata de un caso “fabricado”, donde no hubo ninguna notificación previa y, de yapa, se inventaron que el imputado tiene domicilio en la ciudad de El Alto, pese a que el supuesto hecho delictivo ocurrió en Santa Cruz (Warnes) y el denunciado también tiene su domicilio en esta ciudad. Al mejor estilo del caso “terrorismo-separatismo” del Hotel Las Américas, el caso se radica en El Alto (La Paz), centro del poder político y manipulación de la justicia.
Que el caso se radique en El Alto, vulnera el derecho al juez natural, una de las principales garantías del debido proceso. El Tribunal Constitucional proclama que toda persona tiene derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado y presente las pruebas que estimen convenientes en su descargo y la observancia del conjunto de requisitos de cada fase procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SC 0425/2012 del 22 de junio).
La denuncia refiere que el Club Sport Boys de Warnes (Santa Cruz), debía al ex director técnico Marcos Ferrufino, y que ese dinero fue depositado a nombre de David Paniagua para que sea entregado a su familia. El caso y la detención preventiva de David Paniagua se debe a una grosera venganza de la Federación Boliviana de Fútbol. Ha sido una reacción perversa, ya que Paniagua, en defensa del gremio, ha hecho serias denuncias, en instancias nacionales e internacionales, sobre irregularidades e incumplimiento de acuerdos en contra de la dirigencia del fútbol nacional.
Cabe la pregunta, ¿cómo es posible que entre tantos casos de jugadores y técnicos que el sindicato ha gestionado e intermediado el pago de sus salarios y beneficios sociales sólo exista el del extinto Marcos Ferrufino? A lo largo de la existencia Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) es la primera vez que una persona del sindicato llega a los estrados judiciales, pese a que siempre han existido y existen menudos problemas económicos entre los dirigentes de los clubes, los jugadores y los técnicos. El mismísimo Xabier Azkargorta puede testificar en este sentido.
En realidad, no existe ninguna deuda económica, menos estafa alguna que haya cometido David Paniagua. Carlos Romero Bonifaz, expresidente del Club Sport Boys de Warnes, ha certificado a pedido del fiscal que esa entidad deportiva no ha hecho ningún depósito de dinero a David Paniagua para que entregue a la familia del difunto Marcos Ferrufino. Con esta certificación oficial, debidamente notariada, y ratificada en los medios de comunicación, se cayó el caso y se confirma la inocencia absoluta del imputado porque el hecho penal no existió y todo ha sido “fabricado” para ejecutar una venganza política. Queda clarísimo que la Federación Boliviana de Fútbol no solo quiere amedrentar al sindicato y a los jugadores del fútbol profesional sino también sentarle la mano a David Paniagua (aún detenido), líder nato del gremio.
El sistema judicial está para combatir los abusos del poder político, deportivo o de los particulares; sin embargo, hay casos (como el presente) donde se hace y se ha hecho exactamente lo contrario: la justicia ha sido el instrumento para abusar del poder. Esta pesadilla judicial (que pasa cada vez con más frecuencia) debe convertirse en un motivo especial para realizar el firmazo de libros que busca la reforma judicial. El modelo de justicia del MAS ha fracasado y urge un cambio total para erradicar abusos como el referido.
