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La reciente aprobación de la llamada Ley del Oro trajo nuevamente acusaciones al interior de las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre movidas oscuras que habrían permitido al oficialismo obtener la mayoría de los votos que le era esquiva desde hacía varias semanas debido a la división interna del bloque mayoritario. Este tipo de controversias y acusaciones profundiza el desprestigio del Legislativo, deslegitimando a las instituciones democráticas en su conjunto por el descreimiento ciudadano que provocan. La democracia boliviana necesita con urgencia reformas institucionales que le permitan ganar legitimidad y credibilidad frente a la ciudadanía.
Uno de las principales reformas pendientes es que se establezca en los reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que el voto se registre de forma individual, de tal forma que quede consignado en la votación de cada proyecto de ley y/o resolución camaral o de Asamblea Legislativa, cómo votó cada parlamentario, si votó afirmativo, negativo o en blanco, información que debe ser de acceso público, transmitida de forma simultánea y registrada de forma permanente para que los ciudadanos puedan conocer cómo ejercen sus representantes el mandato que reciben mediante el voto ciudadano.
Esta es una práctica general en las naciones con sistemas democráticos consolidados, puesto que la democracia representativa tiene como fundamento principal el control ciudadano sobre el ejercicio del poder que realizan las autoridades que ellos elijan y la posibilidad de premiar mediante el voto en los comicios siguientes a los candidatos que hubieran sido consecuentes con las posiciones que esgrimieron cuando se postularon a determinado cargo, o de castigar a quienes hubieran traicionado la confianza ciudadana apoyando posiciones contrarias a los principios, valores e intereses de sus votantes.
Este registro del voto debe permitir además un recuento histórico de las actuaciones de los representantes nacionales. Cuando un candidato se postule a un cargo legislativo el ciudadano debiera poder conocer cómo votó en sus cargos anteriores, incluidos los distintos niveles de instancias parlamentarias como los concejos municipales y las asambleas legislativas departamentales.
Esta práctica, la del registro individual del voto parlamentario, tendría además la inmensa ventaja de garantizar la redición de cuentas de los representantes hacía los ciudadanos y limitaría los abusos que cometen algunos legisladores, al votar por leyes y/o resoluciones que contrarían aquellas posiciones con las cuales fueron electos o gracias a las que llegaron a recibir el apoyo de los votantes para ocupar determinada representación parlamentaria.
Obviamente, si no se ha hecho esto, en casi doscientos años de vida republicana, a pesar de que siempre existió la posibilidad, e incluso en las Cámaras existen los equipos tecnológicos para ello, es porque vuelve más difícil las operaciones políticas que llevan a construir mayorías parlamentarias cruzando líneas ideológicas y partidarias. En la medida que se publicita la forma de voto de cada parlamentario, estos tendrían mayores dificultades de explicar antes la ciudadanía, o por lo menos, frente a los departamentos, regiones y sectores que representan, porqué votaron de determinada forma, lo que podría hacer más difícil las negociaciones de los operadores políticos.
Es verdad que la gobernabilidad oficialista se dificultaría, pero lo que se perdería en margen de maniobras políticas se lo ganaría en legitimidad democrática de las principales instituciones del Estado.
Una reciente encuesta sobre la polarización política de Bolivia encontró que más de dos tercios de los ciudadanos no creen que los partidos políticos, los movimientos sociales, las plataformas ciudadanas y los sindicatos sean importantes para el futuro del país, lo que plantea una graves crisis de representatividad que puede llevar a conflictos permanentes entre el estado y la sociedad civil, con el riesgo inherente de inestabilidad y confrontación.
Consecuentemente, el país debe debatir y afrontar reformas institucionales que permitan reconstruir la institucionalidad democrática y la legitimidad estatal. Registrar y publicitar el voto individual de los parlamentarios es, sin lugar a duda, una de ellas.
