Escucha la noticia
La administración de Luis Arce lleva gobernando el país casi un año y medio. Resulta que solo ante la muerte de Marco Antonio Aramayo, las principales autoridades del Ministerio de Justicia creen que el exdirector del desfalcado Fondo Indígena fue víctima de un sistema judicial inhumano y de una evidente retardación de justicia.
“Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado”, afirmó el ministro Iván Lima y el viceministro César Siles complementó: “Hay mucho que investigar por parte del Consejo de la Magistratura y la Fiscalía por retardación de justicia, fue evidente”.
Precisamente son esas autoridades las que tienen el encargo de los altos niveles gubernamentales y partidarios de realizar un seguimiento riguroso a los casos judiciales que les interesa impulsar –hablamos de persecución política– o “modular” aquellos que les puede complicar, entre ellos el caso de Aramayo y del liquidado Fondo Indígena.
¿Cómo es que ahora se sorprenden por la falta de humanidad y retardación judiciales si son informados permanentemente de los más de 250 procesos en contra de Aramayo y de las audiencias a las que era trasladado por aquí y por allá? El lamento y el anuncio de investigación son pura retórica para no quedar a contracorriente de la indignación nacional por el calvario judicial.
Semejante cantidad de procesos sobre una sola persona que, además, pasó por más de 50 recintos penitenciarios del país en los siete años de encarcelamiento es una grosera e inaceptable violación a los derechos humanos que, sin embargo, no ha motivado ninguna acción decidida desde la Defensoría del Pueblo.
Ahora que el exdirector ha fallecido, la Defensora del Pueblo, que lleva en el cargo tres años sin abrir la boca sobre la situación de Aramayo, decidió convocar a una conferencia de prensa para afirmar que al haber estado en custodia del Estado, éste debe esclarecer ante los familiares y la población la muerte del denunciante del desfalco de 182 millones de dólares.
El Ministro de Gobierno, quien aseguró que Régimen Penitenciario hizo todos los esfuerzos por salvar la vida del privado de libertad, pudo haber caído en el cuadro general de la hipocresía gubernamental, pero el abogado del fallecido confirmó en una de varias entrevistas que dio a medios de comunicación que había que reconocer que efectivamente eso ocurrió en los últimos días de vida de su cliente
En el caso de las oposiciones, ha sido notorio el intento de aprovechamiento político que le dieron al penoso episodio. Con tono elevado, sus parlamentarios garantizaron que este tema no quedará ahí, que se presentarán peticiones de informe para desentrañar el calvario judicial y que el caso será llevado a instancias internacionales.
En casi un año y medio de mandato, no se conoce de una investigación congresal a fondo sobre el Fondo Indígena, como la que emprendieron senadores y diputados de oposición en el anterior período legislativo y que puso en la agenda pública nacional el descarado despilfarro de recursos públicos y millonarias sumas depositadas en cuentas particulares de dirigentes sociales sometidos al masismo.
Hay que tomarles la palabra a los actuales parlamentarios opositores sobre una indagación profunda, a partir de los mecanismos de fiscalización de la Asamblea Legislativa, para que el país conozca qué motivó el ensañamiento sin precedentes contra una exautoridad ligada y propuesta por organizaciones indígenas en el largo gobierno de Evo Morales.
Ojalá que ese los anuncios de investigación no sean retórica producto del momento de indignación nacional y como país sepamos por qué se decidió políticamente que Marco Antonio Aramayo sufra algo parecido a lo que experimentó José María Bakovic y puede estar sucediendo, por ejemplo, con la expresidenta Jeanine Áñez y el exdirigente cívico Marco Pumari. La democracia espera resultados inobjetables.
