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Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) institucionalizaron el terrorismo de Estado para combatir a la oposición política. En esta “guerra” de alto voltaje no solo instrumentalizaron a las fuerzas del orden y la justicia sino también los autoatentados criminales constituyeron una de las principales estrategias (envolventes) del MAS. Los hechos criminales los ejecutaban esos gobiernos (a través de sus brazos operativos y grupos afines que hacían el trabajo sucio), y luego los atribuían a la oposición política.
Entre esos atentados figura la toma militar de Pando el 11 de septiembre de 2008, donde al menos 16 campesinos resultaron muertos y una buena cantidad de heridos. A los pocos días se estableció que estos enfrentamientos fueron promovidos por los infiltrados del gobierno. En simultáneo Evo Morales lograba no solo defenestrar al prefecto Leopoldo Fernández (una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado), sino también privarlo de su libertad y encima lo responsabilizaba de los hechos de violencia, que fueron comandados y ejecutados sigilosamente por Juan Ramón Quintana.
El caso terrorismo-separatismo, ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, ha sido sin duda el más patético por la frialdad y violencia ejercida en el mismo corazón de la capital cruceña. El comando especial ejecutó a Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer, y procesaron a 39 personas inocentes, como se estableció después de 11 años en la sentencia absolutoria. Este caso fue “fabricado” por el gobierno de Evo Morales para tomar el control político y territorial de la “media luna” y doblegar a la dirigencia cruceña. La liquidación tenía que ser literalmente bélica (léase violenta y a cualquier precio), dejando a su paso y como “testigos mudos”: muertes, encarcelados, exilados, refugiados, incertidumbre, lágrimas y la impotencia ciudadana a flor de piel.
El incendio en la fiscalía departamental y otras oficinas de Santa Cruz se inscribe igualmente en lo que se conoce como típico terrorismo de Estado. Todo empezó casi en simultáneo a la violenta detención (secuestro) del gobernador Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre de 2022. Al promediar las 17:00 comenzó el incendio en las oficinas ubicadas en El Cristo, e incluyó a unos 30 vehículos que se encontraban en el parqueo.
Esa tarde antes del secuestro de Camacho ya se notaba un movimiento inusual, nerviosismo en los funcionarios que apilaban paquetes de papeles, que fueron transportados con rumbo desconocido. Incluso los pirómanos entraron al garaje principal con una camioneta Nissan Frontier de color rojo sin placa. Lo propio ocurrió en las instalaciones del exConaltid, ubicado en el segundo anillo y avenida San Aurelio, las oficinas de Impuestos Nacionales, el banco unión, etc., el domicilio del ministro Edgar Montaño, que fueron atribuidos a los líderes de las protestas ciudadanas.
La fiscalía ha tenido seguridad policial las 24 horas, y el cuarto piso lo ocupaba la policía anticorrupción de la Felcc; sin embargo, no existía un sólo policía en el lugar ni fue enviado algún contingente de inmediato para tratar de controlar y apagar el incendio. Luego se detuvo a 26 personas, pero todo fue muy tarde cuando ya el fuego había destruido prácticamente todo el edificio.
La prueba “estrella” de que se trató de un autoatentado criminal, promovido por los infiltrados del gobierno, es que no solo el lugar permaneció abandonado y desprotegido, antes y durante el incendio realizado a plena luz del día, sino también que no dejaron ingresar a los bomberos para sofocar el fuego. El entonces director departamental de Bomberos, coronel Víctor Benavidez, informó a la prensa que su personal acudió a la fiscalía, pero no lo dejaron ingresar. Tampoco se ordenaron pericias para conocer cómo se inició el fuego y cuáles fueron las verdaderas causas del siniestro.
Aun cuando algunos parroquianos intentaron tomar los dos aeropuertos de Santa Cruz para impedir la salida de Luis Fernando Camacho, todo resultó misión imposible. El incendio de la fiscalía departamental fue planificada y materializada por el gobierno de Luis Arce para distraer a los cruceños, mientras ejecutaba el secuestro de Luis Fernando Camacho e inmediatamente (como en todos los casos) lo atribuyeron a la oposición política.
